Más soldados, igual violencia: las claves del fracaso militar en Sinaloa

La presencia militar desplegada por el gobierno de Claudia Sheinbaum en Sinaloa no logró detener la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza, las dos facciones del Cártel de Sinaloa que se enfrentan desde septiembre de 2024, cuando Joaquín Guzmán López entregó a Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos.

Un despliegue que llegó a sumar más de 11 mil soldados y agentes de la Guardia Nacional no impidió que la violencia continuara durante dos años y se desplazara hacia Mazatlán y la frontera con Nayarit, según documentó un equipo de InsightCrime que viajó a Culiacán.

El sitio especializado en crimen organizado envió a la analista Victoria Dittmar y al codirector Steven Dudley a recorrer la capital sinaloense. Ambos constataron que los retenes militares y la vigilancia constante coexisten con ataques que ocurren a plena luz del día en zonas céntricas de la ciudad.

El tiroteo que InsightCrime presenció bajo vigilancia militar en Culiacán

Durante su visita, el equipo de InsightCrime presenció un tiroteo en un restaurante cercano a su hotel, un jueves por la noche. El objetivo era un cantante de narcorap cuyas letras hacían referencia a Los Chapitos, según relató Dittmar.

El ataque ocurrió en un horario en que el local estaba lleno de familias y grupos de amigos. Dittmar explicó que ese tipo de agresiones contra integrantes o simpatizantes de la facción rival sigue siendo frecuente pese al operativo militar en marcha.

Ese episodio sintetiza el primer motivo del fracaso de la estrategia: la violencia cambió de forma, pero no se detuvo. Dudley señaló que esos hechos ocurren “bajo las narices” de una presencia militar sin precedentes en la zona.

Los signos visibles del crimen organizado, en cambio, sí disminuyeron. Los llamados “punteros”, jóvenes vigías con radios que antes custodiaban distintas zonas de la ciudad, ya no se observan en el espacio público.

La parafernalia narco y los narcocorridos dejaron de reproducirse de forma abierta. Esa retracción simbólica generó dudas entre los propios investigadores sobre si refleja una pérdida real de poder o simplemente miedo de la población a exhibir cualquier vínculo con los grupos armados.

El despliegue militar bajo Sedena y su efecto limitado en Culiacán

La respuesta estatal recayó casi por completo en fuerzas federales bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército y la Guardia Nacional mantienen retenes en los accesos a Culiacán y una vigilancia constante dentro de la ciudad, según documentó el trabajo de campo de InsightCrime.

Un estudio de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point ofrece una explicación concreta del límite de esa estrategia. El análisis, elaborado por Sandra Pellegrini, responsable regional de la organización Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), identificó que los cárteles modificaron sus operaciones para reducir su exposición ante las fuerzas de seguridad.

La investigación detectó un uso creciente de drones explosivos, minas terrestres improvisadas y desapariciones forzadas como forma de ejercer control territorial con menor visibilidad. Solo en 2026, ACLED documentó al menos 54 ataques con drones por parte de organizaciones criminales, concentrados principalmente en Sinaloa y Michoacán.

Por qué la presencia militar no logró detener la guerra del Cártel de Sinaloa tiene una respuesta directa: el Ejército concentró sus operativos en Culiacán, mientras las facciones trasladaron sus disputas hacia otros municipios y adoptaron tácticas menos visibles, como ataques selectivos y desapariciones. El resultado fue una reducción de la violencia en la capital sinaloense, pero un recrudecimiento del conflicto en el sur del estado.

Mazatlán y Escuinapa, los municipios donde la violencia se multiplicó

El estudio de West Point confirmó esa dinámica con cifras concretas. Los incidentes violentos se duplicaron en Mazatlán y se multiplicaron por cinco en Escuinapa respecto de 2025, mientras la violencia disminuía en Culiacán.

La propia investigación advirtió que la concentración de operaciones en la capital pudo contribuir a ese desplazamiento del conflicto hacia otras regiones. Las organizaciones mantuvieron sus enfrentamientos por el control territorial y las economías criminales, solo que en escenarios donde la presencia militar era menor.

Dudley explicó que los combates se trasladaron hacia el puerto de Mazatlán y hacia municipios fronterizos con el estado de Nayarit. Esas rutas, según el codirector de InsightCrime, adquirieron un valor estratégico creciente para las facciones en disputa.

A nivel nacional, el mismo estudio reconoció una disminución del 19% en los eventos violentos protagonizados por grupos armados no estatales durante los primeros ocho meses de 2026. Esa cifra, sin embargo, convive con el recrudecimiento de la violencia en municipios específicos de Sinaloa, lo que evidencia un patrón de desplazamiento más que de contención real.

