Dina Boluarte rehúye a responder si plan operativo de PNP ordenó tratar a manifestantes como terroristas de Sendero Luminoso

La presidenta Dina Boluarte rehuyó a responder este viernes a un informe difundido en Hildebrandt en sus trece, que reveló el plan operativo de las fuerzas de seguridad enviadas en enero pasado a Juliaca, donde se registró la jornada más sangrienta de protestas, con 18 muertes.

El semanario tuvo acceso a un programa elaborado por la Comandancia General de la Policía Nacional (PNP), y a cuatro órdenes de operaciones policiales, que dan cuenta de la operación emprendida para restablecer el orden interno en esta ciudad puneña.

Según la revista, los planes del Comando disponían que los policías repriman las protestas y se enfrenten a los manifestantes como si se tratara de miembros de la “OT/SL” (organización terrorista Sendero Luminoso) o de “delincuentes comunes” que organizaron al margen de la ley para desestabilizar el Gobierno.

En una rueda de prensa, Boluarte fue consultada dos veces al respecto por periodistas, aunque esquivó su réplica y, en cambio, mencionó la memoria de los fallecidos.

“Me quiero dirigir a toda la prensa, creo que es con sumo respeto que debemos mirar las investigaciones. Las especulaciones que algún medio haya dicho, creo que los deudos no se merecen”, señaló inicialmente a Willax.

Un acta del Consejo de Ministros del 12 de diciembre, que decantó en la aprobación de un Decreto Supremo firmado por Boluarte, Alberto Otárola (actual jefe de Gabinete), Pedro Angulo (expremier), César Cervantes (exministro del Interior) y José Tello (extitular de Justicia), evidencia que las fuerzas de seguridad actuaron en “estricto cumplimiento de una decisión de carácter político”, según Hildebrandt en sus trece.

Al día siguiente de la publicación del Decreto Supremo, diez civiles murieron en Ayacucho por enfrentamientos en exteriores del aeropuerto Alfredo Mendívil. Todos recibieron disparos de armas de fuego en órganos vitales.

En un informe presentado recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales”.

Wilson Barrantes, exgeneral en retiro y exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), dijo a la revista que intentó advertir a Boluarte y Angulo que una declaratoria de emergencia nacional debido a las manifestaciones “no era viable”, pero fue desatendido.

Boluarte, la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años, acudirá a la sede del Ministerio Público el próximo 6 de junio para responder “cada una de las preguntas de la fiscal” que la ha citado en la investigación por genocidio ante las muertes registradas entre diciembre y marzo pasado.

En caso de una acusación, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta 2026, cuando culmine su mandato, según fija la Constitución. En las protestas murieron 54 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados.

Algunas víctimas recibieron “impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo”, recalcó la CIDH.