La reciente acción militar de Estados Unidos contra objetivos estratégicos en Venezuela no debería analizarse únicamente como un episodio más de la larga crisis del régimen de Nicolás Maduro. En realidad, expone con crudeza una tendencia más profunda y preocupante del sistema internacional: el retorno del uso explícito de la fuerza como instrumento legítimo para dirimir disputas políticas, estratégicas y de poder.
En ese contexto, la precisión quirúrgica de la operación estadounidense —limitada, rápida y orientada a objetivos específicos— contrasta con la fragilidad estructural del aparato de seguridad venezolano. La evidente división dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y el fracaso de la contrainteligencia cubana, históricamente influyente en el entorno de Maduro, revelan un régimen que ya no controla plenamente los resortes coercitivos del Estado. Y cuando eso ocurre, el colapso político deja de ser una hipótesis académica para convertirse en una posibilidad concreta.
Sin embargo, para la Argentina esta crisis no es un asunto lejano ni meramente ideológico. Tiene un nombre propio y una urgencia concreta: el gendarme argentino detenido ilegalmente en Venezuela, cuya situación sintetiza la vulnerabilidad de nuestros ciudadanos cuando el orden internacional se degrada y las normas dejan de ser respetadas.
La detención arbitraria de un miembro de una fuerza de seguridad argentina por parte de un régimen en crisis no es un incidente menor. Es una señal de alerta. Muestra hasta qué punto los Estados débiles o autoritarios utilizan rehenes políticos como moneda de cambio, sabiendo que enfrentan países con capacidades limitadas para ejercer presión efectiva. En un mundo donde la fuerza vuelve a pesar más que el derecho, la ausencia de herramientas de disuasión tiene costos reales.
Las reacciones internacionales frente al ataque estadounidense reflejan, además, la fractura del sistema global. Mientras algunos gobiernos condenan la “flagrante violación del derecho internacional”, otros respaldan explícita o tácitamente la acción, bajo el argumento de la estabilidad regional o la defensa de valores democráticos. No es una discusión nueva, pero sí cada vez más vacía: el derecho internacional sigue siendo invocado, aunque cada vez menos respetado.

Estados Unidos, Rusia y China —cada uno a su manera— comparten hoy un patrón común: la disponibilidad real y permanente de emplear la fuerza militar para sostener sus objetivos estratégicos, ya sea como disuasión o como acción directa. Ucrania, Taiwán, el Mar Rojo, Medio Oriente y ahora Venezuela son expresiones de una misma lógica. La diferencia ya no está en si se usará la fuerza, sino en cuándo y bajo qué condiciones.
A esto se suma un factor clave del siglo XXI: la información como dominio de combate. Antes, durante y después de la operación militar, el control del relato se volvió tan importante como el control del terreno. Operaciones psicológicas, campañas en redes sociales, filtraciones selectivas y construcción de legitimidad forman parte integral del conflicto. La guerra ya no empieza con el primer disparo, sino con el primer mensaje viral.
En este escenario, la diáspora venezolana jugará un rol visible en el espacio público internacional, expresando su apoyo a la caída del régimen. Del otro lado, quienes rechazan a Estados Unidos o a la administración Trump insistirán en la ilegalidad de la intervención. Ambas narrativas convivirán, pero ninguna modificará el hecho central: el orden global está mutando hacia una lógica donde el poder duro vuelve a ocupar el centro.
Para la Argentina, esta crisis debería servir como llamado de atención estratégico. No se trata de promover aventuras militares ni de abandonar el multilateralismo, sino de comprender que sin un instrumento militar creíble, moderno y bien articulado con la política exterior, la defensa de los intereses nacionales queda reducida a declaraciones. Y las declaraciones, en este nuevo contexto internacional, pesan cada vez menos.
El siglo XIX se caracterizó por un sistema internacional donde la fuerza definía fronteras, gobiernos y destinos nacionales. Durante décadas creímos haber superado esa etapa. Hoy, la realidad parece indicar lo contrario. Y frente a ese retorno, la pregunta no es ideológica sino pragmática: ¿estamos preparados para defender lo propio cuando las reglas dejan de protegernos?
La situación del gendarme argentino en Venezuela no es un episodio aislado. Es el síntoma de un mundo más áspero, más inestable y menos previsible. Ignorarlo sería un error estratégico.
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