Cuenta regresiva en el Golfo: Irán, Ormuz y el límite de la disuasión

La política internacional rara vez ofrece relojes visibles. Sin embargo, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fijar un plazo de diez días para determinar si existe margen para un acuerdo con Irán o si debe avanzar hacia una acción militar introduce una lógica de ultimátum que altera el equilibrio regional. No es solo retórica. El despliegue de cazas de quinta generación, portaaviones, destructores y submarinos con misiles de crucero en Oriente Medio configura una arquitectura de presión cuyo objetivo es inequívoco: forzar a Teherán a recalibrar su programa nuclear y balístico.

La cuestión no es si Washington puede golpear. Puede hacerlo. La pregunta es si ese golpe produciría un resultado político sostenible o si abriría una espiral de escalada con efectos sistémicos.

La estrategia estadounidense combina disuasión y coerción. La acumulación de poder aéreo busca restaurar credibilidad: persuadir a Irán de que el costo de continuar por la senda actual es inasumible. El despliegue de sistemas antimisiles para proteger bases aliadas revela que el Pentágono anticipa represalias. La amenaza es creíble. Y ahí reside el riesgo: cuanto más creíble es la amenaza, más cerca se está del punto de no retorno.

Teherán mantiene su negativa a renunciar al enriquecimiento de uranio. Argumenta su derecho soberano a desarrollar energía nuclear con fines civiles. El problema no es jurídico, sino estratégico. Para Israel y para sectores centrales del establishment estadounidense, un Irán con capacidad nuclear alteraría de manera irreversible el equilibrio regional.

Aquí el rol de Israel es determinante. Para Jerusalén, la nuclearización iraní es una amenaza existencial. En situaciones similares en el pasado, Israel ha actuado preventivamente cuando percibió riesgos a su seguridad nacional. Si Washington vacila, la posibilidad de una acción unilateral israelí no puede descartarse. Esa variable introduce un elemento adicional de volatilidad: la guerra podría comenzar no por decisión estadounidense, sino por la dinámica propia del equilibrio regional.

Pero reducir el problema iraní a su programa nuclear sería un error analítico. Irán opera desde hace años como un actor revisionista que compensa su inferioridad convencional mediante guerra híbrida y proyección indirecta de poder. Su red de aliados y milicias —desde Hezbollah en el Líbano hasta grupos armados en Irak y Siria, pasando por los hutíes en Yemen— le permite erosionar a sus adversarios sin exponerse a una confrontación directa. La negación plausible es parte del diseño: influencia sin bandera, presión sin declaración formal de guerra.

En este esquema, el Estrecho de Ormuz no es solo un punto geográfico, sino una herramienta estratégica dentro de una arquitectura más amplia de coerción. Aproximadamente entre el 20% y el 30% del comercio marítimo mundial de petróleo, y una proporción significativa del gas natural licuado, transitan por ese corredor. Un cierre total es difícil de sostener, pero incluso una interrupción parcial —minas navales, drones, misiles antibuque— tendría efectos inmediatos.

El impacto sería triple. Primero, un shock energético: el precio del petróleo podría dispararse en cuestión de horas, alimentando inflación global y presionando a bancos centrales. Segundo, una disrupción logística: el aumento en los costos de transporte y seguros afectaría cadenas de suministro industriales y alimentarias. Tercero, un efecto financiero: volatilidad extrema en mercados, fuga hacia activos refugio y penalización de economías emergentes.

Europa, India y Japón sufrirían especialmente. China enfrentaría un dilema estratégico como principal importador de crudo del Golfo. Rusia, en cambio, podría beneficiarse de precios elevados y de la distracción estratégica occidental. La guerra en el Golfo no sería regional; sería sistémica.

Irán, consciente de su desventaja convencional frente a Estados Unidos, ha invertido en capacidades asimétricas que le permiten abrir múltiples frentes simultáneamente. Puede hostigar infraestructura energética saudita, activar milicias contra bases estadounidenses en Irak y Siria o tensionar rutas marítimas complementarias. El objetivo no sería ganar una guerra convencional, sino prolongarla y elevar su costo político hasta erosionar la voluntad adversaria.

