El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado a inicios de mayo, no consigna que el país haya registrado “500 manifestaciones violentas [...] que pretendieron soliviantar el estado constitucional”, como mencionó el martes el premier Alberto Otárola durante la convención minera Perumin 36, que se celebra en Arequipa.
Durante su intervención, el jefe de gabinete señaló que la administración de Dina Boluarte no permitirá “que el país caiga en el caos, el desorden y la inseguridad” y, tras citar al organismo internacional, refirió que fueron controladas medio millar de protestas “violentas” durante este período por el que la presidenta enfrenta una investigación fiscal.
La cifra mencionada, sin embargo, no aparece en el informe de la CIDH, que contabilizó, con base en un registro de la Defensoría del Pueblo, 477 protestas, incluidas 323 movilizaciones, 80 paralizaciones, 68 concentraciones y plantones y 6 vigilias, según un chequeo realizado por Epicentro TV.
“Adicionalmente, la entidad reportó 45 marchas por la paz y, al menos, 68 hechos de violencia. En este periodo, 57 personas perdieron la vida en el contexto de la conflictividad social, entre ellos dos bebés que no pudieron ser atendidos en centros asistenciales por los bloqueos de carreteras; 8 adolescentes; y un agente policial cuyo cuerpo, según la información recibida, apareció quemado”, se lee en el documento.
El informe defensorial titulado “Crisis política y protesta social” menciona, por su parte, que entre 7 de diciembre de 2022 y febrero de este año hubo 153 hechos de violencia, 19 toma de instalaciones, 79 hechos de destrucción o daño a la propiedad pública o privada y 55 enfrentamientos con las fuerzas del orden. Tampoco hay un acercamiento con lo dicho por el premier.
El organismo se refirió también a los sucesos de Juliaca, donde 17 manifestantes murieron en enfrentamientos con la Policía. “En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas”, aseguró el organismo en su informe.
“Las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas en este informe deben ser investigadas inteligentemente por fiscales especializados en derechos humanos. Además, lo sucedido debe ser juzgado por jueces independientes, competentes e imparciales, dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso”, apuntó entonces su presidenta, Margarette May Macaulay.
El mimo Otárola desestimó el documento que citaría cuatro meses después en la convención minera. “No parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la CIDH concluya que hubo graves episodios de uso de la fuerza tan solo con una entrevista y dos visitas al Perú”, dijo.
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