El caso de Los Cromos: qué falta esclarecer sobre la presunta red de protección municipal en Juchitán

La detención de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, en Guadalajara, Jalisco, este 14 de octubre, ocurrió tres semanas después del arresto del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y del inicio de las investigaciones contra funcionarios municipales por su presunta relación con Los Cromos, grupo criminal señalado por extorsiones y homicidios en el Istmo de Oaxaca.

La Fiscalía aún debe esclarecer qué acciones se atribuyen a cada uno de los funcionarios detenidos y qué pruebas sostienen las sospechas de protección institucional a la organización.

El caso ya incluye detenciones de integrantes señalados del grupo criminal y de funcionarios municipales. Sin embargo, las acusaciones todavía deben sostenerse con pruebas que permitan establecer si existió una colaboración sistemática entre servidores públicos y Los Cromos, quiénes habrían participado y qué conductas se atribuyen a cada persona.

El alcalde y el excomisionado policial, bajo investigación

Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, fue detenido el 23 de septiembre de 2026, cuando todavía era presidente municipal de Juchitán. Ese mismo día también fue arrestado Carlos Alberto “N”, alias “La Parka”.

La Fiscalía de Oaxaca señaló a Sánchez Altamirano y a “La Parka” por su probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las investigaciones apuntan a presuntas acciones para encubrir o favorecer actividades ilícitas de Los Cromos, aunque la responsabilidad de cada uno deberá establecerse durante el proceso judicial.

Un día después, el 24 de septiembre, fue detenido Jhon Keny Segura Moreno, excomisionado de la Policía Municipal. El 1 de octubre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado, debido a que presuntamente brindaba protección al grupo criminal.

También es necesario determinar si las sospechas involucran únicamente a los funcionarios detenidos o si la investigación comprende a otros servidores públicos y agentes municipales.

Las denuncias sobre policías y el uso de patrullas

Antes de las detenciones, habitantes de Juchitán denunciaron presuntas acciones de colaboración entre policías municipales e integrantes de Los Cromos. Testimonios de vecinos han descrito el uso de patrullas oficiales para trasladar a personas señaladas como integrantes del grupo y acompañar a quienes cobraban extorsiones a comerciantes.

Uno de los testimonios describió a un hombre identificado por los vecinos como integrante de la organización que, después de permanecer en un comercio, subió a una patrulla municipal. Otro comerciante relató que pagaba mil pesos semanales y que, en ocasiones, quienes acudían a cobrar estaban acompañados por una unidad policial.

Para establecer qué ocurrió, las autoridades tendrían que contrastar los testimonios con registros de patrullaje, bitácoras de servicio, comunicaciones entre policías, grabaciones disponibles y otros datos de prueba. También falta conocer si los agentes mencionados en las denuncias han sido identificados formalmente y si la Fiscalía les atribuye conductas específicas.

El C2 y los antecedentes de la intervención policial

En junio de 2025, fuerzas estatales y federales tomaron el control de la Policía Municipal y del Centro de Control y Comando (C2) de Juchitán como parte de la Operación Sable, dirigida contra delitos como extorsión, homicidio, secuestro y cobro de piso en el Istmo de Tehuantepec.

Ese antecedente plantea preguntas sobre el funcionamiento de las corporaciones municipales y el manejo de la información de seguridad. Sin embargo, no hay elementos públicos suficientes para afirmar que Los Cromos utilizaran las cámaras del C2, que tuvieran acceso a sus sistemas o que algún funcionario alterara registros para favorecer a la organización.

La Fiscalía debe aclarar qué hallazgos surgieron de la intervención de 2025, si el funcionamiento de la Policía Municipal y del C2 forma parte de las líneas actuales de investigación y si existen pruebas que relacionen esos antecedentes con las acusaciones contra Sánchez Altamirano y Segura Moreno.

También falta establecer si hubo fallas de supervisión, filtraciones de información operativa o intervenciones deliberadas de servidores públicos. Son escenarios distintos y requieren pruebas específicas para atribuir responsabilidades.

La captura de “El Cromo” y las preguntas pendientes

Iván Sánchez Santiago fue detenido este miércoles 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo en el que participaron la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Sánchez Santiago tenía órdenes de aprehensión por homicidio calificado relacionadas con tres víctimas, además de otra orden vinculada con un caso de 2020. Las autoridades también lo relacionan con las investigaciones por el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán.

Las acusaciones contra “El Cromo” y las investigaciones sobre funcionarios municipales forman parte del mismo contexto de presuntas actividades criminales en la región, pero la detención del señalado como líder de Los Cromos no demuestra, por sí misma, cómo habría operado una posible red de protección institucional.

Uno de los puntos pendientes es establecer qué relación mantenía Sánchez Santiago con los funcionarios detenidos y qué pruebas sustentan las sospechas de colaboración. También falta conocer si existen otras órdenes de aprehensión contra personas presuntamente vinculadas con la organización o si las autoridades investigan a más integrantes de la administración municipal.

Otro aspecto por esclarecer es la estructura de Los Cromos y su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades han señalado ese vínculo, pero para dimensionar su alcance es necesario conocer qué información respalda esa identificación, qué funciones desempeñaban los integrantes del grupo y cuál era su área de operación.

Las próximas actuaciones judiciales y los resultados de las diligencias ministeriales deberán precisar si las detenciones permiten acreditar responsabilidades individuales y cómo se relacionan las acusaciones por extorsión y otros delitos con la presunta protección desde el gobierno municipal. Hasta que existan pruebas y resoluciones judiciales, las imputaciones contra los funcionarios y los señalados como integrantes de Los Cromos deberán mantenerse como acusaciones sujetas a investigación.