Imputaron a líderes mapuches por instigar usurpaciones de campos en el ingreso a Vaca Muerta

El fiscal jefe de Neuquén, Pablo Vignaroli, imputó a tres referentes de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) por el delito de "usurpación reiterada en calidad de instigadores", a raíz de la ocupación en mayo de 2017 de tres campos privados en el departamento de Añelo.

Las usurpaciones fueron consumadas por un grupo de personas que invocaron derechos ancestrales en el paraje Tratayén, una zona entre los km 75 y 81 de la Ruta Provincial 7, por donde pasan diversos gasoductos como el NUEBA II. El área es además la vía neurálgica de acceso a Vaca Muerta, la mayor reserva hidrocarburífera del país.

Al formular los cargos, el fiscal acusó al empresario mapuche Gabriel Rolando Cherqui, al vocero de la CMN, Jorge Nahuel, y al activista Gilberto Huilipán, por haber presuntamente reclutado a 23 personas ajenas a las comunidades indígenas para ocupar esos campos, propiedad de las familias Galván, Paredes y Formaro y Ferracioli, en calidad de copropietarios.

Según la acusación formulada ante el Juez de Garantías, Mauricio Zabala, en la madrugada del 18 de mayo de 2017, los tres imputados se reunieron con dos crianceros cerca de uno de los objetivos y los instigaron a usurpar los tres terrenos bajo el argumento que esas tierras les pertenecían por derecho ancestral y que por ello debían ser recuperadas.

Secundados por otras personas, incluidos mujeres y niños, y divididos en grupos, ese mismo día por la tarde, ingresaron a los campos aduciendo que pertenecían a la Lof Futaxayen, cortaron cercos, amenazaron a los empleados y ocuparon los terrenos durante cuatro meses, hasta que fueron desalojados por orden judicial el 19 de septiembre del mismo año.

Según Vignaroli, se trató de una maniobra urdida por los líderes de la CMN con el fin de convencer a los crianceros sobre una supuesta legitimidad de reclamo sobre aquellas tierras para cobrar futuras servidumbres de paso a las empresas petroleras y despojar a sus legítimos propietarios.

Durante la audiencia, el fiscal dejó asentado que quienes consumaron la usurpación "no integran comunidad mapuche alguna que se encuentre reconocida por la autoridad de aplicación y que los inmuebles ocupados no fueron objeto de relevamiento territorial alguno, tal como lo prevé la Ley 26.160", que ampara la territorialidad de las comunidades indígenas.

A su vez, el fiscal aclaró que todavía se encuentra en marcha una investigación contra quienes se prestaron para consumar las ocupaciones, representando a la comunidad Futaxayen.

A la acusación fiscal se sumó también la querella de los damnificados, representados por los abogados Juan Fittipaldi y José Velázquez.

El juez de garantías dispuso que se abra la etapa de Investigación Penal Preparatoria—tal como rige en el sistema acusatorio neuquino— de cuatro meses de duración antes de dirimir la eventual elevación a juicio.

También accedió, a pedido de la defensa, a que en las próximas audiencias los imputados puedan expresarse en lengua mapuche y contar con un traductor, aunque Cherqui, Nahuel y Huilipan hablan español.

Según el abogado querellante José Velázquez, entre los imputados había roles definidos: "Gabriel Cherqui aportaba capital necesario para las tomas, Gilberto Huilipan estaba a cargo de las cuestiones territoriales y logística y Jorge Nahuel se encargaba de la cobertura política e institucional.  Estos aportes fueron condición determinante para que se pudieran llevar a adelante las usurpaciones", dijo a Infobae.

Uno de los abogados de los imputados, Emmanuel Guagliardo, dijo a este medio que la acusación carece de fundamento. "La comunidad Futaxayén tiene su personería jurídica en trámite. Nunca puede haber instigación a tomar terrenos por parte del órgano que asiste a las comunidades mapuches a ejercer sus derechos y que ha ayudado en la recuperación territorial a muchas otras comunidades. Este es un rol que claramente no puede ser juzgado como delito, como tampoco lo es la recuperación territorial legítima presentada como usurpación".

Entre las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía hay peritajes de cruces telefónicos a celulares y pericias de georeferenciación para robustecer o descartar la hipótesis sobre la presunta reunión de planificación ocurrida el mismo día de las tomas en el paraje Tratayén.