
Organizaciones comunitarias, civiles y académicas de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA) rechazaron las acciones anunciadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el saneamiento de ríos, al considerar que privilegian medidas superficiales, sin atender las causas de la contaminación industrial; denunciaron que los trabajos de limpieza de ríos afectan a los pobladores al contaminarlos de tóxicos.
En un pronunciamiento, los colectivos cuestionaron la política ambiental presentada por la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, durante la conferencia presidencial del 30 de septiembre, como parte del Segundo Informe de la dependencia.
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Las agrupaciones sostuvieron que la llamada “política ecológica y ambiental humanista” no garantiza justicia socioambiental para las comunidades que habitan la cuenca Atoyac-Zahuapan, una zona que ha sido reconocida como Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental.
Uno de sus principales cuestionamientos es el anuncio de más de mil 300 jornadas de limpieza en ríos, mares y costas. De acuerdo con las organizaciones, convocar a la población a retirar residuos o intervenir zonas ribereñas sin informar sobre los contaminantes presentes representa un riesgo para la salud.
“Si en eso consiste la participación social en su política ambiental, lo mejor es que se detengan para no poner en riesgo la salud de quien, sin tener información, acude de buena fe a esas jornadas”, señalaron.
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Alertan por presencia de benceno y cloruro de vinilo
Las organizaciones citaron mediciones efectuadas durante la visita a Tlaxcala de Marcos A. Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos. Según el pronunciamiento, en un tramo del río Atoyac se detectaron concentraciones de benceno, cloruro de vinilo y clorobenceno por encima de niveles considerados seguros para las personas.
De acuerdo con los datos referidos, el benceno habría superado en 80% los niveles de seguridad; el cloruro de vinilo, en 45%, y el clorobenceno, en 401%.
Ante ello, exigieron detener la remoción de sedimentos y vegetación en ríos, arroyos y lagos hasta que existan estudios que determinen cómo realizar estas labores sin exponer a trabajadores, voluntarios y habitantes a sustancias tóxicas.
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También reclamaron que las autoridades garanticen la reducción y eliminación de contaminantes industriales en el aire, agua y suelo, al considerar que esta es la causa central de la devastación ambiental en el Alto Atoyac.
Cuestionan inversión en plantas de tratamiento
El Gobierno federal anunció recursos superiores a 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, así como más de 80 mil millones de pesos para 17 proyectos estratégicos del sector ambiental.
Sin embargo, las organizaciones consideraron que el monto de la inversión no resolverá la crisis si no se frena la descarga de contaminantes tóxicos por parte de industrias y si las comunidades no participan en el diseño, evaluación y seguimiento de los proyectos.
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Advirtieron que la construcción de plantas de tratamiento resulta insuficiente cuando no se atiende la carga tóxica industrial. En ese sentido, citaron observaciones del relator Orellana, quien ha señalado que las obras de tratamiento que no previenen el daño ambiental ni garantizan una reparación integral pueden comprometer la salud de las generaciones actuales y futuras.
Los grupos firmantes también demandaron un plan de salud para prevenir y atender enfermedades relacionadas con la exposición persistente a contaminantes ambientales en la cuenca.
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