Cerrar Ormuz, sin embargo, sería una apuesta de alto riesgo para Teherán. Su propia economía depende de exportaciones energéticas. Un bloqueo sostenido podría consolidar una coalición internacional amplia en su contra. La amenaza funciona como instrumento de disuasión; ejecutarla implicaría cruzar un umbral que transformaría la coerción en guerra abierta.

El frente interno iraní agrega otra dimensión decisiva. En los últimos años, el régimen ha enfrentado olas de protestas masivas desencadenadas por crisis económicas, restricciones sociales y demandas de mayor libertad. La respuesta ha sido severa: detenciones masivas, uso de fuerza letal y ejecuciones que organizaciones internacionales han denunciado como parte de una política sistemática de represión. En el último ciclo de manifestaciones, la violencia estatal dejó centenares de muertos —según estimaciones de organismos de derechos humanos— y miles de detenidos.

Este dato no es accesorio. Regímenes bajo presión interna suelen recurrir a la confrontación externa como mecanismo de cohesión. La tensión internacional puede desplazar el foco del malestar doméstico y reforzar la narrativa de asedio. Un conflicto externo podría operar como mecanismo de cohesión nacional, desplazando temporalmente el foco de la protesta. Pero también podría profundizar el malestar si las sanciones y la guerra agravan la situación económica.

Desde la perspectiva occidental, esto introduce un dilema ético y estratégico. Una intervención militar podría debilitar infraestructuras críticas del régimen, pero también impactar sobre una sociedad civil ya castigada. La historia reciente demuestra que el colapso económico no siempre produce transiciones democráticas; a menudo genera más represión y radicalización.

A esto se suma la dimensión atlántica. La negativa británica a Estados Unidos para facilitar el uso de bases estratégicas como Diego García refleja cautela legal y política. Tras décadas de intervenciones controvertidas, Londres evalúa el costo de asociarse a una ofensiva preventiva sin consenso internacional claro. La cohesión occidental ya no es automática, y esa fisura tiene implicancias estratégicas. La crisis, entonces, no es solo militar sino también diplomática. Si Washington avanza sin respaldo explícito de aliados clave, el mensaje al resto del mundo es ambiguo. Por un lado, muestra determinación; por otro, expone fracturas en la alianza occidental. En términos estratégicos, la legitimidad importa tanto como la capacidad.

Militarmente, una campaña contra instalaciones nucleares iraníes no sería un ataque quirúrgico aislado. Muchas infraestructuras están dispersas o protegidas en profundidad. Neutralizarlas requeriría operaciones sostenidas. Incluso en el mejor escenario, la destrucción física no elimina el conocimiento técnico acumulado. Existe el riesgo de que un ataque acelere clandestinamente el programa que busca frenar.

La superioridad militar estadounidense es indiscutible. Pero la guerra no es solo una ecuación de tonelaje y tecnología. Es una disputa de voluntades. Irán ha demostrado capacidad para operar en escenarios asimétricos y prolongar conflictos. Puede no ganar, pero puede impedir una victoria rápida.

En última instancia, la cuenta regresiva de diez días condensa una paradoja clásica. Si Estados Unidos no actúa, corre el riesgo de aceptar un nuevo equilibrio regional adverso. Si actúa, puede desencadenar una escalada que sacuda mercados energéticos, alianzas occidentales y estabilidad interna en múltiples países.

El Estrecho de Ormuz es más que un paso marítimo: es un barómetro del orden global. Israel es más que un aliado: es un actor con capacidad de decisión autónoma. La cautela británica es más que un detalle logístico: es síntoma de fatiga estratégica. Y la represión interna iraní recuerda que el régimen no solo negocia con centrifugadoras, sino que también utiliza la desestabilización regional como instrumento estructural de poder.

La disuasión puede evitar la guerra. Pero cuando la presión alcanza su punto máximo, el margen para el error se reduce drásticamente. En el Golfo no solo está en juego un equilibrio militar puntual, sino la credibilidad de las reglas que ordenan el sistema internacional. El desenlace dependerá menos del poder desplegado que de la capacidad de los actores para contener la escalada antes de que la lógica del ultimátum sustituya definitivamente a la diplomacia.