Rafael Ojeda no está escondido ni se ha negado a declarar: Sheinbaum descarta investigación contra exsecretario de la Marina

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este viernes que el almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán esté escondido o se haya negado a declarar en el caso de huachicol fiscal que involucra a sus sobrinos políticos. La mandataria aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza una solicitud de la defensa de uno de los detenidos para que Ojeda sea llamado como testigo, y subrayó que no existe ninguna carpeta de investigación en su contra.

El señalamiento surgió después de que la defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna solicitó la comparecencia de Ojeda en la audiencia de imputación realizada el 28 de agosto. Durante esa diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) informó a la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega que no logró localizar al exfuncionario, según expuso el abogado Epigmenio Mendieta.

A raíz de ello, Sheinbaum explicó que la FGR revisa la petición de la defensa para llamar a declarar a Ojeda en calidad de testigo. “El exsecretario de Marina no está escondido”, sostuvo, quien añadió que el almirante sigue el procedimiento judicial correspondiente.

La Presidenta precisó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, no ratificó ningún señalamiento directo contra el almirante. “No tiene un delito en su contra”, sostuvo la presidenta ante los medios de comunicación.

Ante la pregunta de si Ojeda sigue activo como asesor de seguridad, Sheinbaum fue categórica: el almirante es un secretario retirado, igual que todos los exfuncionarios de la Marina al término de su gestión. La presidenta aclaró que no existe ningún vínculo laboral vigente entre Ojeda y el gobierno federal.

Los 150 mil pesos de jubilación que percibe el exsecretario de Marina

La mañanera también abordó el salario que recibe Ojeda, al ser cuestionada sobre un pago mensual de 150 mil pesos que se le atribuye.

La presidenta explicó que todos los jubilados de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina reciben una pensión acorde con el rango que alcanzaron durante su servicio activo. Los generales de división del Ejército y los almirantes de la Marina acceden a jubilaciones que los reglamentos internos de cada secretaría establecen con claridad.

Sheinbaum cerró el tema con una posición sin ambigüedades: “Ni está escondido ni se ha negado a declarar, sino sencillamente sigue el procedimiento”. La mandataria recordó que corresponderá al Poder Judicial determinar la forma en que se atiende la comparecencia del exfuncionario.

El caso de huachicol fiscal que llevó a los sobrinos de Ojeda al penal de El Altiplano

El origen del caso se remonta a 2024, cuando la FGR aseguró un buque con aproximadamente 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Ese hallazgo permitió a las autoridades identificar una red de contrabando de hidrocarburos con operaciones en cinco estados: Tamaulipas, Baja California, Ciudad de México, Colima y Sonora.

Los señalados como líderes de esa estructura son Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, hermanos y exaltos mandos de la Armada de México, identificados por la FGR como Los Primos. Ambos son sobrinos políticos de Ojeda Durán, pues son hermanos de Sandra Luz Laguna Rivera, esposa del exsecretario.

Manuel Roberto alcanzó el grado de vicealmirante y Fernando el de contralmirante durante el sexenio de López Obrador. La FGR sostiene que ambos manipularon designaciones, ascensos y traslados de personal en aduanas marítimas para colocar a funcionarios afines a la red de contrabando.

Manuel Roberto fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca. Fernando fue capturado el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires, Argentina, con una identidad y un pasaporte falsos, y trasladado a México el 21 de agosto de ese año tras una solicitud de extradición. Los dos permanecen recluidos en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y enfrentan cargos por delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal equiparada.

Fue el propio Ojeda quien, según la FGR, alertó en 2024 al entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero sobre posibles irregularidades dentro de la institución naval. Esa denuncia fue el antecedente que desencadenó las investigaciones que condujeron al aseguramiento del buque en Altamira y al desmantelamiento de la red.

La FGR mantiene a Ojeda fuera de los señalamientos directos y lo ubica en el proceso como testigo, no como imputado. La distinción es relevante: la citación del 28 de agosto respondió a la solicitud del abogado defensor Mendieta, no a una acusación de la Fiscalía.

El escándalo también trajo a la luz el blindaje patrimonial del exsecretario. El Comité de Transparencia de la Marina reservó por cinco años, a partir del 1 de enero de 2025, las declaraciones patrimoniales de más de 2.000 elementos navales que causaron baja en el último trimestre de 2024, con el argumento de que su divulgación compromete la seguridad nacional. Los datos de Ojeda no estarán disponibles antes del 1 de enero de 2030.

El audio revelado por Aristegui Noticias agrega una capa de complejidad al expediente. En junio de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar habló directamente con Ojeda para informarle de la existencia de la red de corrupción y de las irregularidades que involucraban a los Farías. El exsecretario pidió que el reporte llegara por escrito. Guerrero lo presentó en una carta dirigida al entonces titular de la Semar. Cinco meses después, el oficial fue asesinado en Manzanillo.

La FGR vinculó otros homicidios de integrantes de la Marina y el de una funcionaria de la Fiscalía de Colima con la organización atribuida a los Farías. El número de detenidos en el caso asciende a 16, de los cuales 12 son exservidores públicos.

José Rafael Ojeda Durán nació el 3 de febrero de 1954 en Xalapa, Veracruz, y encabezó la Secretaría de Marina durante todo el sexenio de López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024. Al frente de la dependencia, la institución naval amplió sus responsabilidades en materia de seguridad, administración portuaria y combate al contrabando. Su sucesor en el cargo fue el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.