La aplicación de la Ley de Extinción de Dominio estaría afectando gravemente a los pescadores industriales del país, quienes temen por su futuro laboral en la segunda temporada de pesca de anchoveta, según el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú (SUPNEP).
Franklin Gonzales, secretario general del SUPNEP, asegura que esta normativa, diseñada para combatir actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico ilegal de especies protegidas, está siendo malinterpretada y utilizada para criminalizar a los pescadores, lo que podría llevar a más de 15.000 trabajadores a enfrentar penas de cárcel y perder sus empleos.
En lo que va del año, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación han iniciado procesos administrativos contra las embarcaciones Kiana de Austral Group y Marina B de Hayduk, las cuales fueron incautadas y están en proceso de devolución. Además, se han abierto procesos penales contra la tripulación de estas empresas, lo que ha generado preocupación en el sector pesquero.
El dirigente del SUPNEP argumenta que las autoridades están tergiversando el propósito de la ley, que debería enfocarse en organizaciones criminales y no en trabajadores que cumplen con su labor.
El secretario general del SUPNEP también señaló que, aunque en ocasiones se capturan especies no permitidas o de tallas menores, esto no se hace intencionalmente, sino que es una consecuencia de la falta de tecnología adecuada para seleccionar las capturas. Gonzales enfatizó que catalogar a los pescadores como una organización criminal es injusto y perjudicial para el sector.
“Nos están catalogando como organización criminal solo por cumplir con nuestra labor. Si bien es cierto en las redes de cerco puede ser capturada una especie distinta a la permitida o en tallas menores sin sobrepasar el límite permitido; no lo hacemos adrede sino porque aún no hay la tecnología para seleccionar las capturas que realizamos”, aseguró.
Austral Group: pescadores exigen reposición de barco incautado
La tripulación de la embarcación Kiana, perteneciente a Austral Group, se manifestó frente a la sede del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). Los pescadores exigieron la devolución de su embarcación, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juez José Cáceres Haro del Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio.
Esta situación refleja la creciente preocupación entre los pescadores industriales del país, quienes temen por su futuro laboral debido a la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, según informó el SUPNEP.
Los pescadores temen que sus medios de subsistencia se vean comprometidos, especialmente en la segunda temporada de pesca de anchoveta, una de las más importantes para la economía pesquera del país. La protesta frente a PRONABI es un reflejo de esta preocupación, ya que los trabajadores buscan asegurar la continuidad de sus actividades laborales.
¿Qué es la extinción de dominio?
La extinción de dominio es una herramienta en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Este mecanismo permite al Estado tomar posesión de bienes vinculados a actividades ilícitas, sin ofrecer compensación alguna a los propietarios afectados, según lo estipulado en el Decreto Legislativo 1373.
Esta medida se implementa tras un proceso judicial que respeta el debido proceso, asegurando que los bienes que son objeto, instrumento o resultado de actividades ilegales pasen a manos del Estado.
De esta manera, el concepto de extinción de dominio se centra en la transferencia de la titularidad de bienes que han sido utilizados o adquiridos a través de actividades ilícitas.
La extinción no solo busca despojar a los delincuentes de sus recursos, sino también prevenir futuros delitos al desmantelar las estructuras financieras que los sostienen. Al no requerir indemnización, se elimina cualquier incentivo para los involucrados en actividades ilegales.
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