Intervención de las Fuerzas Armadas a la zona minera de Pataz continúa siendo evaluado por el Ejecutivo

En respuesta a la masacre en la mina de La Libertad, que dejó como saldo la muerte de 9 trabajadores, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, anunció la posibilidad de desplegar fuerzas armadas en la zona de Pataz, La Libertad, donde ya se ha incrementado la presencia policial con 60 efectivos adicionales. Este lunes, 4 de diciembre, durante la sesión del Consejo de Ministros, debía decidirse enviar la intervención militar al lugar. Sin embargo, el Ejecutivo anunció seguir en evaluación.

“De acuerdo a las informaciones del ministro del Interior (Víctor Torres Falcón) y el señor comandante general de la policía (Jorge Angulo Tejada), se llevará a cabo una evaluación para ver la participación de las fuerzas armadas en apoyo para lucha e intervención contra la minera ilegal”, señaló por la tarde el titular de Defensa.

Las coordinaciones se darán luego que ambas autoridades regresen a Lima, pues habían sido enviados a Pataz. Chávez Cresta también dijo que de aprobarse la intervención militar, no solo sería para resguardar, Pataz sino todas las zonas donde se desarrolla la actividad ilícita.

El ataque suscitado el último 2 de diciembre pone en relieve la creciente tensión en la región, pues los delincuentes, aún no identificados, secuestraron y luego asesinaron con explosivos. La Policía ha detenido a siete sospechosos, pertenecientes a la banda criminal ‘La gota del norte’, dedicada a la minería ilegal, extorsión y sicariato.

Acuña pide fuerzas armadas para La Libertad

El gobernador regional César Acuña Peralta ha solicitado el cumplimiento efectivo del estado de emergencia en Pataz tras un ataque en un socavón de la minera Poderosa, que resultó en nueve personas fallecidas y 15 heridas. En este contexto, Acuña ha pedido también la presencia del Ejército para enfrentar la situación de violencia en la zona.

La petición de Acuña Peralta surge como una respuesta inmediata al incidente, y ha sido dirigida al Consejo de Ministros, que deberá tomar medidas concretas al respecto en su próxima sesión. “Ni bien me informé (del caso), me comuniqué con el premier y le pedí que intervenga”, expresó el gobernador, evidenciando la urgencia de implementar medidas que trasciendan el papel y se materialicen en acciones sobre el terreno.

El gobernador ha reconocido abiertamente que el ataque es el reflejo de un enfrentamiento entre sectores formales e informales dentro de la industria minera, resaltando el impacto de los intereses económicos en la seguridad de la región. “Tenemos que aceptar que es un enfrentamiento entre los formales y los informales. Lamento mucho que por intereses económicos hoy veamos lo que ha pasado”, indicó Acuña, haciendo un llamado a una intervención integral que incluya a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el poder Ejecutivo y las autoridades regionales.

Pataz en emergencia

La provincia de Pataz en el departamento de La Libertad afronta semanas bajo estado de emergencia por presencia de bandas criminales. Aunque desde hace semana se prevé la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, existe confirmación de que el Ejército no realiza patrullajes en la localidad.

La mina Poderosa, notoria por ser la segunda productora de oro del país tras Yanacocha, se ha visto involucrada en un contexto marcado por una larga cadena de violencia en el ámbito de la minería formal e informal en la zona.

La minería formal en la Pataz de empresas como Poderosa, Horizonte y Retamas coexiste con una minería informal saturada por conflictos y caos. Esta área se ha sumado al creciente fenómeno donde la delincuencia organizada y grupos armados han empezado a infiltrarse e incluso intentan dominar la extracción informal de recursos como el oro y el carbón antracita.

Según reportes, no es inusual que los mineros informales contraten servicios criminales tanto para protegerse como para dirimir disputas sobre el control de territorios y concesiones mineras. Este patrón se ha observado en otras regiones del Perú, destacando la profundidad del problema de seguridad en torno a la actividad extractiva del oro.