La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) aprobó un paquete de medidas urgentes tras una denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes que reveló presuntas irregularidades y abusos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, lo que también derivó en una investigación judicial abierta por el Ministerio Público para determinar posibles hechos delictivos y responsabilidades penales.
La denuncia penal fue presentada luego de que Brenes y técnicos legislativos inspeccionaron el albergue y documentaron hallazgos preocupantes, entre ellos convivencia de menores con adultos, infraestructura deteriorada y falta de personal idóneo para la atención especializada, lo que, según la legisladora, contraviene los estándares de protección de la niñez y adolescencia bajo custodia estatal.
En respuesta, la junta directiva, presidida por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, se reunió de forma extraordinaria para definir una ruta de acción con medidas “concretas, inmediatas y verificables” que apuntan a salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección.
Estas decisiones se adoptaron dentro del marco legal que regula a la Senniaf, entidad encargada de implementar políticas de protección integral para menores en situación de vulnerabilidad.
Una de las primeras acciones aprobadas fue la orden de una inspección técnica inmediata en el CAI de Tocumen, realizada por un equipo técnico interinstitucional conformado por representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, así como miembros de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia.
El objetivo es constatar la situación real del albergue, identificar posibles hallazgos y definir medidas correctivas conforme a los protocolos de protección establecidos.
Fuentes vinculadas a la denuncia detallan que el escrito presentado ante la Procuraduría incluye evidencia física, informes y comunicaciones internas que describen condiciones incompatibles con los estándares de atención: casos de tuberculosis sin aislamiento adecuado, episodios de acoso sexual, autolesiones que derivaron en hospitalizaciones, y situaciones donde menores convivían sin separaciones por edad o riesgo.
La denuncia advierte que estas alertas habrían sido enviadas durante meses a instancias superiores sin que se adoptaran medidas eficaces, lo que, según la diputada Brenes, expuso a los niños y adolescentes a condiciones de riesgo sin respuestas institucionales.
El documento también pide evaluaciones médico-legales y psicológicas para verificar posibles daños, así como una inspección ocular que evite la pérdida de información relevante.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación informó que una vez recibida la denuncia actuó de manera inmediata para iniciar las diligencias investigativas, incluyendo verificaciones técnicas, inspecciones y levantamiento de información en el CAI de Tocumen, con la participación de peritos especializados y personal forense.
La Fiscalía señaló que su compromiso es llevar una investigación “seria, diligente y transparente”, con respeto al debido proceso y protección a los derechos fundamentales, especialmente de los menores.
Además de la inspección física, la junta directiva de la Senniaf aprobó el inicio de procesos de interdicción para la población adulta con discapacidad que se encuentra bajo el sistema de protección sin una alternativa familiar, con miras a su transferencia a instituciones que puedan garantizar rutas de atención asistencial apropiadas según sus necesidades.
Como parte del fortalecimiento de la supervisión institucional, la directiva acordó la conformación de un equipo técnico interdisciplinario que se presentará en las instalaciones de la Senniaf para realizar una evaluación administrativa y de gestión del organismo.
Los resultados serán consignados en un informe para sustentar decisiones y aplicar los correctivos necesarios, con responsabilidades, plazos y mecanismos de seguimiento.
En medio de este contexto, organizaciones civiles, redes de apoyo y sectores legislativos han manifestado que las denuncias ponen de manifiesto una “crisis institucional” en el sistema de protección, y han urgido a las autoridades a responder de manera oportuna y efectiva ante las repetidas alertas sobre maltrato o negligencia en albergues bajo custodia estatal.
La Senniaf, por su parte, se ha limitado a señalar que las actividades de supervisión al interior de los albergues se desarrollan en el marco de los procedimientos establecidos para la protección de los menores, tras una vista realizada por la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, aunque esa versión no aborda los detalles de la denuncia ni las acciones concretas que se tomarán.
En el último quinquenio, el Senniaf ha sido señalado por irregularidades en sus centros de atención.
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