La reforma del sistema de inteligencia corrige un histórico absurdo institucional

El Decreto 941/2025, publicado por el Presidente Javier Milei el 2 de enero en el Boletín Oficial, no solo reformó de manera profunda la estructura orgánica y legal del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), sino que corrigió una de las más notorias disfunciones que arrastraba la concepción de la inteligencia militar en la Argentina.

Un absurdo histórico

La razón fundamental de la existencia de la necesidad de producir la propia inteligencia que requiere cada nivel de conducción del Estado para poder producir planes y programas que respondan a realidades concretas propias de la situación política, estratégica y táctica en todo momento se basa en que es la realidad la que exige argumentos de anticipación y no los límites ficticios, imaginarios o simplemente caprichosos que la ideología política quiera imponerle.

Cada plan responde a una hipótesis. Y esa hipótesis se estructura en base a la información disponible que solo el nivel que deberá ejecutar el plan necesita conocer. A los demás niveles no les sirve porque su planeamiento responde a otras exigencias.

Tanto quien suscribe como la mayoría de mi generación, hemos participado de un sinnúmero de procesos de planeamiento que fueron inútiles justamente porque no respondían a ninguna situación de inteligencia previa elaborada por el mismo nivel responsable de elaborar y eventualmente, tener que aplicar el plan. Cada nivel debe producir su propia apreciación de la situación de inteligencia que dará fundamento al plan o planes que se elaboren y se aprueben.

Para ello, es indispensable que cada nivel de conducción disponga de su propio órgano de dirección capaz de asesorar, asistir y conducir a los medios capaces de reunir la información necesaria de su nivel; y a su vez estar en condiciones de satisfacer los requerimientos que surjan desde los niveles inferiores o superiores para elaborar sus propios planes.

Por eso la producción de inteligencia requiere de un sistema coherente e integrado. Nadie puede actuar con eficacia y de acuerdo con la expectativa que se tiene sobre ello, si desconoce la realidad sobre la que debe emplear sus medios.

Y lo que es peor, cuando se dispone de espacios estratégicos enormes (como en el caso de nuestro país), tiempos de reacción muy reducidos y medios sumamente escasos, la necesidad de ser extremadamente exigentes en el conocimiento detallado de la situación de inteligencia es todavía más importante.

La inteligencia es un insumo básico para cualquier planeamiento y operación que conduzcan los niveles estratégico, operacional y el táctico. Conocer el escenario y visualizar las contingencias futuras en un mundo complejo, incierto y volátil es clave o como mínimo contribuyente al éxito en el ámbito militar. De ahí el valor de disponer de buena información e inteligencia.

Las FFAA como tales en el ámbito específico también deben producir inteligencia específica por muchas razones, pero quizás baste decir como ejemplo que la participación en los ciclos de planeamiento de largo plazo y también en los de mediano y corto plazo exigirá hacer sus propios planes para establecer una evolución, desarrollo y capacitación en tiempo y forma de sus propios medios para satisfacer las exigencias del Planeamiento Militar Conjunto. De lo contrario, ¿cómo sabrán cuándo y cómo requerir lo necesario para ello, y sobre qué bases efectuarán sus requerimientos y participarán en la elaboración del presupuesto nacional?

Sin embargo, hasta ahora, el órgano que debía producir la Inteligencia Estratégica Militar y la Operacional no le pertenecía al Estado Mayor Conjunto ni al Comando de Operaciones, sino que se debía recurrir a la DNIEM y a los Estados Mayores Generales de cada Fuerza, lo cual constituía un sin sentido.

De la teoría a la práctica: por qué esto era un sinsentido

Imaginemos por un momento a los generales Colin Powell y Norman Schwarzkopf durante la Guerra del Golfo Pérsico de 1991 ¿qué hubiera pasado si, en lugar de poder dirigir, analizar y producir inteligencia propia para la conducción estratégica y operacional, hubieran tenido que pedirles a otros organismos la información que necesitaban para decidir?

