Ministro de Dina Boluarte dice que renunciará a su inmunidad presidencial, pero medida no es posible

La presidenta Dina Boluarte continúa realizado una serie de acciones para negar sus responsabilidades respecto a la muerte de los 59 peruanos durante las protestas en contra de su Gobierno que se dieron durante diciembre del 2022, y enero y febrero del 2023. Luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, intentara usar este caso como una manera de quitar el reflector de sus acusaciones con una denuncia constitucional en contra de la mandataria, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció una nueva postura del Ejecutivo.

En declaraciones para Exitosa, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, intentó restar importancia a la investigación que pesa contra Boluarte Zegarra alegando que su inocencia es tal que la misma mandataria ha planteado “renunciar a su inmunidad presidencial” la cual le fue conferida en el marco del artículo N° 117 de la Constitución Política del Perú.

Según Arana, “la señora presidenta ha señalado con énfasis y con valentía también, que efectivamente a ella le protege la constitución para que no sea denunciada durante su mandato por ningún tipo de delito que no sea más que solamente el de traición de la patria; pero también nos ha señalado en Consejo de ministros y públicamente que ella renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia”.

En ese sentido, el titular del Minjusdh aseveró que, ante la denuncia constitucional planteada por Benavides contra Boluarte el último lunes ante el Congreso, existían una serie de factores que eran usados como estrategia de quitar la atención sobre sus imputaciones.

“Nos causó sorpresa la explicación de la señora presidenta, de que el día viernes había tomado conocimiento de que la propia fiscal de la Nación le había dicho: Esta investigación la vamos a partir y vamos a continuar con la investigación los próximos ocho meses que se habían prorrogado en el mes de octubre. Es decir, esta investigación tenía para rato”, detalló.

No obstante, y el hecho también fue advertido por Boluarte en su pronunciamiento, esta denuncia constitucional fue apurada. Ante ello, Arana consideró que la presidenta ha optado una posición valiente respecto a las imputaciones planteadas por la cuestionada Benavides Vargas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Ella no teme que efectivamente se demuestre y que se ratifique que ella no tiene ninguna responsabilidad penal en los hechos que ocurrieron”, aseveró el funcionario en un intento de brindar legitimidad a las acciones de la presidenta.

Arana incluso comenta que, sobre la decisión de que la investigación se extienda por 8 meses más, existía una notificación “real y objetiva”, la cual está en manos de su abogado.

Renunciar a la inmunidad presidencial no es posible

Pese a los intentos de Dina Boluarte y su ministro, Eduardo Arana, de quedar bien mediante el anuncio de una “renuncia a la inmunidad presidencial”, las consecuencias de este designio no son realizables bajo ningún concepto. Ello debido a que, mediante el artículo N° 117 de la Constitución Política, el cual solo establece la excepción a la atribución de inmunidad parlamentaria mediante una serie de delitos en específicos como lo es la traición a la patria.

La norma precisa que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134, y por impedir su reunión y funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Esto quiere decir que la facilidad de inmunidad es un derecho conferido al presidente de manera irrenunciable y al que Boluarte no puede dejar de lado con el simple hecho de decir “ya no lo quiero”. Esta misma estrategia fue usada por el expresidente Martín Vizcarra durante su gobierno cuando estalló la ola de críticas por presuntos hechos de corrupción en los que se encontraba implicado, el anuncio de una medida de este tipo, es considerado como un mero salido a la bandera.