Tras el reportaje emitido el último domingo por Punto Final en Latina, que sugiere una relación entre el congresista Eduardo Salhuana Cavides y operaciones de mineros informales en Madre de Dios, algunas organizaciones en defensa de la Amazonía han comenzado a pronunciarse para exigir se inicie una investigación exhaustiva contra el parlamentario de la bancada Alianza para el Progreso (APP).
Entre ellas está el Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad (OMI), respaldado por diversas organizaciones de la sociedad civil.
Como se recuerda, el informe periodístico detalla cómo Salhuana Cavides, previo a su función como congresista, podría haberse desempeñado como asesor de mineros informales. Además, al ocupar su cargo público, su asesora, Saby Meza, habría continuado dichos vínculos.
El OMI, junto a César Ipenza, conocido abogado en material ambiental y su vocero legal, han criticado fuertemente las acciones legislativas emprendidas por Salhuana que, según ellos, dificultan la lucha contra la minería ilegal y atentan contra la sostenibilidad de los bosques amazónicos, áreas protegidas y pueblos indígenas.
Los polémicos proyectos de ley de Salhuana
En concreto, el presidente de la comisión de Transportes y Comunicaciones y único representante de Madre de Dios, Eduardo Salhuana, ha presentado cinco propuestas legislativas que buscan modificar las acciones para frenar la minería ilegal, flexibilizar la gestión de bosques y aumentar el desarrollo vial en áreas naturales protegidas.
Entre estas propuestas, destaca el Proyecto de Ley 07287-2023-CR que intentaba detener la minería ilegal, pero, sin previo análisis de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, fue eliminado con la derogación del Decreto Legislativo 1607, el 13 de marzo.
Asimismo, figura el PL 2715/2021-CR que proponía limitar la capacidad de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, la Policía Nacional del Perú, y la Dirección General de Capitanías y Guardacosta (Dicapi) para intervenir en actividades de minería ilegal.
Adicionalmente, propuso la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a través del PL 0894-2022, que abriría paso al desarrollo de prácticas ilegales —como el tráfico de tierras—, afectaría los derechos de los pueblos indígenas, aumentaría la deforestación de los bosques Amazónicos, entre otros efectos.
También, impulsó el PL 04587/2022 que permitiría a los Gobiernos regionales autorizar la explotación de bosques, simplificando así el tráfico de madera.
Y, finalmente, planteó el PL 6259/2023 que propone la declaración de interés nacional para la construcción de tres obras viales en Madre de Dios, incluyendo una carretera de casi 96 kilómetros que afectaría directamente los distritos de Fizcarrald y Madre de Dios.
Pues, la vía pasaría cerca de áreas de gran valor ecológico como el Parque Nacional del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri, y la Reserva Territorial Madre de Dios.
La iniciativa genera preocupación debido a su potencial impacto en estas zonas, que son de alta importancia para la conservación de la biodiversidad y que podrían facilitar actividades de minería ilegal, siendo esta última una de las principales causas de la deforestación en la región amazónica.
Exigen al Congreso tomar cartas en el asunto
El abogado César Ipenza ha instado a distintas autoridades, incluyendo la Comisión de Ética del Congreso de la República, el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), y a César Acuña, líder del partido Alianza Para el Progreso, a tomar cartas en el asunto.
Asimismo, el OMI ha recalcado la importancia de iniciar acciones inmediatas frente al actuar del congresista Salhuana Cavides sobre la minería ilegal y la protección del medio ambiente en el país.
Esto debido a que se estaría comprometiendo el derecho a disfrutar de un entorno adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
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