Algo parecido hubiera sido imposibilitar al actual titular del Comando Sur de EEUU para que generara su propia inteligencia para una operación compleja como, puede ser, la extracción de Nicolás Maduro y su esposa. El resultado hubiera sido potencialmente trágico. Esto no significa que no sea necesario un ciclo virtuoso entre los diferentes niveles que reúnen y procesan información, sino que se debe combatir la falta de coordinación y los compartimientos estancos. La guerra de Malvinas nos dejó muchas enseñanzas en este sentido y ésta es una de ellas.

Los conflictos actuales son multidimensionales y, por lo tanto, las respuestas demandan un trabajo mancomunado y bien profesional, a través de todo el Estado, para atender las amenazas que se pudieran presentar. Este aspecto bajo ningún punto de vista significa entrar en cuestiones ajenas a la Constitución y las leyes de la República. Una inteligencia militar desdibujada, atada de pies y manos que trabaje con supuestos de hace 50 o 60 años no sirve para los tiempos modernos.

¿Qué cambió realmente con DNU 941/2025?

El decreto reconfigura la producción de inteligencia estratégica militar en tres ejes esenciales:

1. Reorienta y fortalece a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO) como el organismo responsable de la Inteligencia Estratégica Militar y sectorial de defensa necesarias tanto para el Ministro de Defensa como para la conducción de las FFAA.
2. Elimina duplicaciones que existían entre la antigua Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (dependiente del Ministerio de Defensa) y las capacidades propias del Estado Mayor, dando así mayor coherencia funcional a la inteligencia que requiere la conducción estratégica real.
3. Establece un ciclo de inteligencia más racional y eficaz, en el que los órganos doctrinales y tácticos de las fuerzas alimentan al nivel operacional y estratégico sin intermediaciones innecesarias.

En suma, la norma elimina un corte artificial entre la producción y el uso de inteligencia en la esfera militar, poniendo finalmente a la inteligencia militar en el lugar que le corresponde dentro de la estructura de defensa nacional. Lógicamente habrá que readecuar las estructuras para que funcionen de la mejor forma.

Control civil, eficacia operativa y reglas claras

Quienes sostienen que esta reforma pone en riesgo el control civil de las Fuerzas Armadas o de la inteligencia militar, ignoran un punto clave: la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares —órgano auxiliar del Ministerio de Defensa— mantiene un rol central de supervisión política y estratégica. Ese control civil se complementa además con las funciones de fiscalización que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) desarrolla a través de su Inspectoría General de Inteligencia, incluyendo auditorías e inspecciones que cubren el funcionamiento de la DGIEMCO.

Es decir: la producción de inteligencia militar se profesionaliza y se adecua a las necesidades operativas y estratégicas reales sin perder los mecanismos de supervisión y control civil que toda democracia exige. Más allá de las normas, lo que importa es la eficacia dentro de las normas.

El decreto corrige no solo una falla técnica del sistema, sino una distorsión que, en la práctica, representaba un obstáculo para la seguridad nacional. Los errores de funcionamiento del sistema de inteligencia no se solucionan generando más disfunciones ni pactando con ideologías prescriptivas del pasado. Se corrigen colocando a personal idóneo en los puestos clave, definiendo claramente competencias, y adoptando con firmeza las medidas correctivas correspondientes contra quienes vulneraron las normas vigentes.

Conclusión

Lejos de ser un capricho burocrático, el DNU 941/2025 da un paso necesario para que la inteligencia militar pueda cumplir con su función esencial: producir conocimiento para la conducción estratégica y operacional de las Fuerzas Armadas. Es una reforma que, desde el punto de vista del funcionamiento institucional, camina en la dirección correcta no solo para hacer más eficaces las tareas de defensa sino también para integrar esa producción dentro de un sistema de inteligencia nacional moderno y coordinado.