La reforma constitucional que busca establecer la nacionalidad mexicana como único vínculo nacional exigido para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México avanzó este miércoles en el Senado.
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera aprobaron el dictamen de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con 23 votos a favor y nueve en contra. La propuesta todavía debe ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara alta.
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El proyecto plantea modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece requisitos específicos para las personas que busquen alguno de los cargos ejecutivos señalados.
Reforma sobre doble nacionalidad pasa de comisiones al Pleno del Senado
El Senado recibió durante la jornada la minuta aprobada previamente por la Cámara de Diputados y su presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, informó que fue turnada directamente a las comisiones unidas correspondientes.

La propuesta señala que para ser presidente o presidenta, gobernador o gobernadora, o jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de ser mexicano por nacimiento, se deberá no tener otra nacionalidad.
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En caso de contar con una nacionalidad extranjera, la persona tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, conforme a los términos que establezca la legislación.
El dictamen aprobado por las comisiones será llevado al Pleno del Senado para su discusión la próxima semana. De acuerdo con la información proporcionada, la discusión está prevista para el martes 29 de septiembre.
¿Qué tendría que hacer un candidato con doble nacionalidad?
La reforma no contempla únicamente la renuncia formal a una nacionalidad extranjera. También establece restricciones para quienes ejerzan los cargos de titular del Poder Ejecutivo federal, de los estados y de la Ciudad de México.
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Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentran:
- Acreditar ante la autoridad electoral la renuncia a otra nacionalidad antes de solicitar el registro de una candidatura.
- No adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo.
- No invocar ante una autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana.
- No utilizar pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero.
- No ejercer derechos políticos inherentes a otra ciudadanía. No acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
El proyecto también establece que no sería suficiente con realizar una renuncia ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que tendría que comprobarse que el vínculo jurídico con la nacionalidad extranjera dejó de existir conforme a la legislación que la otorgó.
Senado debate derechos de mexicanos con doble nacionalidad
Durante la discusión en comisiones surgieron posiciones distintas entre los grupos parlamentarios sobre los alcances de la reforma y sus efectos para los mexicanos que cuentan con otra nacionalidad.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, sostuvo que la modificación constitucional puede entrar en conflicto con tratados internacionales y señaló que existen entidades con una población migrante importante, entre ellas Zacatecas y Michoacán.
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Anaya mencionó que, de acuerdo con los datos citados durante su intervención, 12 millones de mexicanos viven en el exterior y cuatro millones cuentan con doble nacionalidad. También hizo referencia a la población zacatecana que reside en Estados Unidos.
Desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas cuestionó que la medida pueda afectar a mexicanos residentes en Estados Unidos que mantienen la doble nacionalidad y que, según expuso, en algunos casos ni siquiera han ejercido derechos políticos en ese país.
En contraste, el senador de Morena, Saúl Monreal, defendió la necesidad de la reforma y relacionó la discusión con la protección de la soberanía nacional frente a posibles intervenciones de gobiernos extranjeros.
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Reforma entraría en vigor para elecciones de 2028
El dictamen establece que las nuevas disposiciones comenzarían a aplicarse en el proceso electoral de 2028 y no afectarían a quienes actualmente se encuentren en ejercicio de los cargos.

La propuesta también contempla un periodo para adecuar la legislación secundaria.
El Congreso de la Unión tendría 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar los cambios correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral.
El dictamen plantea que la exigencia de una sola nacionalidad responde a las características de los cargos del Poder Ejecutivo, al considerar que quienes los ocupen deben mantener un único vínculo jurídico y político con el Estado mexicano.
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Al mismo tiempo, el documento señala que la medida no debe partir de una presunción general de deslealtad hacia las personas binacionales, sino que plantea el requisito como una medida preventiva relacionada con las atribuciones de los titulares de los poderes ejecutivos.
La aprobación en comisiones representa así un paso más en el proceso legislativo, pero la reforma todavía requiere la discusión y votación del Pleno del Senado. Si obtiene el respaldo necesario, continuará el procedimiento constitucional correspondiente antes de su eventual entrada en vigor.
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