Alejandro Soto se enfrenta a fiscal Delia Espinoza y califica de ‘intromisión’ eventual allanamiento: “No lo permitiré”

El titular del Congreso mencionó que garantizará la seguridad de las instalaciones ante las posibles diligencias que se realizarán en la institución y en los domicilios de los legisladores

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Presidente del Legislativo envió advertencia
Presidente del Legislativo envió advertencia a la Fiscalía. | Fotocomposición: Infobae / Andina / Congreso

El presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), no tuvo reparos en caer en una especie de entorpecimiento y obstrucción a la justicia al asegurar que no permitirá el correcto desarrollo de diligencias que alcanzan a distintos parlamentarios.

A través de X (antes Twitter), el apepista se pronunció sobre eventuales allanamientos a legisladores y adelantó que no aceptará una “intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado”. “Como presidente, garantizaré la seguridad de las instalaciones”, agregó.

Publicación del titular del Legislativo.
Publicación del titular del Legislativo. | X

Ello, en respuesta a una publicación del parlamentario Edgar Tello, quien sostuvo que las diligencias mencionadas se darán “en las próximas semanas, motivado aparentemente por la fiscal Delia Espinoza”.

“Su único objetivo es amedrentar a los congresistas que firmamos por su inhabilitación por 10 años al cometer una infracción constitucional abusando de su cargo. Siempre he estado y seguiré a disposición a cualquier investigación contra mi persona, pero no se puede permitir politizar la justicia haciendo show mediático”, escribió.

Congresistas investigados, entre ellos Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay e Ilich López, denunciaron a la fiscal suprema por incluirlos en el caso que se sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal.

De acuerdo a los legisladores, al incluirlos, Delia Espinoza habría incurrido en la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, así como supuestamente haber vulnerado la Constitución Política, ya que dicha facultad es solo del fiscal de la Nación. Por ello, piden que se le levante el antejuicio político y se le inhabilite 10 años de la función pública.

Fiscales Supremos respaldan a Delia Espinoza

A través de un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos de Perú se pronunció en respaldo a la fiscal Delia Espinoza e indicó que la denuncia en su contra “carece de sustento jurídico y fáctico”.

Al respecto, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, remarcó que derivó la potestad de la investigación y denuncia contra la exfiscal de la Nación a Espinoza, quien “actúa con las mismas facultades de la Fiscalía de la Nación en el respectivo caso”.

“Habiendo iniciado las investigaciones, desde el 8 de enero de 2024 se han desarrollado más de un centenar de diligencias a la fecha, producto de las cuales, se ha determinado la incorporación de 14 congresistas de la República por presuntos delitos de corrupción de funcionarios”, agregaron.

Pronunciamiento de la Junta de
Pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos

En la misiva publicada en las redes oficiales del Ministerio Público se destacó que la fiscal suprema titular Della Milagros Espinoza Valenzuela expresa su estricto respeto a la Constitución y a las leyes, así como a las disposiciones emitidas por el Fiscal de la Nación (i) siendo, en ese contexto, que asumió la derivación de las investigaciones mencionadas para cumplir con sus funciones y atribuciones, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás leyes conexas”,

“Se hace constar que el cuestionamiento a la competencia de la fiscal suprema titular Delia Milagros Espinoza Valenzuela -a la fecha- se encuentra pendiente de pronunciamiento judicial (tutela de derechos, promovida por los abogados de la ex Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas) por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de justicia de la República. En tal sentido, ninguna autoridad puede avocarse a causa pendiente de resolver por la judicatura”, sentenciaron.

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