La Organización Mundial del Comercio tendrá su Conferencia Ministerial en Yaundé, Camerún, del 26 al 29 de marzo próximo. El propósito de estas Conferencias es por lo general concluir las negociaciones que llevan a cabo los miembros en Ginebra, donde se encuentra la sede de la organización, desde la última reunión efectuada en Abu Dabi en 2024. En esta oportunidad, y a pesar del voluntarismo de la Directora General, Okonjo-Iweala, no pareciera que existan mayores posibilidades de avanzar ante el marasmo creado por las iniciativas de los Estados Unidos para forzar un cambio en las reglas multilaterales del comercio internacional y redireccionar las cadenas de valor.
La agenda de la Conferencia incluye la negociación de la segunda etapa (Fish 2) del Acuerdo sobre Subsidios a la Pesca cuya primera entró en vigor el 15 de setiembre del año pasado con la ratificación por los 2/3 de los miembros, la moratoria sobre la prohibición de arancelar las transmisiones electrónicas y la reforma del sistema multilateral de comercio. En la 13° Conferencia Ministerial 2024 se incluyó una cláusula de caducidad expresa de la moratoria al cabo de dos años para obligar a una negociación sobre la distribución equitativa de los beneficios del no-arancelamiento para todas las partes. Los Estados Unidos han propuesto extender indefinidamente la prohibición para cerrar la discusión sobre gravámenes que afectarían a sus empresas.
La agricultura continúa siendo un tema postergado en las negociaciones a pesar de las declaraciones de los miembros. El Comité de Agricultura recibió nueve propuestas incluyendo una de Argentina con la intención de relanzar el tema. Sin embargo, el peso de los países con una presencia importante de campesinos sigue bloqueando una mayor apertura excusándose en la seguridad alimenticia, precios mínimos y stocks públicos que constituyen formas disfrazadas de subsidiar los ingresos de los productores.
El facilitador de las negociaciones sobre la reforma, representante de Noruega ante la OMC Petter Olberg, declaró recientemente que la organización se encuentra en una coyuntura crítica y existencial que no puede continuar prolongándose como es costumbre hacerlo en las instituciones internacionales. La política de los Estados Unidos de aplicar aranceles para abrir mercados y reducir el déficit comercial ha puesto a los miembros en una disyuntiva que requerirá de un compromiso político que en la actual coyuntura pareciera lejano para modificar los principios que caracterizaron el multilateralismo en las tres últimas décadas.
Las delegaciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos han presentado documentos con propuestas que implican una mayor flexibilidad del sistema de negociación, la eliminación de la necesidad del consenso y encarar las distorsiones de los desequilibrios estructurales incluyendo aquellos producidos por la intervención del Estado. La presentación de los Estados Unidos, en un lenguaje directo para diferenciarse de la diplomacia europea, sostiene que el sistema no ha servido para corregir los desequilibrios creados por la sobrecapacidad y concentración de la producción, y que estas políticas tienen el objetivo de reducir la capacidad industrial no solo de su país sino también de los países en desarrollo. El trabajo considera que la reforma debería reconocer los acuerdos plurilaterales para permitir la materialización de las coincidencias entre grupos de países con similares objetivos que incluso podrían realizarse por fuera de la organización.
También incluye la eliminación del Tratamiento Especial y Diferenciado (SDT) que se ha convertido en una excusa de algunos países para beneficiarse de los acuerdos de terceros sin enfrascarse en reformas internas ignorando la importancia de las reglas multilaterales. Asimismo, afirma que los miembros con sistemas incompatibles con principios de libre mercado han erosionado la confianza y la capacidad de la organización para asegurar un trato equilibrado y justo.
El lenguaje utilizado por los Estados Unidos para caracterizar la falta de respuesta a los temas considerados cruciales para el sistema multilateral de comercio no deja esperanza alguna de que pueda avanzarse en una reforma consensuada de la OMC. El documento llama la atención de que las respuestas a los esfuerzos efectuados por su delegación para en encarar la falta de transparencia, incluyendo los programas de subsidios y las empresas estatales, y el uso extendido de políticas y prácticas no-mercado, han sido como “una curita en una herida profunda”, En el mismo sentido se refiere a la actividad del Mecanismo de Solución de Controversias (MSC) cuyas resoluciones demoraban años mientras se producían cierres de fábricas, pérdida de empleos y daños irreversibles a las comunidades.
El documento cuestiona los beneficios de la liberalización del comercio porque promueve la localización de las industrias en los países de “menor costo”. El criterio de “ventajas comparativas” que subyace en la filosofía de la OMC termina favoreciendo a los países con bajo costo de mano de obra y menores regulaciones ambientales sin reparar que también existen prácticas de no-mercado para concentrar la producción y controlar la oferta.
La Directora General de la OMC, Okonjo-Iweala, señaló en varias oportunidades que la política comercial de la Administración Trump conduce a una fragmentación del comercio al promover la liberalización del comercio entre países con sistema de producción similares e intereses análogos conocidos como “friendly-shoring” o “near-shoring” para la localización de la producción. Esta conclusión no hace más que reconocer el propósito de las acciones desplegadas por la administración norteamericana este último año.
El debate en la próxima Conferencia Ministerial difícilmente pueda producir algún resultado más allá de una hoja de ruta de futuras discusiones que servirá para mantener la estructura de la OMC por un tiempo más. La agudización de los enfrentamientos geopolíticos profundizarán las diferencias y acentuará el enfrentamiento entre los países con diferentes sistemas políticos.
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