Exigen mejoras a programa de asistencia para menores en orfandad tras el feminicidio de sus madres

A vísperas de las fiestas de fin de año del 2019, tres de los cuatro menores hijos de Jessica Tejeda fueron heridos de muerte por la pareja de su madre, el feminicida Juan Huaripata Rosales (28). Solo un pequeño de cuatro años sobrevivió tras escapar y pedir ayuda. Él vive con heridas físicas y psicológicas imborrables al presenciar la muerte de su progenitora y sus hermanitos. Uno de los hechos más dolorosos de este suceso fue que todo ocurrió a escasos metros de una comisaría y pese a los llamados de auxilio de vecinos, los agentes policiales llegaron horas después. Demasiado tarde.

Tarde también se dio el acceso a justicia para los padres y familiares de la víctima de feminicidio, pues la condena de cadena perpetua contra Huaripata se dictó recién tres años después de la masacre. A pesar de que él ya había confesado y existían suficientes pruebas.

Así como el menor sobreviviente, hay cientos de menores que viven el triste destino de ser testigos de los asesinatos de sus madres. Y aunque no todos pasan por dicho trauma, es seguro que la mayoría ha vivido y visto el historial de maltratos a los que fueron sometidas sus progenitoras antes de ser ultimadas con suma crueldad. Pasa el tiempo y la ayuda psicológica que reciben estos menores es insuficiente, pues el programa de soporte del Estado solo involucra la atención en instituciones de salud públicas, saturadas por la alta demanda de la población general.

Además, el grueso de las familias maternas o paternas que se hacen cargo de la tutela de los niños —pues los padres van a prisión o huyen de la justicia— necesitan un soporte económico que les permita sacar adelante a los menores. Por ello, desde el 2020, el Estado entrega una pensión bimensual de 600 soles por cada hijo o hija que pasó a la orfandad tras el feminicidio de sus madres; es decir, 300 soles al mes por menor, con un máximo de 1800 bimensuales por familia.

Esto fue aprobado por el Decreto de Urgencia Nº 005-2020 para regular y crear la base de datos de beneficiarios, que según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), desde el 2014 y hasta esa fecha, había identificado a casi 1000 hijos e hijas que podían ser beneficiarios del programa.

Un cambio de urgencia

El programa beneficia a un número grande de niños, niñas y adolescentes muy vulnerables, por lo que, desde el colectivo Familias Unidas por Justicia, Ni Una Asesinada Más piden modificatorias que consideran necesarias para poder atender con mayor eficacia a los hijos e hijas y estos no vean sus futuros truncados por la vivencia de un trauma tan grave.

En primer lugar, las familias solicitan que los beneficios sean regidos por un decreto supremo y no uno de emergencia, pues el primero les da una base legal más sólida, más seguridad, mientras que con el segundo hay inseguridades ante crisis políticas o cambios de gobierno, tal como sucede en el Perú en el último lustro.

Más apoyo para los niños y adolescentes

Actualmente, si bien la norma precisa que se debe asignar 600 soles bimensuales “por menor”, lo cierto es que si en una familia hay más de tres niños, el cuarto se queda sin subsidio económico, pues Estado no entrega más de 1800 soles cada dos meses. Lo cual es una contradicción.

“El monto máximo por transferencia bimestral que pueden recibir el total de personas beneficiarias por una misma víctima de feminicidio no puede exceder la suma de tres (3) asistencias económicas bimestrales. La existencia de más personas beneficiarias no incrementa el monto máximo bimestral establecido en el numeral anterior, el cual debe ser distribuido en partes iguales entre todas las personas beneficiarias”, precisa el reglamento de la norma en sus artículos 4.1 y 4.2.

Sandy Evangelista explica que si este monto ya era insuficiente en años anteriores, con la llegada de la crisis socioeconómica y el incremento del costo de la canasta básica, la situación es aún más grave.

“Necesitamos que se cambien varios artículos, por ejemplo, los que se refieren al tema de cuántas asistencias económicas se dan a las víctimas indirectas. Porque si la víctima dejó más de tres hijos o hay tres familiares dependientes con los hijos tienen que dividir las asistencias. Necesitamos que se incremente al menos a 720 soles bimestrales, que obviamente ya ayudaría bastante a las familias. La vida misma ha subido tremendamente, por lo que se necesita con urgencia que se reforme eso”, detalla la activista.

Otra demanda de las familias es que los niños, al acabar el colegio, puedan acceder a becas focalizadas para menores o jóvenes que han sufrido la pérdida de sus madres por feminicidio.

“Pedimos que al terminar sus estudios, (los menores) puedan acceder inmediatamente a una beca, como las víctimas del conflicto armado o el terrorismo, que les den la misma facilidad como a ellos, que por lo menos con un promedio menor y tienen más puntos. Esto para que puedan acceder con un poco más de facilidad a estas becas, y puedan continuar sus estudios, y no repitan estos violentos patrones, pues son más propensos a volver a repetir el patrón del feminicidio y la violencia”, indica Sandy.

Finalmente, detalla que a finales del año pasado les anunciaron la conformación de una mesa de trabajo del Ministerio de la Mujer para proponer estas modificatorias, pero con el ascenso del nuevo gobierno y el cambio en la cartera ya no fueron llamados a participar.

“La directora de Asistencia Económica, me comentó que ya estaban armando un proyecto para que pase al área legal del MIMP y sea revisado, porque ellos también tenían que sustentar. Se han considerado un par de puntos de lo que hemos dicho. No todos, la verdad que eso es preocupante. Dijeron que iban a presentarnos la propuesta cuando pasara por el área legal. La verdad que nos encantaría que ahorita nos la muestren, porque si van a hacer lo mismo, solamente lo único que van a hacer es cambiarla de decreto de urgencia a supremo, pero los marcos normativos y los reglamentativos no han cambiado. Entonces estamos hablando prácticamente de nada, van a seguir bajo desprotección los menores”, concluye Sandy, quien también ha vivido por el dolor de perder a una hermana por un feminicidio.