ONU pide a México proteger a mujeres buscadoras en Sinaloa ante violencia “alarmante” e impunidad

Expertos de Naciones Unidas exhortaron este 30 de septiembre al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, quienes, advirtieron, continúan enfrentando violencia letal y con frecuencia son víctimas de desaparición forzada.

Desde Ginebra, las personas expertas señalaron que, aunque los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar la labor de las buscadoras, en México siguen afrontando niveles “alarmantes” de violencia que, en los casos más graves, conducen a su propia desaparición o asesinato.

Los casos recientes en Sinaloa

Los especialistas citaron una serie de ataques recientes en Sinaloa como muestra de los riesgos que enfrentan las mujeres que buscan a sus familiares. Entre ellos, mencionaron:

• 29 de agosto de 2026: se denunció la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista en favor de las personas desaparecidas.

• Ese mismo día: Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida”, fue agredida junto con su hija y dos menores.

• 1 de septiembre: integrantes del colectivo “Corazones Unidos por una Misma Causa” fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.

De acuerdo con el comunicado, ese colectivo ha sido blanco de ataques en repetidas ocasiones. En 2026 fue asesinada su integrante Rubí Gómez-Tagle, mientras que María de los Ángeles Valenzuela desapareció en octubre de 2025.

“Impunidad casi total”

Los expertos advirtieron que esta violencia ocurre en un contexto de “impunidad casi total”, lo que contribuye a generar un entorno que favorece la actuación de los perpetradores.

Añadieron que la violencia contra las defensoras suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público. Por ello, sostuvieron que el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar estos hechos.

La búsqueda, responsabilidad del Estado

Uno de los puntos que el organismo enfatizó es que buscar a las personas desaparecidas e investigar los casos es una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias.

Según las personas expertas, la labor de las buscadoras es una extensión de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Si bien consideraron de primordial importancia garantizar su participación en condiciones de seguridad, insistieron en que atacarlas “perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”.

También recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen un deber reforzado de protección respecto de las personas defensoras. En referencia específica a México, el tribunal ha señalado que las mujeres que luchan contra la impunidad constituyen uno de los grupos en situación de mayor riesgo y que los actos de hostigamiento y violencia de género en su contra van en aumento.

Llamado a reconocer su labor

La ONU instó a México a reconocer públicamente la importancia del trabajo que realizan las defensoras que luchan contra las desapariciones y a garantizar el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia.

Los expertos también recordaron la Observación general sobre las mujeres afectadas por desapariciones forzadas, que establece que los Estados deben reconocer la existencia de las mujeres desaparecidas y los daños específicos que sufren por razón de su género, incluidos:

• Violencia sexual y embarazo forzado.
• Daño psicológico y estigma social.
• Desestructuración de sus familias.

Reconocimiento internacional

En medio de este panorama, los especialistas celebraron la aprobación, por parte de la Asamblea General de la ONU, de una resolución que designa el 19 de diciembre como el Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.

Expresaron su “más profundo reconocimiento” a la comunidad internacional por reconocer formalmente la fortaleza, las voces y el liderazgo de estas mujeres.

Las personas expertas indicaron que han enviado comunicaciones previas al Gobierno de México, entre ellas una carta de abril de 2026 sobre el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, a la cual el Gobierno respondió.

¿Quiénes firman el pronunciamiento?

El comunicado es suscrito por relatores y grupos de trabajo de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos Andrea Bolaños Vargas (relatora sobre personas defensoras), Morris Tidball-Binz (relator sobre ejecuciones extrajudiciales) y integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Se trata de expertos independientes que no son personal de la ONU y actúan a título individual, por lo que sus posturas no representan necesariamente las del organismo.