Argentina adoptó un sistema económico corporativo de industrialización por sustitución de importaciones, proteccionismo radicalizado y mercado internista que anuló todo incentivo competitivo y no permitió el crecimiento económico, las exportaciones y la productividad a largo plazo.
Otros países de asentamiento reciente, como Australia o Canadá, generaron coaliciones exportadoras, con representación sindical democrática y competitiva, que permitieron crear empleo en todos los sectores, impulsando el desarrollo socioeconómico.
Argentina, con PBI per cápita, geografía, inmigración y estructura productiva similares a Australia y Canadá a comienzos del siglo XX, hoy su ingreso per cápita equivale solo al 30% de aquellos países cuyo destino compartía en el siglo pasado.
Los intentos de 1983, 1991 y 2000
Dados los intentos fracasados de reforma del pasado, resulta clara la fortaleza del bloqueo corporativo para sostener el status quo.
Desde el 4 de junio de 1943, cuando se impuso el modelo corporativo de representación sindical monopolizada sin elecciones libres, único actualmente vigente en el mundo, hubo solo tres intentos de reforma laboral, todos realizados después del retorno a la democracia en 1983, posteriormente revertidos:
- A tres meses de asumir el presidente Raúl Alfonsín, el Senado peronista rechazó la ley “Mucci” de democratización sindical.
- Posteriormente, la reforma laboral de 1991 (Ley 24.013) durante la presidencia de Carlos Menem consistió en la posibilidad de obtener empleo mediante contratos a plazo, pasantías y la reducción de contribuciones, sin reformar la estructura sindical. El propio Menem luego derogaría, mediante decreto en 1998, los contratos laborales promovidos por la presión sindical.
- Por último, la reforma laboral durante la presidencia de Fernando de la Rúa, que priorizaba los convenios por empresa, fracasó por el bloqueo corporativo sindical sumado a denuncias de corrupción.
Resultado: una creciente informalidad en el mercado de trabajo. Según datos del Centro de Estudios de la Productividad - Base Arklems-LAND, hoy los puestos de trabajo privados registrados representan solo un 35% del total. La base contributiva de la seguridad social para los jubilados es muy reducida y quebranta el sistema previsional.
Las cargas sociales terminan incrementando los costos laborales del empleador sin contrapartida en el salario de bolsillo, en tanto son percibidas como impuestos por los trabajadores al no verse reflejadas en mejoras contributivas en el salario diferido (jubilaciones y pensiones), aumentando el incentivo a trabajar en negro o subdeclarar ingresos laborales ante la seguridad social.
Hoy las contribuciones sociales fondean solo un 30% del gasto previsional según la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), llegando a concentrar el 45,4% del total del Gasto Público Primario.
No hay reforma previsional ni jubilaciones dignas sin una reforma laboral que amplíe la base de recaudación de las contribuciones a la seguridad social.
Modernización legislación 2026
La ley de modernización laboral, presentada por el Poder Ejecutivo y recientemente aprobada por el Senado, apunta, entre otros aspectos, a reducir los costos de las indemnizaciones por despido, adaptar la normativa estancada en la década de 1970 a las nuevas modalidades de trabajo que impone la innovación tecnológica y, en el proyecto original, a priorizar los convenios por empresa por encima de los convenios sectoriales y/o colectivos.
- Junto con la eliminación de la ultraactividad, busca incentivar la generación de empleo formal y evitar que una indemnización por despido quiebre a las pymes.
- Mediante un banco horas, pretende adaptar el trabajo a las nuevas modalidades productivas que genera el cambio tecnológico, manteniendo los derechos laborales.
- Busca adecuar y priorizar los convenios colectivos a la realidad de las pyme, por encima de las condiciones de trabajo impuestas por los convenios colectivos sectoriales, mediante acuerdos entre sindicatos y cámaras empresariales.
Argentina hoy vive con una anomia legislativa laboral. Décadas donde el corporativismo bloqueó con éxito toda reforma, las leyes laborales finalmente quedaron obsoletas. Sin un marco normativo laboral actualizado a los nuevos tiempos y tecnologías, no existen incentivos económicos para cumplir el marco legal vigente, generando una anomia social según Carlos Nino (1992). O bien hay anomia institucional, como propone Peter Waldman (1994), como resultado de la incapacidad del propio Estado para operar como un sistema coherente de reglas.
Sin un marco normativo laboral actualizado a los nuevos tiempos y tecnologías, no existen incentivos económicos para cumplir el marco legal vigente
La anomia social se manifiesta en prácticas extendidas de informalidad y evasión de la ley. La anomia institucional resulta en marcos regulatorios inestables, reformas insuficientes, judicialización, superposición y contradicción de normas (ultraactividad legislativa), discrecionalidad, ausencia de rendición de cuentas, aplicación débil, además de un uso selectivo y político del derecho.
Los crecientes casos de litigiosidad en el mercado laboral ilustran la anomia institucional. La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo informó un récord de 132.000 causas iniciadas en 2025, pese a la caída sostenida en la cantidad de accidentes laborales. Se estima que los expedientes por juicios laborales llegan a 640.000 en la actualidad, equivalente al 7% de todos los asalariados registrados.
Otra consecuencia de la anomia legislativa laboral es que la prevalencia de los convenios por empresa y por región, por encima de los convenios cupulares sectoriales nacionales, ya se había previsto en la Ley 24.467 (Estatuto Pyme) de Segmentación de Convenios Colectivos de 1995, aprobada por el Congreso, pero nunca promulgada. En los hechos, la segmentación de pyme perdió relevancia operativa con la reversión del paradigma flexibilizador mediante la Ley 25.877 del año 2004, debido al reforzamiento de la negociación centralizada.
La anomia es más profunda. Si seguimos con la misma justicia laboral facciosa, con un plano inclinado antiempresario, la reforma laboral será letra muerta. Una iniciativa positiva es el traspaso previsto de la justicia laboral federal a la Ciudad de Buenos Aires, donde los nuevos juicios sean tratados por jueces nuevos desligados de la estructura corporativa sesgada y todavía vigente.
La reforma laboral pretende aumentar la elasticidad del empleo en los sectores productivos, hoy muy baja en términos de generación de empleo formal.
No solo se requiere que su contenido sea técnicamente adecuado y que su aprobación legislativa supere el bloqueo corporativo, sino también su implementación y aplicación rigurosas, por una justicia laboral independiente del capital y del trabajo, en un contexto de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico sostenido.
Una reforma laboral es exitosa si genera empleo formal y permite que el salario empalme con la productividad, otorga sostenibilidad social a la modernización y al crecimiento del país.
El autor es profesor en UBA, Ucema, Udesa y Director Centro Estudios de la Productividad-Base Arklems+LAND
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