Tras promulgarse la ley que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal, el cual modifica el artículo 105 del Código Penal, Infobae Perú consultó con los abogados William Oblitas y Hugo Mendoza respecto a los pros y contras de esta norma que salvaría a las organizaciones políticas involucradas en presuntos delitos de corrupción y organización criminal.
Al respecto, el Oblitas Villalobos señaló que era innegable que existía un vacío de regulación respecto a la posibilidad criminal que se pueda realizar dentro de los partidos políticos, el cual sirvió para que determinados fiscales criminalicen dicha vértebra sistemática de la democracia. “Sin embargo, esta ley aprobada por el Congreso de la República no ha tenido un debate mesurado y se ha ido a otro extremo, porque estimula que determinadas personas puedan crear un partido y el mismo pueda servir para la impunidad de sus actos”.
Agregó que algunos partidos políticos han ido cayendo en la informalidad de la rendición de cuentas y hasta en presuntos actos que podrían ser juzgados como delictivos. No obstante, consideró que se han encontrado con fiscales que no son objetivos y que han tenido una actitud “policiaca o ultrapunitiva”, cayendo en el mundo de la sospecha, donde incluso sus acciones ha sido acusadas de tener fines políticos.
“Si bien esa actitud de la Fiscalía fue negativa, ahora esta norma cae en el defecto de brindar un manto de impunidad a cualquier acto ilícito dentro de una organización; eso se agrava si actualmente es tan fácil crear, hacer que mediante un organismo se cometa una ilegalidad y, posteriormente, disolver el partido político; sin posibilidad de sanción o de determinación de responsabilidad”, acotó el letrado.
Desde la óptica del abogado Oblitas, en la ley aprobada se debieron colocar excepciones a la exclusión de responsabilidad penal de los partidos políticos. Por ejemplo, cuando su junta directiva haya sido condenada previamente por el delito de organización criminal, o cuando el motivo de su origen no haya sido el promover la representación, sino la comisión de ilicitudes previamente demostrada por el Jurado Nacional de Elecciones.
Por su parte, el penalista Hugo Mendoza señaló que la decisión del Congreso se basa en que, al existir una democracia representativa, esta solo se puede ejercer a través de los partidos políticos, por lo que, al criminalizar a los mismos se estaría socavando la democracia.
“¿Hasta qué punto esto es cierto? Es verdad que los partidos políticos desempeñan un papel importante en nuestro sistema; sin embargo, ello no excluye de manera automática que no puedan ser instrumentalizados para cometer delitos o peor aún que se creen partidos políticos con el único fin de cometer delitos como el de lavado de activos, corrupción de funcionarios, entre otros”, indicó el CEO el estudio Mendoza Malpartida.
En esa línea, dijo que en los últimos años se ha visto que diversos partidos políticos han estado involucrados en presuntos delitos, por lo que es importante que se esclarezca por la justicia si es son culpables o no, porque son organizaciones que tienen un rol preponderante en la democracia y la sociedad.
“La decisión adoptada por el Congreso para excluir la responsabilidad penal de los partidos políticos no ha sido la más atinada, dado que, se estaría creando espacios de impunidad. Sumado a que actualmente diversos partidos políticos vienen siendo investigados y juzgados, la decisión del Congreso se deslegitima más porque parecería que emitieron una ley con nombre propio”, sentenció el abogado.
¿Cuáles son los partidos que se verían beneficiados?
Los partidos que se verían beneficiados incluyen a Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, actualmente investigada por la Fiscalía de la Nación por presunto lavado de activos en relación con las elecciones generales de 2021.
Perú Libre, otro de los partidos con presencia en el Parlamento, enfrenta investigaciones por presunto financiamiento ilícito vinculado al caso “Los Dinámicos del Centro” durante la misma campaña electoral.
Podemos Perú también está bajo la lupa por una posible inscripción irregular ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Su líder, José Luna Gálvez, se encuentra investigado por presunta falsificación de firmas y documentos.
Renovación Popular, por su parte, enfrenta cargos por presunta asociación ilícita y lavado de activos relacionado con el caso Lava Jato.
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