¿La coparticipación de impuestos ante un “cambio de época”?

En un contexto marcado por un cambio profundo en el humor social, muy distinto al de las últimas dos décadas, y por una variación en el humor económico, que remite a situaciones vividas hace poco más de 30 años, Argentina transita un régimen democrático con más de 40 años de vigencia.

Sin embargo, esta etapa también se caracteriza por prolongadas grietas internas y por fracturas múltiples y expuestas entre la sociedad y la política, con una relación cuasi fallida en términos de credibilidad y confianza.

Estas tres olas: la social, la económica y la política, se entrecruzan con diferentes longitudes y frecuencias, pero comparten un punto en común: todas han generado rompimientos. Este fenómeno, comparable al “mar de fondo”, produce mareas y corrientes profundas que exigen identificar qué dinámicas evitar y cuáles aprovechar para trazar un rumbo claro.

Las características más notables de este “cambio de época” son tres:

• Un cambio importante en la alineación geopolítica internacional de Argentina;
• Una reconfiguración estructural del formato macroeconómico del país; y
• Un renovado debate sobre las relaciones entre el Estado y el mercado, la nación y las provincias, y Argentina con la región y el mundo.

En este marco global, resurge con particular fuerza política el debate sobre la relación económica entre la Nación y las provincias, reformulada parcialmente hace 30 años durante la última reforma constitucional.

Desde entonces, quedó en evidencia que avanzar hacia un sistema federal requería un salto cualitativo en la calidad institucional, una tarea que no se ha realizado. Los resultados son claros tanto en términos políticos como económicos.

Una constitución, ya sea escrita o no, tiene como objetivo organizar el poder, tanto en términos horizontales (entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) como verticales (entre la Nación, las provincias y los municipios).

Es importante recordar que el federalismo que adoptó el país surgió en los Estados Unidos como respuesta al fracaso de una confederación original de estados soberanos y autónomos, en contraposición al modelo unitario europeo.

El federalismo argentino es un híbrido de ambos sistemas, claramente subóptimo, que combina la soberanía nacional con la autonomía provincial. Es, en definitiva, una transacción entre un régimen unitario y uno confederado. Si bien esta configuración resultó políticamente aceptable, desde el punto de vista económico ha sido conflictiva debido a la falta de correspondencia fiscal, es decir, el equilibrio necesario entre el beneficio político del gasto público y el costo político de recaudar localmente.

Este problema se agrava con un régimen de coparticipación de impuestos que la reforma constitucional de 1994 no consolidó, sino que institucionalizó mediante una ley-convenio, y no a través de una ley nacional. Este régimen inusual exige que la ley sea presentada primero ante el Senado y aprobada por mayoría especial, luego pase a la Cámara de Diputados, y finalmente sea ratificada por las legislaturas provinciales.

En el contexto político actual, caracterizado por fuertes disensos en torno a un núcleo básico de políticas públicas, especialmente en lo fiscal, monetario y cambiario, este esquema resulta prácticamente inaplicable.

La judicialización de la coparticipación federal ha sido, y sigue siendo, una consecuencia lógica del complejo entramado político que envuelve este régimen.

Es aquí donde debería centrarse hoy el principal esfuerzo político para alcanzar un nivel mínimo de gobernanza que permita establecer bases sólidas para el crecimiento económico conjunto de las provincias a largo plazo.

El autor es miembro de la Fundación Pensar Santiago del Estero