
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (SPCF) ofrecieron una disculpa pública a los familiares de Braulio Bacilio Caballero, adolescente que en 2016 fue registrado erróneamente como una persona desconocida tras morir atropellado y permaneció casi seis años sepultado en una fosa común sin que las autoridades lograran identificarlo.
El acto se realizó este lunes en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), ubicada en avenida Universidad, en cumplimiento de la Recomendación 08/2025, emitida el 29 de agosto de 2025 por ese organismo.
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El reconocimiento de responsabilidad institucional
Durante la ceremonia, Omar Guadalupe Gutiérrez, titular de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la Fiscalía CDMX, calificó el caso como una desaparición administrativa y reconoció que la actuación institucional, entonces a cargo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, presentó deficiencias que vulneraron el derecho de Braulio a ser localizado e identificado oportunamente.

Braulio Bacilio, de 13 años, desapareció el 28 de septiembre de 2016 cerca del Metro Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza. Ese mismo día murió atropellado, pero fue registrado como una persona desconocida de aproximadamente 20 años y enviado a una fosa común. Su identidad se confirmó recién en 2022, mediante estudios genéticos, casi seis años después de que su familia comenzara a buscarlo.
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“Frente a estos hechos, la Fiscalía CDMX reconoce la responsabilidad institucional que le corresponde. No pretendemos minimizar lo ocurrido ni presentar esta disculpa como una respuesta suficiente frente a las consecuencias que ustedes han tenido que enfrentar”, expresó Gutiérrez ante los padres de Braulio.
El funcionario detalló las fallas concretas y aseguró que “no fuimos capaces de vincular el cuerpo de Braulio que se encontraba en el INCIFO con la denuncia de desaparición presentada por su familia, no realizamos oportunamente un cruce de información distinto de la solicitud de datos por edad que nos permitiera identificarlo, no se aplicaron los protocolos homologados de búsqueda y el de búsqueda para niñas, niños y adolescentes”.
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Una cadena de errores que duró seis años
El paramédico que atendió a Braulio tras el atropello lo registró con una edad estimada de 20 años, un dato erróneo que no fue corregido y se reprodujo en todos los documentos y certificados posteriores. Esa equivocación limitó su traslado y el ejercicio de pruebas específicas de identificación, entre ellas el perfil genético y la confronta correspondiente.

David Peña Rodríguez, representante legal de la familia, explicó durante el acto que el caso de Braulio constituye una forma de desaparición que no había sido documentada antes en México: la llamada “desaparición administrativa”, término que describe situaciones en las que una persona fallece pero las autoridades no logran identificarla ni informar a sus familiares sobre su paradero.
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Peña Rodríguez señaló además que ya están identificados los servidores públicos que participaron en las distintas etapas del caso, aunque hasta la fecha ninguno ha sido sancionado.

Mientras tanto, Fernanda Mercedes Caballero y Miguel Bacilio, madre y padre del adolescente, buscaron a su hijo durante casi seis años sin saber que ya había muerto. Sus restos fueron localizados en el INCIFO en 2022 y restituidos a la familia ese mismo año.
La disculpa del INCIFO y los compromisos de cambio
Por su parte, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz, titular del INCIFO, reconoció deficiencias institucionales en materia de identificación, entre ellas la falta de estudios especializados y problemas en el procesamiento y la transmisión de información relevante.
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“A nombre del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses expresó públicamente nuestro pesar y ofrezco una disculpa pública a Braulio, a su memoria y a su familia por las afectaciones derivadas de las deficiencias identificadas y reconocidas en la Recomendación 08/2025”, subrayó Cervantes Arroniz.

El director del INCIFO informó que la institución implementó acciones para fortalecer sus procedimientos, entre ellas la capacitación del personal pericial en métodos científicos de estimación de edad antropológica. Explicó que, cuando los resultados permitan considerar que se trata de un niño, niña o adolescente, se integrará de forma oportuna el archivo básico de identificación y se comunicará de inmediato a las autoridades a cargo de la investigación.
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Cervantes Arroniz añadió que se unificó una base de datos con la Fiscalía CDMX sobre el registro de personas fallecidas en la capital, con el fin de fortalecer el intercambio oportuno de información y evitar que la falta de comunicación vuelva a constituir un obstáculo para la identificación forense.
Lo que sigue pendiente
Gutiérrez expresó la disposición de la Fiscalía CDMX para continuar con el cumplimiento de las medidas establecidas en la Recomendación 08/2025, particularmente las relacionadas con la reparación integral, la determinación de responsabilidades y la adopción de medidas de no repetición.
“Esto no concluye con este acto, aún quedan muchas acciones pendientes por hacer en el marco de la recomendación y de la memoria de Braulio para seguir construyendo una Fiscalía CDMX más diligente, más sensible y más comprometida con las víctimas y sus familias”, agregó.
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La presidenta de la CDHCM, María Dolores González Saravia, reconoció las acciones realizadas por la Fiscalía CDMX para avanzar en el cumplimiento de la recomendación y destacó la importancia del reconocimiento de responsabilidad institucional.
“Una disculpa pública puede dejar constancia de la verdad y permitir que esta permanezca al alcance de la familia y de la sociedad. Que este acto no se confunda con el final del camino. La verdad, la reparación, la investigación de las responsabilidades y los cambios necesarios siguen siendo obligaciones presentes”, apuntó González Saravia.
La funcionaria informó que la CDHCM mantendrá el acompañamiento a la familia y sostendrá un diálogo cercano con los familiares y con las autoridades responsables para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación, que incluye la investigación de posibles responsabilidades de personas servidoras públicas.
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