El grupo religioso peruano Sodalicio de Vida Cristiana, fundado en 1971 y reconocido oficialmente por el papa Juan Pablo II, está a punto de ser disuelto por el Vaticano a raíz del escándalo de abusos sexuales, psicológicos y físicos, y de expropiación de terrenos a comuneros, según un informe difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece, que cita fuentes eclesiásticas.
Las denuncias comenzaron a salir a la luz con mayor fuerza en 2010 y se consolidaron en 2015 con la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados” de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes documentaron testimonios de los sobrevivientes, exmiembros de la organización.
Logró expandirse de Perú hacia Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos e Italia y, a la fecha, la denominada ‘familia sodálite’ reúne a más de 20.000 individuos distribuidos en 25 países. Desde 1997, el grupo cuenta con reconocimiento dentro del derecho canónico, otorgado durante el pontificado de Juan Pablo II.
“Mitad monjes, mitad soldados” recopila 30 testimonios de abusos ocurridos a lo largo de casi 30 años. Las víctimas, que prefirieron el anonimato, acusan al fundador del movimiento, el laico Luis Fernando Figari Rodrigo, y a otros líderes de la organización.
Dentro de estos testimonios, cinco describen episodios de abusos sexuales, y en tres de ellos se identifica a Figari como el perpetrador. Tres de los casos se presentaron en 2011 ante el Vaticano, con lo cual inició una investigación que llevó a la intervención de la sociedad en 2017.
A nivel judicial, la Fiscalía abrió una pesquisa que se ha enfrentado a obstáculos como la prescripción de los delitos. Sin embargo, la presión pública y de las víctimas continúa, buscando justicia y reparación. Pero hay más. Uno de sus miembros, el arzobispo renunciante José Antonio Eguren, se encuentra vinculado a “mafias dedicadas al tráfico de terrenos, saqueo de comunidades y denuncias de contabilidad paralela en la arquidiócesis de Piura”, dijo una fuente al semanario.
Tráfico de terrenos
Los comuneros de Piura, que llevan años denunciando a Eguren, están convencidos de que la información que aportaron a la comisión vaticana que llegó el año pasado al Perú fue determinante para la dimisión del religioso. Hildebrandt en sus trece confirmó que fue obligado a renunciar a raíz de esos hallazgos.
El dirigente de la comunidad campesina de San Juan Bautista de Catacaos, Marcelino Ynga, y otros seis comuneros se reunieron con la misión y les relataron que desde el 2011 son hostigados por un grupo de inmobiliarias vinculadas al Sodalicio. Según su versión, “esta mafia” fue apropiándose ilegalmente de tierras hasta hacerse con más de 10 mil hectáreas.
El modus operandi, dijeron, incluía matones a sueldo y falsificación de documentos. Cuando se enteraron de que la maraña de empresas que los acechaba estaba vinculada al grupo religioso acudieron al arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, para que hiciera las veces de intermediario.
Unos 30 campesinos fueron acusados de usurpación, hurto agravado e incluso terrorismo mientras defendían sus tierras. Las causas fueron archivadas en 2022, confirmó a The Associated Press el abogado de los comuneros, Carlos Rodríguez. En la víspera, el papa Francisco envió un mensaje de apoyo a los denunciantes y le pidió luchar por sus tierras.
“Yo sé lo que les pasó a ustedes. Defiendan la tierra, no se la dejen robar. Gracias por lo que hacen. Desde aquí, rezo por ustedes y estoy cercano. Con gusto les doy mi bendición, sé lo que están pasando”, les dijo el pontífice en un mensaje grabado desde su residencia en Santa Marta en el Vaticano.
La defensa de los campesinos consideró que esta declaración supone “una reparación y el reconocimiento” a la lucha de la comunidad, que ha solicitado al Vaticano, además de una reparación económica, “la desaparición” del Sodalicio y el reconocimiento de que no son delincuentes, sino defensores de sus tierras. La conquista está cada vez más cerca.
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