Reforma del Código Penal: debate urgente sobre penas, garantías y eficacia

La reforma del Código Penal vuelve a instalarse en la agenda pública con una promesa conocida: más severidad para enfrentar el delito. El diagnóstico de fondo —un Código viejo, fragmentado y desordenado— es correcto. La respuesta que parece ensayarse, en cambio, merece una discusión mucho más profunda de la que hoy se insinúa.

El Código Penal argentino fue sancionado en 1921 y, desde entonces, fue intervenido mediante parches sucesivos que afectaron su coherencia interna. Esa falta de sistematicidad no es un problema técnico menor: en materia penal, la claridad y la coherencia son garantías básicas frente al poder punitivo del Estado, pues sin ellas no es posible recurrir a una interpretación sistemática o integral de la Ley. Reformar el Código es indispensable. Hacerlo sin el consenso necesario, o de manera apresurada, puede ser peor que no hacerlo.

Uno de los ejes más visibles del proyecto presentado por el oficialismo es el aumento generalizado de penas. La idea parece simple: penas más altas equivalen a menos delitos. Sin embargo, esa ecuación no resiste el contraste con la evidencia empírica. No existen estudios serios que demuestren que el endurecimiento global de las penas tenga un impacto significativo en la reducción del delito, más bien todo lo contrario. La eficacia del sistema penal no depende tanto de cuánto castiga, sino de que los delitos cometidos efectivamente se investiguen y lleguen, si corresponde, a juicio y a condenas.

El riesgo de esta lógica punitivista es conocido. Aumentar las penas eleva la valoración judicial del riesgo procesal de fuga, incentiva el uso de la prisión preventiva y reduce el margen para suspensiones de juicio a prueba y penas de ejecución condicional. Con un proceso penal lento y un sistema penitenciario colapsado como el actual, el resultado es previsible: más personas privadas de libertad sin condena, durante más tiempo, y sin que eso se traduzca en mayor seguridad.

Por otra parte, hoy el sistema carcelario argentino atraviesa una crisis estructural. Una proporción significativa de la población detenida no tiene condena firme, lo que contradice estándares constitucionales y compromisos internacionales. Insistir en un endurecimiento penal sin resolver estas fallas es trasladar el problema hacia adelante, con el agravamiento que ello conlleva. Como sostiene el maestro español Jesús María Silva Sánchez: “La gravedad de la pena expresa la dureza de las condiciones que establece una comunidad política para otorgar el perdón público”.

La reforma incorpora, asimismo, aspectos valiosos. El fortalecimiento del rol de la víctima y la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas responden a demandas legítimas y a una evolución razonable del derecho penal moderno. Pero incluso estos avances requieren precisión, equilibrio y un debate amplio para evitar excesos y efectos no deseados.

En este contexto, preocupa que una reforma de semejante magnitud se impulse en plazos reducidos y en un escenario legislativo saturado de temas sensibles. Un Código Penal no puede discutirse como una ley más. Define los límites entre el poder del Estado y la libertad individual. Cada palabra cuenta, cada modificación tiene consecuencias reales.

Hay, además, una tensión de fondo que atraviesa todo el proyecto: la que existe entre prevención y garantías. Cuando el péndulo se mueve exclusivamente hacia la prevención, las libertades individuales quedan expuestas. El Derecho Penal no puede construirse sobre la desconfianza permanente hacia el ciudadano, ni sobre la idea de que más castigo equivale automáticamente a más Justicia.

La discusión que se abre no es sólo ideológica y académica. Es también profundamente política y social. Se trata de decidir qué tipo de sistema penal queremos y hasta dónde estamos dispuestos a ceder garantías en nombre de una promesa de seguridad que, hasta ahora, no ha demostrado cumplirse.

Reformar el Código Penal es imprescindible. Convertirlo en una herramienta más dura, sin mejorar el funcionamiento del sistema y sin un debate serio y plural, es un camino riesgoso. En materia penal, las decisiones apresuradas no suelen corregirse fácilmente. Y casi siempre se pagan caro.