
La presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, negó que haya existido presiones para aprobar el nuevo informe que recomienda la remoción del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presunta falta grave en el ejercicio de sus funciones. Reiteró que hubo un debate democrático y descartó que al “caballazo” se trate de destituir a la JNJ.
“No se trata de defender mi posición, porque soy la presidenta y se tiene que hacer lo que yo diga, se tiene que hacer lo que diga la presidencia. Entonces, hay que entender que no se hizo al caballazo la decisión final, sino la decisión la toma la mayoría del pleno de la comisión”, dijo la integrante de la bancada de Perú Libre a RPP.
La legisladora también mencionó que el documento que va contra la JNJ ya pasó a la Mesa Directiva, liderada por Alejandro Soto, que tendrá que agendar el tema para que se vea en alguna sesión del Pleno del Congreso.
“El informe final ya está en esta en la Mesa Directiva, ya se ha hecho entrega por parte de la comisión, ya queda en las manos de ellos. Ellos tendrán que agendarlo efectivamente y verán la mejor manera que crean conveniente de poder agendarlo y poder debatirlo”, refirió.

Rivas anotó también que “ya escapa de la responsabilidad de la Comisión de Justicia” cuando se debata el informe final de la investigación sumaria contra la JNJ. Hay que precisar que hoy habrá sesión en el hemiciclo parlamentario, pero hasta el momento no se sabe si se hablará sobre la remoción de los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
La parlamentaria anotó que respeta la posición de entidades internacionales —como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos—que mostraron su preocupación por esta intención del Legislativo de descabezar a la JNJ.
Cambio de informe
Ayer se dio a conocer el nuevo informe de la investigación sumaria contra la JNJ. En el documento, al que Infobae Perú tuvo acceso en exclusiva, se da cuenta que los miembros de la Comisión de Justicia encontraron tres presuntas faltas graves.
En primer lugar se concluye que los integrantes de la JNJ “no cumplieron con su deber de imparcialidad” al sacar un pronunciamiento en relación al caso de la inhabilitada exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Seguidamente, se halló que la JNJ incumplió el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política del Perú que está referido a la edad legal para ser miembro de esta entidad. “Según la exposición de motivos de la ley de reforma constitucional de dicho artículo, la interpretación de dicha disposición se refería a una edad para la permanencia en el cargo y no solo como requisito para postular”, se menciona.
Finalmente, consideraron en el informe final que la JNJ no cumplieron con su deber constitucional y su propia ley orgánica de presentar un informe anual al Pleno del Congreso de manera oportuna desde el 2020.
No consideraron la presunta presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y la filtración de información de los casos de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al portal IDL Reporteros como faltas graves.
Cabe precisar que este documento salió a raíz de los cuestionamientos de congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Avanza País y Acción Popular hicieron contra la primera versión que concluía que no había ninguna falta grave para separar a los miembros de la JNJ. De esa manera se desestimaba las imputaciones que la legisladora Patricia Chirinos apuntó.
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