
La periodista Anabel Hernández aseguró en su podcast Narcosistema que resulta más sencillo detener alcaldes que arrestar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La conductora hizo la afirmación el 24 de septiembre, en el episodio 113 de su programa, después de que Estados Unidos presionara a México para capturar a José Ángel Rivera Zazueta, un operador señalado del Cártel de Sinaloa.
Hernández explicó que las detenciones de presidentes municipales funcionan como una cortina que distrae a la opinión pública. “Que no nos vengan con distractores”, dijo la comunicadora en su programa.
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Anabel Hernández señala a alcaldes de Morena como jefes del crimen organizado
La periodista mencionó en el mismo episodio los casos de Rocha Moya, del exsecretario Alfonso Durazo y de varios alcaldes morenistas bajo sospecha. Según Hernández, estos ediles son los jefes de la criminalidad organizada en sus municipios.
Hernández insistió en que el gobierno federal golpea a mandos locales, pero protege a figuras de mayor peso político. La conductora sostuvo que ese patrón se repite en distintos estados gobernados por Morena.

La autora de Narcocracia recordó que en 2024 expuso los mismos señalamientos en su libro La historia secreta, sin que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ofreciera pruebas en contra. López Obrador calificó entonces a la periodista de mitómana y exigió pruebas del financiamiento del narcotráfico a su campaña.
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Hernández replicó que su libro Narcocracia constituye la prueba que el expresidente reclamaba desde la tribuna. Agregó que López Obrador, tras la publicación, no ha desmentido las acusaciones ni ha aclarado su paradero en el asunto.
La periodista añadió que la detención de alcaldes no equivale a combatir a la narcocracia si no alcanza a los gobernadores señalados. Sostuvo que solo la captura y extradición de Rocha Moya permitiría pensar que el gobierno mexicano actúa contra el crimen organizado.
La detención del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, en Oaxaca
El 23 de septiembre, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron en Ciudad Ixtepec al alcalde de Juchitán de Zaragoza Miguel Sánchez Altamirano. El edil, conocido como Quetu, es señalado por extorsión agravada y por delitos contra la seguridad del Estado, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch.
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¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán? Las autoridades federales lo señalan por presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada a la extorsión, el narcomenudeo y el tráfico de personas en el Istmo de Tehuantepec, y lo capturaron junto a un presunto líder criminal de la misma zona.
Junto con Sánchez Altamirano, las autoridades capturaron a Carlos Alberto, alias La Parca, presunto líder criminal de la zona. Ambos hombres contaban con órdenes de aprehensión relacionadas con la misma investigación, de acuerdo con Infobae.
Las indagatorias, difundidas por El Financiero, vinculan a Sánchez Altamirano con Los Cromos, un grupo que opera como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec. La célula se dedica al cobro de piso, al narcomenudeo, al tráfico de personas y a homicidios, de acuerdo con el reporte.
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Tras el arresto, el gobernador de Oaxaca Salomón Jara solicitó al Congreso estatal la desaparición del ayuntamiento de Juchitán. La medida, reportada por el medio, busca nombrar a un encargado mientras avanza el proceso judicial contra el exalcalde.

Rubén Rocha Moya, acusado en Nueva York, sin detención en México
La periodista Anabel Hernández advirtió que el caso del alcalde de Juchitán no constituye un hecho aislado dentro de la estructura política de Morena. La comunicadora situó a Rocha Moya como la figura central de ese entramado, al frente del gobierno de Sinaloa.
Rocha Moya solicitó licencia indefinida el 22 de agosto, luego de que el Congreso estatal aprobara su separación del cargo un día después. La medida se produjo meses después de la acusación formal que Estados Unidos presentó en su contra.
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El 29 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de conspirar con el Cártel de Sinaloa. Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.
Los fiscales estadounidenses atribuyen a los acusados delitos de narcotráfico y posesión de armas, además de una alianza con la organización criminal a cambio de apoyo político. Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana ha ejecutado una orden de detención contra Rocha Moya.

Hernández sostuvo que, mientras el gobierno captura alcaldes y operadores de menor rango, el gobernador con licencia permanece libre en territorio mexicano. La periodista cuestionó por qué la presidenta Claudia Sheinbaum no aplica contra Rocha Moya la misma presión que ejerció contra los ediles morenistas.
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El antecedente más reciente de esa presión ocurrió el 22 de septiembre, cuando un operativo con apoyo del FBI y la DEA detuvo en Ciudad de México a José Ángel Rivera Zazueta. Hernández documentó desde 2024, en La historia secreta, que Rivera Zazueta operaba en la capital con protección del gobierno que encabezaba entonces Sheinbaum como jefa de Gobierno.
Según un expediente judicial italiano citado por la periodista, Rivera Zazueta pagaba sobornos a la Marina, la Sedena y la Guardia Nacional por cada kilo de cocaína que ingresaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El expediente corresponde a una causa abierta en Catania, Sicilia, desde 2020.
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Hernández relató que un testigo colaborador de la DEA le describió, en 2023, que Rivera Zazueta debía negociar directamente con representantes de Sheinbaum cuando la droga era decomisada. El testigo afirmó que, en esos casos, se exigía la entrega de la mitad del cargamento a cambio de liberar el resto.

El presidente estadounidense Donald Trump acusó a México ante la Asamblea General de la ONU de ser el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga. Trump calificó de inaceptable compartir frontera con un territorio bajo control de esos grupos criminales, según citó Hernández en su podcast.
La periodista interpretó ese señalamiento como una presión directa de Washington para que Sheinbaum rompa pactos con el crimen organizado. Advirtió que Estados Unidos ya obtuvo la entrega de operadores vinculados al Cártel de Sinaloa y que ahora exige avanzar hacia mandos estatales.
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Hernández recordó que un mecanismo similar operó durante el sexenio de López Obrador, cuando la presión estadounidense forzó la detención de narcotraficantes protegidos por el propio gobierno. Comparó ese mecanismo con el que, según su lectura, opera hoy contra la administración de Sheinbaum.
Hasta el cierre de esta nota, Rocha Moya permanece con licencia indefinida y sin una orden de detención ejecutada en México. El caso del alcalde de Juchitán y la acusación contra el gobernador sinaloense quedaron activos ante las autoridades mexicanas y estadounidenses.
García Harfuch informó que las investigaciones sobre la célula de Juchitán continúan abiertas para detener a otros implicados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por su parte, no ha informado una fecha para el eventual traslado de Rocha Moya a territorio estadounidense.
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