La elevación a juicio oral del caso Loan marcó un antes y un después en la causa. Con esa decisión, la Justicia Federal frenó otras posibilidades, unificó expedientes y encendió de nuevo la búsqueda de un niño que hace más de dos años no aparece. Se acabaron los atajos y los cuentos. Ahora, quienes ocultaron, mintieron o demoraron el avance del expediente deberán explicarse frente al tribunal. El mensaje es claro: con un chico desaparecido, no hay tregua, no hay pactos y no hay impunidad posible.
La desaparición de Loan Danilo Peña sigue siendo una herida abierta. Pasaron casi dos años y el niño continúa sin aparecer. Y recién en las últimas semanas, por primera vez desde aquel 13 de junio de 2024, la Justicia Federal envió una señal institucional, simple y contundente: el caso no se detiene, no vuelve atrás y no será desviado por maniobras defensivas.
La elevación a juicio oral y la unificación de los expedientes fueron una definición de fondo: cuando desaparece un menor de cinco años, el proceso penal debe avanzar, aún frente a la presión mediática, el desgaste social y los intentos de frenar el expediente.
La acusación por “sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años” (art. 146 CP) no es una etiqueta simbólica; es una figura que obliga al Estado a investigar hasta el final. La conducta es permanente, comienza con el alejamiento del niño y continúa hasta que su paradero se conozca.
Esto significa que no hay prescripción, no hay archivo, no hay plazos de gracia mientras el niño permanezca desaparecido. La Justicia federal aplicó ese criterio con precisión técnica, devolviendo previsibilidad a un expediente marcado desde el inicio por contradicciones, ocultamientos y testimonios inverosímiles.
Desde que la causa cambió de hipótesis —de trata a sustracción— surgieron intentos por devolver el expediente al fuero provincial. La Cámara de Casación frenó esa presión y reforzó un dato que en Corrientes ya nadie discute: la investigación de un niño desaparecido requiere jurisdicción federal.
No es una cuestión formal; es una garantía de imparcialidad. En palabras simples: sin la Justicia Federal interviniendo, el caso podría haberse diluido o fragmentado.
La elevación a juicio significa que todas las pruebas —pericias, reconstrucciones, testimonios, contradicciones y supuestas coartadas— serán analizadas en un debate público, con contradicción real y control judicial.
En tiempos donde proliferan teorías, operaciones y lecturas interesadas, el juicio oral es el único escenario donde la verdad procesal puede consolidarse.
Es también el único lugar donde se determinará si la maniobra imputada —una sustracción deliberada y un ocultamiento posterior— existió, como sostiene la fiscalía, o si la defensa logra desmontar ese cuadro.
El caso Loan dejó al descubierto las debilidades de un sistema que, por momentos, reaccionó tarde y con falta de coordinación. También mostró el uso de estrategias de dilación que buscaban trasladar el expediente, frenar la investigación o dispersar la competencia.
Pero al mismo tiempo reveló fortalezas:
- La recuperación del control procesal por parte de la Justicia Federal.
- La coherencia de la fiscalía al sostener la calificación y la competencia.
- La aplicación correcta de criterios dogmáticos sobre delitos permanentes y deberes especiales del Estado frente a menores desaparecidos.
En un país donde demasiadas causas se apagan en silencio, esta vez ocurrió lo contrario: la Justicia encendió la búsqueda otra vez. El mensaje de fondo: no se negocia con la desaparición de un niño
Loan Peña es, ante todo, un niño. Y su derecho a ser buscado no está sujeto a consensos políticos, calendarios electorales ni presiones mediáticas.
La elevación a juicio no reemplaza la aparición del menor, pero fija un límite claro: no habrá impunidad procesal mientras el niño siga desaparecido.
El sistema penal respondió con el único gesto que la sociedad podía exigirle: avanzar, sin ceder ante las chicanas ni retroceder ante la complejidad del caso.
El mensaje es fuerte y necesario. Y, por primera vez en mucho tiempo, es también esperanzador: la Justicia argentina demostró que, cuando quiere, puede actuar con firmeza, coherencia y responsabilidad frente a un niño que todavía espera ser encontrado.
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