Las desapariciones y la corrupción que erosionaron el operativo militar

Las desapariciones forzadas se consolidaron como un fenómeno que no había caracterizado a los conflictos previos en Sinaloa. Ese patrón de violencia menos visible se sumó a ataques selectivos contra laboratorios clandestinos y viviendas vinculadas a la facción rival.

El despliegue militar, además, coincidió con un escándalo que afectó al gobierno local. Autoridades de Estados Unidos imputaron a principios de este año a figuras del gobierno estatal, incluido quien ocupaba entonces la gubernatura de Sinaloa, por presuntos vínculos con Los Chapitos.

Esos vínculos habrían incluido protección a cargamentos de droga y alertas previas sobre operativos de seguridad. La denuncia introdujo una variable adicional al fracaso de la estrategia militar: la sospecha de que parte del aparato estatal operaba en sentido contrario al despliegue federal.

Las operaciones federales sí derivaron en arrestos de operadores financieros y logísticos de ambas facciones. Esos golpes puntuales, no obstante, no alteraron la dinámica general del conflicto ni impidieron su extensión territorial.

El gobierno de Sheinbaum reforzó el operativo tras un ataque armado contra dos legisladores estatales. La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 1.600 soldados adicionales, entre ellos 90 miembros del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, trasladados en cuatro aviones de transporte de la Fuerza Aérea.

Ese refuerzo llegó menos de una semana después de que cientos de personas protestaran en Culiacán por la muerte de un civil durante un operativo militar fallido. Un hombre de 24 años murió baleado mientras conducía, en lo que las autoridades describieron como un caso de identidad equivocada.

El saldo de dos años de confrontación superó las 3 mil muertes, según cifras citadas durante las movilizaciones de septiembre en Culiacán. Más de 5 mil negocios cerraron y la economía estatal perdió miles de empleos, de acuerdo con el testimonio del dirigente empresarial Sergio Esquer.

El propio Ejército informó en octubre que había matado a 19 presuntos integrantes de los cárteles y detenido a un líder local, en lo que calificó como sus enfrentamientos más violentos en años contra el narcotráfico. Ese dato ilustra la intensidad de la confrontación militar sin que ello haya significado el fin del conflicto.

Steven Dudley planteó que el eventual ganador de la guerra podría ser Fausto Isidro Meza, conocido como “Chapo Isidro”, una figura que permaneció fuera de la escena pública durante años. Su posible ascenso ocurre, según el codirector de InsightCrime, pese al despliegue militar más grande que haya enfrentado el estado de Sinaloa en su historia reciente.

Dos años después de que Joaquín Guzmán López entregara a Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos, la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza sigue activa en Sinaloa. Un equipo de InsightCrime, integrado por la analista Victoria Dittmar y el codirector Steven Dudley, viajó a Culiacán y documentó que la violencia continúa pese a un despliegue militar sin precedentes.

Según relató Dittmar, durante la visita del equipo hubo un tiroteo en un restaurante cercano a su hotel. El objetivo era un cantante de narcorap cuyas letras hacían referencia a Los Chapitos.

El tiroteo que InsightCrime presenció en Culiacán durante su visita

El ataque ocurrió un jueves por la noche, en un horario en que el local estaba lleno de familias y grupos de amigos. Dittmar explicó que ese tipo de agresiones contra integrantes o simpatizantes de la facción rival sigue siendo frecuente en la ciudad.

El episodio confirma que los asesinatos selectivos, dirigidos contra personas vinculadas o percibidas como afines a un bando, reemplazaron en buena medida a los enfrentamientos abiertos de la primera fase de la guerra. Dittmar señaló que esto ocurre “bajo las narices” de una presencia militar sin precedentes en la zona.

¿Por qué la presencia militar no logró frenar la guerra en Sinaloa? Porque los operativos redujeron la visibilidad del crimen organizado en Culiacán, como los puntos de vigilancia callejeros y la parafernalia narco, pero no impidieron el traslado del conflicto hacia otros municipios ni los ataques selectivos. El despliegue militar coincidió con un desplazamiento geográfico de la disputa hacia Mazatlán y la frontera con Nayarit.

Los signos visibles del narcotráfico desaparecieron, pero la violencia no

Antes del conflicto, era habitual ver en Culiacán a los llamados “punteros”: jóvenes vigías con radios apostados en distintos puntos de la ciudad. Dittmar confirmó que esa figura ya no es visible en el espacio público.

La parafernalia asociada al narcotráfico, como gorras y camisetas con símbolos de los cárteles, también dejó de observarse con la frecuencia de años anteriores. Los narcocorridos, canciones que hacen referencia directa a organizaciones criminales, ya no se reproducen de forma abierta en bares y espacios públicos.

Pese a esa disminución de la presencia simbólica, Dittmar fue categórica: la violencia sigue sin mostrar señales de que la guerra esté por terminar. Steven Dudley planteó que todavía es difícil medir si esa retracción de símbolos responde a una erosión real de la legitimidad de los grupos criminales o simplemente al miedo de la población.

