La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acogió la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otorgó medidas provisionales de protección para el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, y su entorno familiar.
La resolución, adoptada en San José de Costa Rica, fue contemplada el 4 de septiembre, pero se hizo pública recién este lunes, una semana después. En rigor, el tribunal requirió al Estado peruano que “continúe con la investigación de los actos de hostigamiento y amenazas” e informe trimestralmente sobre la aplicación del “esquema de seguridad que velará por la vida e integridad” de los beneficiarios.
En su petitorio de julio pasado, la CIDH consideró que las iniciativas del Estado peruano “no han sido suficientes para la mitigación de los elementos generadores de riesgo y, por tanto, los derechos” del juez supremo “se encuentran en una situación de riesgo extremo”.
“Del mismo modo, se encuentran en riesgo las personas integrantes de su núcleo familiar, en tanto pueden ser objeto de represalias por su vinculación familiar. Con base en ello, [...] la CIDH solicita a la Corte IDH que otorgue medidas provisionales y ordene al Estado del Perú proteger a las personas propuestas como beneficiarias”, remarcó el organismo, que otorgó medidas cautelares en 2021 y dos años después, advirtió que se habían agravado los hostigamientos, doxing, amenazas de muerte y denuncias constitucionales contra Salas.
Las medidas provisionales, emitidas en casos de extrema gravedad y urgencia, “tienen un carácter obligatorio para los Estados, por lo que las decisiones contenidas en ellas exigen adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo”.
El origen de la hostilidad hacia el JNE se remonta a 2021, cuando el entonces candidato presidencial y hoy exmandatario, Pedro Castillo, derrotó a la aspirante Keiko Fujimori por un estrecho margen.
Entonces, se desató una oleada de críticas de los fujimoristas contra el sistema electoral, al que acusaban sin pruebas de haber cometido un fraude en los comicios.
La Corte notó que “existen dos tipos de situaciones que han sido descritas como amenazas: (i) las menciones y mensajes difundidos por diversas personas en redes sociales y (ii) los actos de hostigamiento, llamadas telefónicas, manifestaciones, plantones y otro tipo de actos que habrían afectado la esfera privada del señor Salas Arenas y su núcleo”, sigue la resolución.
“Un sector del Congreso está atacando a la institucionalidad democrática, porque quieren someter a los jueces electorales al juzgamiento de los políticos (...) y los políticos lo que necesitan para tomar sus decisiones son votos”, declaró a la agencia internacional.
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