FGR, Sedena y Guardia Nacional: así habría penetrado el Cártel de Sinaloa las instituciones, según Anabel Hernández

La periodista Anabel Hernández identifica cuatro instituciones del Estado mexicano como las más penetradas por el crimen organizado en las últimas tres décadas: la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

La investigadora lo afirmó en una entrevista con Infobae México a propósito de su nuevo libro Narcocracia, publicado este año. Según Hernández, la infiltración de esas instituciones no es un fenómeno reciente, sino el resultado de un proceso acumulado que hoy alcanza su punto más crítico.

La periodista distingue entre la corrupción de autoridades locales y la captura de organismos con mandato constitucional para perseguir a la delincuencia organizada. Esa diferencia, señala, determina la magnitud del daño al Estado.

Hernández: la FGR, la Sedena y la Guardia Nacional, las instituciones más comprometidas

“Una cosa es mandar a una policía municipal, a un presidente municipal, a una policía estatal, y otra cosa es tener en tu bolsillo, tener totalmente el control de quienes tienen la obligación constitucional de perseguir a la criminalidad organizada”, declaró Hernández en la entrevista. La periodista incluyó en esa lista a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que encabeza hoy Omar García Harfuch.

Hernández afirma que García Harfuch y su equipo estaban al servicio de la criminalidad organizada antes de asumir sus funciones actuales. Esa afirmación forma parte de una tesis más amplia sobre la penetración del narco en las instituciones de seguridad del país.

La investigadora describe la conquista criminal del Estado mexicano como un proceso gradual, no como un quiebre repentino. “Plaza por plaza, institución por institución, funcionario por funcionario”, resume el avance que documenta en su libro.

Ese proceso, según Hernández, no dependió de un solo gobierno ni de un solo partido. El Ejército mexicano y la Policía Federal, sostiene, ya estaban contaminados con independencia de quién ocupara la Presidencia.

AMLO y el Cártel de Sinaloa: el pacto que Hernández sitúa desde 2006

La periodista ubica el origen del vínculo entre Andrés Manuel López Obrador y el Cártel de Sinaloa en la campaña presidencial de 2006. Según el relato que atribuye a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, exintegrante de esa organización, López Obrador habría recibido en un motel de paso una maleta con más de USD 500.000 y habría ofrecido garantías al grupo criminal a cambio.

Entre esas garantías, Hernández menciona limitar la actuación de la DEA en México, proteger a integrantes del cártel y permitirles operar con niveles reducidos de violencia. La periodista sostiene que ese financiamiento se repitió en las campañas de 2012 y 2018, aunque reconoce que para esos dos ciclos electorales sus fuentes son distintas a El Grande: incluyen a Dámaso López Serrano, Mini Lic, y a personas que habrían formado parte del equipo del entonces candidato.

Hernández cita la respuesta que El Grande le habría dado al preguntarle qué pensó cuando López Obrador llegó a la Presidencia: “Cumplió paso a paso las promesas que le hizo al cártel. En ese sentido, fue un hombre de palabra”. La periodista agrega su propia lectura: “El problema es que fue un hombre de palabra con los criminales y un traidor con los mexicanos”.

Para la investigadora, varias decisiones del gobierno de López Obrador reflejan el cumplimiento de esos compromisos. Señala la liberación de Ovidio Guzmán López en 2019, la restricción a agentes de la DEA en territorio mexicano y el encuentro del expresidente con la madre de El Chapo en marzo de 2020 como episodios que encajan en esa hipótesis.

La periodista describe la llegada de López Obrador al poder como “la tormenta perfecta”: un presidente que, según su investigación, llegó con las instituciones ya penetradas, las plazas controladas, los presidentes municipales cooptados y la población atemorizada. A eso se sumó, afirma, el respaldo de una organización criminal que lo había financiado durante tres campañas.

Claudia Sheinbaum y el caso Rubén Rocha Moya

Hernández extiende su tesis al gobierno de Claudia Sheinbaum y afirma que el pacto criminal no concluyó con el cambio de administración. “La señora Claudia Sheinbaum es producto de esa narcocracia”, declaró en la entrevista con Infobae México.

La periodista señala como prueba concreta la postura de la Presidenta frente al caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa imputado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Según Hernández, Sheinbaum defiende la soberanía nacional para no extraditarlo, pero esa misma administración aplaudió el enjuiciamiento de Genaro García Luna en territorio estadounidense. La investigadora califica esa postura de “incongruencia brutal” y la interpreta como protección política, no como principio jurídico.

“Aquí no se trata de la soberanía, aquí se trata de proteger a los tuyos, porque si cae uno, caen todos”, afirmó Hernández. Esa frase sintetiza su argumento sobre la continuidad del vínculo entre el poder político y el crimen organizado más allá de los cambios de gobierno.

El patrón que ya no es excepción: alianzas narco-electorales como regla

Hernández traza una línea entre el caso de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas financiado por el Cártel del Golfo y Los Zetas, y el panorama actual. El de Yarrington, dice, fue un caso aislado; lo que describe hoy es un fenómeno sistémico.

“El tener una alianza con el narco para llegar al poder ya no es más una excepción, sino una regla”, sostuvo la periodista. Como respaldo de esa afirmación, menciona que el gobierno de Estados Unidos mantiene investigaciones abiertas contra varios gobernadores de extracción morenista por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Las afirmaciones de Hernández se enmarcan en su investigación periodística y en los testimonios que atribuye a fuentes identificadas en su libro. La periodista también señala que una investigación de la DEA, supervisada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, habría reunido testimonios sobre el financiamiento de la campaña de 2006.

El libro Narcocracia plantea que el proceso de captura del Estado mexicano por parte del crimen organizado no es obra de un solo sexenio ni de un solo partido, y que la magnitud actual del fenómeno es el resultado de décadas de infiltración acumulada en las instituciones con mayor poder de fuego y de persecución del país.