El rechazo al proyecto que plantea la adopción desde el vientre y obliga a las niñas víctimas de violación a ser madres

En medio del último remezón político en Palacio de Gobierno por los relojes de lujo no declarados de la presidenta Dina Boluarte, la legisladora Milagros Jáuregui (Renovación Popular) presentó esta semana una iniciativa de ley “que autoriza la adopción desde el vientre en casos de embarazos no planeados”, pone una traba al aborto terapéutico —legal en el Perú desde 1924— y obliga, en rigor, a que las niñas sean madres.

Jáuregui, una pastora de la iglesia ‘La Casa del Padre’, se opone al enfoque de género y difunde desinformación sobre la interrupción terapéutica del embarazo preside desde agosto de 2023 de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, un grupo parlamentario encargado de impulsar “políticas públicas que aceleran la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y población vulnerable”.

Su ejercicio legislativo y posturas antiderechos, sin embargo, deslizan una contradicción para el cargo: la misma semana en que asumió, por ejemplo, desestimó un dictamen de Naciones Unidas contra el Estado peruano y rechazó que ‘Mila’, una niña víctima de violación, haya accedido al aborto terapéutico ante el riesgo mortal al que la exponía ese embarazo.

La parlamentaria fue también autora de un proyecto que propuso modificar el Código Civil para señalar que la vida humana empieza desde la concepción, que fue finalmente observado por el Ejecutivo. Ahora ha vuelto con una nueva propuesta que, según activistas y organizaciones feministas, “solo perpetúa la violencia contra mujeres y niñas, no protege su autonomía, y las obliga a continuar con embarazos forzados”.

“Este proyecto es de espanto. Niega que las niñas y adolescentes son víctimas de violencia y, en su nivel más extremo producto de esa violencia, son obligadas a asumir una maternidad que nunca quisieron. ¿Qué significa dar en adopción desde el niño por nacer? Que nunca tenga opción al aborto terapéutico, así de claro. Busca perpetuar embarazos forzados en niñas, afectando su libre desarrollo y proyecto de vida”, anotó la diputada Ruth Luque, exintegrante de la Comisión de la Mujer.

La iniciativa de Jáuregui plantea, en rigor, modificar el artículo 126 del Decreto Legislativo 1297 para establecer que “excepcionalmente, se puede dar inicio al procedimiento de adopción de un niño por nacer, a solicitud de la madre, cuyo procedimiento se inicia únicamente a través del Ministerio de la Mujer” y, mediante vía notarial, sin que haya trato directo entre la gestante y los adoptantes.

En el pasado, el burgomaestre ha dicho sentirse orgulloso de que Perú sea casi el último país de la región en el que existe un fuerte movimiento contrario a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, fue muy sonado cuando, en una aparición televisiva, propuso enviar a un hotel de cinco estrellas a las menores que sufran violencia sexual.

“Lo más importante es el acompañamiento en el cerebro, una niña violada no tiene toda la capacidad de decidir, la familia decide si la criatura cuando nace se quedan con el niño o no. No matemos a nadie, ya bastante crimen hay, una violación es un crimen fatal, pero que un crimen no lleve a otro”, dijo cuando fue candidato presidencial.

Jáuregui ha materializado esa postura en un proyecto legislativo que dispone, además, que solo se puede iniciar la adopción cuando haya sido consentida libre e informadamente por los padres.

“Esta iniciativa no es nueva, pues se aplica en países de América y Europa [...] Se constituye en una mejor propuesta que las cunas salvadoras, ya que estas últimas solo pueden ser utilizadas cuando culmina el embarazo, mientras que la adopción desde el vientre puede iniciarse desde que la madre toma conocimiento de su estado de gestación”, mencionó la diputada.

Su iniciativa, sin embargo, no hace ni una sola mención a la situación de las niñas y adolescentes víctimas de violación, que solo en el 2023 sumaron 18 mil 339, según cifras oficiales. En julio pasado, un dictamen de la ONU señaló que el Estado peruano debe despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil y asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para las niñas gestantes, “en particular en los casos de riesgo a la vida y la salud de la madre, violación o incesto”.

Aunque es legal en el país desde hace casi un siglo, la brecha para acceder al aborto terapéutico todavía no logra cerrarse debido, entre otras causas, al estigma, la desinformación, las creencias religiosas, la oferta restrictiva y, hasta 2014, la falta de un protocolo unificado. De hecho, Perú ha sido el único país de Latinoamérica sancionado tres veces por negar el procedimiento a menores en riesgo mortal.

“Lejos de rechazar los embarazos forzados, esta iniciativa genera más barreras a la autonomía de las mujeres y su derecho a decidir. En lo que va del 2024, por lo menos 107 niñas y adolescentes menores de 14 años han sido obligadas a enfrentar maternidades forzadas”, puntualizó el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

“No dudo que el proyecto de ley de adopción desde el vientre materno busque limitar la realización del aborto terapéutico y dar un mensaje simbólico frente a los otros abortos (que no funcionará). Tampoco dudo que para hacerlo no leyeron el marco jurídico y político de la adopción y derechos de la niñez”, remarcó a Infobae Perú, por su parte, la abogada Jeannette Llaja, especializada en género.