Congresista de Somos Perú tiene como asesor a expolicía que es procesado por la muerte de un ciclista

Un nuevo escándalo salpica al Congreso de la República. Ahora se ha conocido que un parlamentario de la bancada de Somos Perú tiene entre sus trabajadores de su despacho a un sujeto que viene siendo procesado por el Poder Judicial por la muerte de un ciclista en Huacho. Se trata de Alfredo Azurín.

Según ATV Noticias, Azurín tiene en su planilla a Óscar Zapo, quien tiene el cargo de técnico. No obstante, lo cuestionable de él es que afronta un juicio oral por ser el presunto responsable del homicidio de Henri Fuentes Carmen el 13 de junio del 2020.

En el parte elaborado por la Policía Nacional del Perú (PNP) se lee que Zapo fue intervenido porque cuando se trasladaba en su auto, en el sentido de norte a sur en la nueva Panamericana, provocó un accidente de tránsito que le costó la vida a Fuentes, quien circulaba con su bicicleta.

A raíz de este caso, el trabajador del congresista Azurín fue llevado a la comisaría de Huacho a fin de que se inicien las investigaciones. Dicha etapa ya pasó y ahora se encuentra en juicio: Zapo ha sido citado por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal para el próximo 5 de junio a fin de que se presente en la audiencia por el delito que cometió que es homicidio culposo.

Expulsado de la PNP

Sin embargo, este grave hecho no solo es el único en el caso de Óscar Zapo. Y es que este expolicía también habría sido expulsado de su institución.

ATV Noticias también presentó que esta persona acudió al Tribunal Constitucional para interponer un recurso de agravio constitucional contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró infundado su demanda de amparo que pretendía anular su salida de la PNP.

Zapo solicitó este recurso contra el director de educación y doctrina policial y la Escuela Técnica Superior de Santa Lucía de la PNP que decidió expulsarlo basándose en el artículo 32, inciso 17, del Decreto Legislativo 1151 o también conocido como Ley del Régimen Educativo de la PNP.

Se alegó que el trabajador del congresista Alfredo Azurín acudió al citado centro de formación policial con “aliento alcohólico o signos de ebriedad” en noviembre del 2013. Sin embargo, su pedido no fue aceptado.

Cuestionado

Hay que recordar que este sería un nuevo escándalo para el congresista Alfredo Azurín. En enero se reveló que el jefe de Seguridad del Congreso de la República, Nemecio Darío Hurtado, solicitó a la Comisión de Ética iniciar una investigación sumaria por una presunta falta cometida por el integrante de Somos Perú.

En el documento al que accedió Infobae Perú, el funcionario califica la acusación del parlamentario como “calumniosa y difamatoria” y exige las pesquisas del caso “en vista de la denuncia presentada con el único fin de exigir mi retiro del cargo, desconociendo que toda persona tiene derecho al debido proceso en defensa de su honorabilidad y prestigio”.

“El señor aprovecha de su condición para usar las redes sociales, mientras que yo, como agraviado, mantengo la reserva del tema para no dañar la imagen del Congreso, esperando que su despacho pueda realizar una investigación sumaria para evitar que otros legisladores que tampoco conocen los detalles del hecho, adelanten opiniones basadas en una información que no es fidedigna. Me pongo a su disposición para los fines consiguientes y solicitó que todas las personas participantes sean llamadas para atestiguar”, expuso en la misiva.

En el documento también mencionó que, durante el incidente, el congresista Azurín se habría ufanado de “haber influenciado directamente para que dieran de baja al coronel de la PNP Alejandro Andonaire Hernández, con quien anteriormente habría tenido discrepancias con respecto al servicio policial, demostrando con ello el mal empleo de su poder político”.