Gobierno obstaculiza transparencia en materia ambiental, no hay claridad sobre Acuerdo de Escazú en México, acusan organizaciones

Organizaciones ambientales acusan que el gobierno de México obstaculiza el acceso a información ambiental y sobre la aplicación del Acuerdo de Escazú al entregar respuestas incompletas, declararse incompetentes o remitirse entre sí las solicitudes sobre los instrumentos con los que México debía cumplir sus compromisos internacionales.

El señalamiento ocurre, luego de que colectivos y organizaciones civiles solicitaron a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), documentos sobre la hoja de ruta, el plan nacional y los diagnósticos para implementar el acuerdo. Las dependencias no entregaron los materiales que permitieran verificar los avances anunciados por el propio Estado mexicano.

La falta de documentos ocurrió mientras Semarnat reportó inversiones multimillonarias en saneamiento de ríos, restauración ambiental, agua potable, reducción de emisiones y manejo de residuos.

Semarnat, SRE y Segob no entregaron los documentos que sustentaran los avances

Las organizaciones señalaron que las respuestas oficiales dejaron sin claridad quién era responsable de resguardar la información sobre la implementación del Acuerdo de Escazú. Semarnat y SRE habrían trasladado las solicitudes una a la otra sin proporcionar una respuesta de fondo.

Segob, por su parte, informó que no localizó la documentación solicitada. Semarnat respondió en otro caso que los instrumentos continuaban en elaboración y bajo revisión interinstitucional, pese a que representantes gubernamentales habían declarado meses antes que ya existían avances.

Durante la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, realizada en abril de 2026, el Estado mexicano confirmó que contaba con un documento inicial para una hoja de ruta. El 17 de junio, autoridades de SRE, Segob, Semarnat y otras instituciones también informaron a organizaciones civiles que tenían avances en el proceso.

Esas declaraciones llevaron a los grupos firmantes a presentar solicitudes de acceso a la información. Buscaban conocer los documentos que demostraran las acciones anunciadas, los plazos previstos, las dependencias responsables y los recursos asignados.

Las respuestas no permitieron conocer esos elementos. Las organizaciones encontraron declaraciones de incompetencia, notoria incompetencia, problemas para localizar archivos, desechamiento de solicitudes e información insuficiente.

La opacidad contrastó con los anuncios de Semarnat sobre política ambiental

La falta de información sobre Escazú se produjo mientras Semarnat difundió un balance de programas ambientales. La dependencia aseguró que ejecutó obras de agua potable en 2,183 municipios y que mantenía 17 proyectos estratégicos con una inversión de 8,000 millones de pesos.

También informó que asignó 1,500 millones de pesos a labores de remediación en el río Sonora. El programa contempló un hospital regional, 22 plantas potabilizadoras y el retiro de 10,000 toneladas de suelo contaminado en un tramo de ocho kilómetros.

La secretaria Alicia Bárcena había presentado esos proyectos como parte de una política enfocada en atender contaminación, deterioro ambiental y cambio climático. Aun así, en el país persistían más de 300 luchas ambientales relacionadas con el agua, actividades extractivas, infraestructura y desarrollos inmobiliarios.

Ese contraste expuso una brecha entre los anuncios gubernamentales y las condiciones para que comunidades, organizaciones y personas defensoras conocieran cómo se tomaban las decisiones ambientales. Sin la hoja de ruta y el plan nacional, no era posible evaluar si los programas oficiales incluían medidas verificables de acceso a información, participación pública y justicia ambiental.

Las organizaciones advirtieron que el acceso a esos instrumentos no era un asunto administrativo. La documentación permitiría conocer si el gobierno cumplió sus obligaciones, si existían retrasos y qué acciones se habían destinado a proteger a quienes defendían territorios y recursos naturales.

Las dependencias fragmentaron la información sobre el Acuerdo de Escazú

El comunicado sostuvo que las remisiones entre Semarnat y SRE crearon un circuito institucional que fragmentó la información. Ninguna de las dos secretarías asumió plenamente la responsabilidad de responder qué parte del proceso coordinaba, qué documentos conservaba o cuáles eran los avances disponibles.

Esa dispersión dificultó reconstruir el estado de la implementación del acuerdo. También limitó la posibilidad de exigir rendición de cuentas por compromisos internacionales que México ratificó para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental.

Las agrupaciones consideraron que las dependencias incumplieron disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública al no entregar respuestas completas y de fondo. Afirmaron que la falta de documentos también contravenía el principio de máxima publicidad previsto en el Acuerdo de Escazú.

El acuerdo obligaba al Estado a garantizar que el público pudiera acceder a la información ambiental bajo posesión, control o custodia de autoridades. Las organizaciones señalaron que ese deber incluía difundir documentos de planeación, diagnósticos, mecanismos de seguimiento y criterios para la participación social.

La ausencia de esos materiales impedía saber si los compromisos internacionales se tradujeron en acciones para prevenir agresiones, atender riesgos y garantizar la intervención de comunidades en decisiones que afectaban sus territorios.

Las organizaciones exigieron participación desde la elaboración de los planes

Las organizaciones firmantes reconocieron que las instituciones mantuvieron reuniones y espacios de diálogo con la sociedad civil. Sostuvieron que esas mesas no sustituyeron el deber de entregar información completa ni el acceso a los documentos que respaldaran los anuncios oficiales.

También plantearon que la participación pública debía darse desde las etapas iniciales de la hoja de ruta, los planes de trabajo y los instrumentos de implementación. Cuestionaron que la consulta pudiera reducirse a validar documentos elaborados previamente por las autoridades.

Entre las organizaciones firmantes estuvieron ARTICLE 19 México y Centroamérica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Servicios del Pueblo Mixe, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, Maderas del Pueblo del Sureste y la Red Nacional para la Defensa Jurídica del Territorio y la Implementación del Acuerdo de Escazú.

Los colectivos exigieron a Semarnat, SRE y Segob hacer públicos los documentos relacionados con la implementación del Acuerdo de Escazú y garantizar respuestas claras, completas y de fondo a las solicitudes de información presentadas.