La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del feminicidio de Karla Pontigo, ocurrido hace 14 años en San Luis Potosí, después de que un juzgado federal advirtió un conflicto de interés de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y garantizar justicia a la familia.
En u comunciado, Amnistía Internacional señaló que el expediente está desde febrero de 2022 en la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la FGR.
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Sin emabrgo, la instancia federal tiene a su cargo una investigación marcada por deficiencias en la preservación de pruebas, la atención a la familia y la aplicación de la perspectiva de género.
La organziación indicó que el caso llega a la autoridad federal después de una década en la que las instituciones de San Luis Potosí no lograron esclarecer la muerte de la joven. La familia sostiene que las omisiones impidieron conocer la verdad y sancionar a las personas responsables.
Comentó que la madre de Karla, Esperanza Lucciotto, se reunió el viernes 25 de septiembre de 2026 con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para pedir avances en el acceso a la verdad y la justicia.
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En el encuentro participaron integrantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que litiga el caso, así como representantes de Amnistía Internacional México, organización que acompaña a la familia desde 2016.
“A 14 años del feminicidio de Karla la familia de la joven sigue viviendo un duelo interminable debido a la incapacidad de las autoridades del estado de San Luis Potosí para investigar el caso, desde un inicio, con la debida diligencia”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La representante agregó que esas deficiencias impiden, en numerosas muertes violentas de mujeres, el acceso a una justicia pronta y expedita. La organización señaló que mantendrá el acompañamiento a la familia durante la investigación federal.
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SCJN ordenó investigar la muerte de Karla Pontigo con perspectiva de género
La familia llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el juicio de amparo 1284/2015. El recurso fue promovido en julio de 2015 con el acompañamiento de la Fundación para la Justicia, con el objetivo de que la muerte fuera investigada bajo criterios de perspectiva de género.
La SCJN emitió su sentencia el 13 de noviembre de 2019. Entre sus determinaciones, invalidó la consignación por homicidio culposo que el Ministerio Público realizó el 20 de agosto de 2013.
La resolución obligó a la entonces Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, antes Procuraduría General de Justicia estatal, a reponer la investigación y realizar las diligencias necesarias para indagar la muerte de Karla con perspectiva de género.
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La Corte también señaló la responsabilidad de las autoridades judiciales que obstruyeron el derecho de Karla y de su familia al debido proceso.
La sentencia ordenó iniciar los procedimientos necesarios para determinar posibles sanciones administrativas o penales contra las personas servidoras públicas involucradas por su actividad irregular.
Entre las irregularidades descritas está la falta de protección de la escena del crimen, que fue limpiada. Las autoridades tampoco tomaron fotografías del lugar ni resguardaron de forma adecuada la cadena de custodia de muestras y pruebas.
La investigación estatal también negó a la familia el acceso al expediente desde el inicio.
Además, se perdieron pruebas que podían establecer si Karla sufrió una agresión sexual, de acuerdo con la información presentada por las organizaciones acompañantes.
Las autoridades tampoco consideraron la denuncia de Esperanza Lucciotto sobre el acoso sexual y la violencia psicológica que, según expuso, Karla sufría por parte de su jefe. Pese a esas omisiones, el expediente fue consignado como homicidio culposo.
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FGR recibe el expediente tras el señalamiento de conflicto de interés
La FGR atrajo el caso en febrero de 2022, luego de que el Juzgado Primero de Distrito en San Luis Potosí se pronunciara sobre la existencia de un conflicto de interés de la Fiscalía estatal para investigar y garantizar justicia.
Fabienne Cabaret, directora de la Fundación para la Justicia, afirmó: “El caso de Karla Pontigo es un reto y una oportunidad para que la FGR obtenga resultados diferentes en materia de feminicidio, en apego al Plan Estrategia de Procuración de Justicia 2026-2030”.
Cabaret señaló que la organización ofreció trabajar el expediente desde nuevos paradigmas, con el propósito de resolver el caso y dejar precedentes para otras víctimas de feminicidio.
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La sentencia de la SCJN también advirtió que la estructura de la Fiscalía estatal era insuficiente para realizar investigaciones diligentes, exhaustivas, imparciales y con perspectiva de género en casos de presuntos feminicidios.
A partir de ese señalamiento, el fiscal general de San Luis Potosí creó mediante el Acuerdo General Número 004/2020 la Unidad Especializada, Multidisciplinaria e Itinerante en materia de género. La unidad quedó encargada de investigar, perseguir y litigar asuntos relacionados con muertes violentas de mujeres y feminicidios.
La familia aún espera la reparación ordenada desde 2015
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2015 la Recomendación 55/2015 por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el caso. El documento ordenó la reparación integral del daño para la familia de Karla Pontigo.
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Hasta ahora, los familiares no han recibido esa reparación, según la información de las organizaciones que acompañan el proceso.
Amnistía Internacional impulsó en 2020 la campaña internacional #LaLuchaContinúa, para exigir la investigación de las personas servidoras públicas que participaron en el caso y reclamar la reparación integral del daño.
En 2022, la organización realizó la campaña #10AñosSinKarla, que reunió 66 mil 098 firmas de activistas de distintos países. La exigencia incluyó justicia para Karla, reparación para su familia y la creación de una fiscalía especializada en feminicidios.
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