Dudley recordó que la facción de Los Chapitos llegó a sentirse dueña de Culiacán, con libertad de movimiento y gasto visible en clubes y restaurantes de alta gama. Esa sensación de impunidad territorial contrasta con la disminución actual de signos públicos de pertenencia narco.

La vida cotidiana de los residentes bajo un cálculo de seguridad constante

Para los habitantes de Culiacán, salir de casa implica evaluar a diario si vale la pena ir a determinado lugar y en qué horario. Dittmar describió que los vecinos comparten ubicaciones entre sí y consultan grupos de WhatsApp para verificar si es seguro moverse por la ciudad.

Esa información compartida entre residentes no siempre está confirmada, lo que alimenta una sensación colectiva de incertidumbre. Según Dittmar, la percepción dominante entre los entrevistados es que “algo puede pasar en cualquier momento”, ya sea en un mercado, un centro comercial, un restaurante o la calle.

Aunque en ciertas semanas la intensidad de los enfrentamientos disminuye, esa sensación de riesgo permanente no desaparece. Dittmar explicó a InsightCrime que incluso cuando la violencia parece ceder, los residentes no bajan la guardia porque consideran que un hecho violento puede ocurrir en cualquier punto de la ciudad.

El impacto económico ha sido severo desde el inicio del conflicto. Algunos economistas estimaron que el golpe a la economía de Culiacán fue incluso mayor que el ocasionado por la pandemia de covid-19.

Dittmar confirmó que, en la actualidad, muchos comercios siguen cerrados y los hoteles operan con baja ocupación. Restaurantes que antes permanecían abiertos hasta tarde ahora cierran sus puertas más temprano de lo habitual.

El empresario Sergio Esquer, dirigente de Movimiento Ciudadano en el estado, informó que más de 5 mil negocios cerraron desde el inicio de la disputa entre facciones. Esa cifra forma parte del deterioro económico que atraviesa una entidad de tres millones de habitantes.

Tres guerras en menos de veinte años dentro del Cártel de Sinaloa

Steven Dudley aportó una perspectiva histórica al señalar que el conflicto actual es la tercera gran fractura interna del Cártel de Sinaloa en años recientes. La primera ocurrió en 2008, cuando la facción de Joaquín “El Chapo” Guzmán rompió su alianza con los hermanos Beltrán Leyva.

Dudley explicó que aquella ruptura derivó en acusaciones cruzadas de traición entre ambos bandos y en un nivel de violencia que, en términos de homicidios, superó incluso al del conflicto actual. La segunda fractura se produjo alrededor de 2017, impulsada por una facción local encabezada por un operador identificado como Minilik.

Esa segunda guerra generó violencia, aunque de menor magnitud que la primera. El conflicto actual, que estalló en septiembre de 2024 tras la entrega de “El Mayo” Zambada a autoridades estadounidenses, representa entonces el tercer gran quiebre interno de la organización en menos de dos décadas.

Dudley sugirió que esta repetición cíclica podría generar entre los habitantes de Sinaloa cierta familiaridad con los ciclos de violencia. Al mismo tiempo, reconoció que la fatiga acumulada tras tres guerras sucesivas plantea la pregunta de si existe un límite para la tolerancia social frente a estos episodios.

La respuesta estatal ante el conflicto recayó en fuerzas federales bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército y la Guardia Nacional mantienen retenes en los accesos a Culiacán y una vigilancia constante dentro de la ciudad, según documentó el trabajo de campo de InsightCrime.

Esa presencia militar coincidió con un escándalo político: autoridades de Estados Unidos imputaron a inicios de este año a figuras del gobierno estatal, incluido quien era entonces el gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con Los Chapitos. Las operaciones federales derivaron en arrestos de operadores financieros y logísticos de ambas facciones, aunque sin frenar el conflicto de fondo.

Dudley planteó durante la visita que existe un posible ganador dentro de esta guerra prolongada: Fausto Isidro Meza, conocido como “Chapo Isidro”. Según el codirector de InsightCrime, esta figura permaneció fuera de la escena pública durante años y podría emerger ahora como el actor con mayor proyección del conflicto.

Los combates, inicialmente concentrados en Culiacán, se desplazaron hacia el puerto de Mazatlán y hacia municipios fronterizos con el estado de Nayarit. Ese desplazamiento geográfico sugiere que las rutas del sur del estado adquirieron un valor estratégico creciente para las facciones en disputa.

El equipo de InsightCrime concluyó que el Cártel de Sinaloa no está desarticulado, sino en proceso de reconfiguración de su estructura de mando. Según su análisis, esta es la tercera guerra interna de la organización en veinte años, y las fuentes locales consultadas coinciden en que la estructura criminal más amplia permanece intacta pese al desgaste de dos años de enfrentamientos.