
Colectivos, organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos exigen frenar la autopista Palenque-San Cristóbal en Chiapas. Acusan que el proyecto destruye selvas, bosques y manantiales, además de impulsar actos de vigilancia, hostigamiento y criminalización contra personas indígenas que se oponen a la obra.
Las organizaciones firmantes sostienen que la llamada “Ruta de las Culturas Mayas” amenaza parcelas familiares, cerros y fuentes de agua de las que dependen miles de habitantes en comunidades choles, tseltales y tsotsiles. También piden a autoridades federales y estatales detener los trabajos y revisar las presuntas irregularidades señaladas.
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El reclamo ocurre después de que el gobierno de Chiapas anunció en junio de 2025, el inicio de la carretera Palenque-Ocosingo. La administración estatal presentó la obra como un proyecto respaldado por comunidades y orientado a mejorar la conectividad, la seguridad vial, el turismo y la actividad económica regional.
Organizaciones acusan afectaciones a manantiales y tierras de cultivo
El pronunciamiento está firmado por colectivos como Greenpeace México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Maderas del Pueblo del Sureste, Alianza Jaguar, CEDICAR, CartoCrítica y GeoComunes, además de organizaciones mexicanas e internacionales.
Las agrupaciones afirman que la construcción ya provocó daños en manantiales que abastecen directamente a comunidades cercanas al trazo. También denuncian presión para continuar los trabajos, incluida la presunta entrada de empleados de empresas constructoras a parcelas de familias indígenas.
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De acuerdo con las organizaciones firmantes, la obra pone en riesgo miles de hectáreas de selva, bosque tropical, tierras de cultivo y cuerpos de agua. En su carta, describen la carretera como un proyecto de despojo territorial que amenaza las formas de subsistencia de poblaciones que dependen de la siembra y del cuidado de la tierra.
El bloque de colectivos sostiene que el rechazo comunitario no es reciente. Señala que cientos de comunidades indígenas se han pronunciado contra el proyecto desde su planteamiento original, en 2014, al considerar que vulnera sus derechos colectivos y su relación con el territorio.
También asegura que la obra carecería de estudios y permisos necesarios para iniciar la construcción. Las organizaciones solicitan a la Semarnat detener los daños denunciados y a la Profepa realizar una visita para documentar las irregularidades que atribuyen al avance de los trabajos.
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Gobierno anuncia carretera de 94 kilómetros con pasos de fauna y puentes
En junio de 2025, el gobierno del estado de Chiapas presentó una versión distinta sobre la obra. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó entonces el inicio de la construcción de la carretera Palenque-Ocosingo y afirmó que el proyecto responde a una demanda de comunidades de la región.
Según ese anuncio, la vía contempla 94 kilómetros de carretera, incluidos 16 kilómetros de un ramal de acceso. El plan considera 73 estructuras, entre entronques, puentes, túneles, pasos de fauna y viaductos.
El gobierno estatal indicó que la primera fase abarcaría un tramo de 4.65 kilómetros con dos carriles, pavimento asfáltico, dos pasos inferiores y dos puentes. La administración estimó la generación de 5,500 empleos directos y 16,500 indirectos durante el desarrollo de la obra.
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En el acto de arranque, el gobierno aseguró que la carretera no sería concesionada y que los recursos derivados de la actividad económica permanecerían en las comunidades. También afirmó que el proyecto se ejecutaría con respeto al entorno natural, materiales amigables con el medio ambiente y apego a las normas ambientales.
Las organizaciones firmantes cuestionan esa versión. Señalan que una autopista de alta velocidad no puede imponerse sobre la voluntad de los pueblos que viven en el área y rechazan que el proyecto represente una forma de desarrollo comunitario.
Denuncian consultas sin mujeres y vigilancia contra opositores
Otro de los puntos centrales de la carta es la denuncia sobre los procesos de consulta y socialización del proyecto. Mujeres de comunidades tseltales, choles y tsotsiles afirman que fueron excluidas de las asambleas relacionadas con la carretera.
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Las organizaciones sostienen que algunas reuniones se realizaron con personas ajenas a las comunidades y sin presencia de mujeres. Para los colectivos, esas condiciones contravienen los derechos de los pueblos indígenas y cuestionan la afirmación gubernamental de que la obra deriva del diálogo y de la libre decisión de las comunidades.
El comunicado estatal de junio de 2025 señaló que el proyecto contaba con participación de pueblos originarios. Durante el evento, una representante comunitaria expresó respaldo a la carretera y la describió como una oportunidad para acercar a la región con el centro de Chiapas.
Las organizaciones que suscriben la carta afirman que la oposición también tiene una expresión amplia en el territorio. Recordaron que el 9 de agosto más de 4,000 personas de 600 comunidades indígenas participaron en una peregrinación para rechazar la supercarretera.
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El documento denuncia, además, un aumento de la vigilancia y de los intentos de criminalización contra personas defensoras del territorio. Las comunidades reportan sobrevuelos de drones sobre sus tierras y actos de hostigamiento contra quienes rechazan la obra.
Las agrupaciones exigen al gobierno de Chiapas y a los gobiernos municipales abstenerse de ejercer violencia contra opositores. También solicitan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cancelar las acciones vinculadas con la carretera y abrir un diálogo con las comunidades que rechazan el proyecto.
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