Un mes antes del asesinato de Román de la Cruz, la Diócesis de Huejutla alertó por extorsiones a nombre de sacerdotes en Hidalgo

Un mes antes de que el sacerdote Román de la Cruz Hernández fuera asesinado, la Diócesis de Huejutla, Hidalgo, alertó a los feligreses de la Huasteca sobre una modalidad de extorsión en la que delincuentes utilizaban números telefónicos de sacerdotes para solicitar dinero a nombre de los religiosos.

La advertencia fue difundida el 14 de agosto por Jesús Morfín, portavoz de la Diócesis de Huejutla, quien pidió a los feligreses no responder a esos mensajes ni realizar transferencias. De acuerdo con la alerta, los teléfonos de algunos sacerdotes habían sido hackeados y sus números eran utilizados para hacerse pasar por ellos.

La denuncia ocurrió 32 días antes del homicidio de Román de la Cruz, cuyo cuerpo fue localizado durante la mañana del 15 de septiembre en la carretera Tolago-Tetlapaya, en los límites de Lolotla y Tlanchinol, Hidalgo. El sacerdote, de 48 años, era párroco de Santa Cruz, en Huejutla.

Hasta ahora, las autoridades no han informado que Román de la Cruz hubiera sido víctima de esa modalidad de extorsión ni que exista una relación entre la alerta difundida en agosto y su asesinato. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una carpeta de investigación por homicidio, pero al momento de los comunicados emitidos por la Iglesia tampoco había informado sobre detenidos o sobre un posible móvil.

Así operaban las extorsiones en nombre de los sacerdotes

La alerta de agosto describió un mecanismo basado en la suplantación de identidad. Los delincuentes tomaban el control de teléfonos pertenecientes a sacerdotes y posteriormente utilizaban esos números para contactar a personas de las comunidades católicas y solicitarles dinero.

El llamado de la diócesis buscaba evitar que los feligreses entregaran recursos ante peticiones que aparentemente provenían de los propios religiosos. El portavoz diocesano pidió verificar cualquier solicitud antes de realizar transferencias.

La modalidad tenía como punto de partida la confianza que los sacerdotes mantienen con sus comunidades. Al utilizar un número conocido, los responsables podían presentarse ante los destinatarios como una persona de confianza y utilizar esa identidad para solicitar recursos.

La advertencia también muestra que, semanas antes del homicidio de Román de la Cruz, la diócesis ya enfrentaba incidentes delictivos dirigidos contra integrantes de su estructura religiosa, aunque de una naturaleza distinta al asesinato que posteriormente afectó a uno de sus párrocos.

La Diócesis ya había denunciado fraudes similares en 2021

En diciembre de 2021, el entonces obispo de Huejutla, José Hiraís Acosta Beltrán, alertó sobre personas que solicitaban apoyo económico bajo el argumento de que el dinero sería destinado a atender la salud del padre Simón Hernández Alvarado, sacerdote de esa localidad. La diócesis y las parroquias involucradas se deslindaron de esas solicitudes y señalaron que el sacerdote recibía atención sin necesidad de pedir aportaciones a los fieles.

Cinco años después, la alerta de agosto recurrió nuevamente a una advertencia dirigida directamente a los católicos para evitar que entregaran dinero a personas que utilizaban la identidad de sacerdotes.

El antecedente permite observar que las solicitudes fraudulentas en nombre de integrantes del clero ya habían sido identificadas anteriormente en la Diócesis de Huejutla. Sin embargo, la modalidad reportada en agosto de 2026 incorporó el uso de teléfonos comprometidos —hackeados— para establecer contacto con los posibles afectados.

Una cartulina en el cuerpo del sacerdote, bajo investigación

El sacerdote fue localizado sin vida la mañana del 15 de septiembre en un tramo de la carretera Tolago-Tetlapaya. De acuerdo con las primeras diligencias, presentaba lesiones presuntamente provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Román de la Cruz fue encontrado boca abajo y con una cartulina adherida a la espalda. El mensaje colocado sobre el cuerpo constituye uno de los elementos bajo investigación, pues las autoridades no han informado oficialmente su contenido ni han precisado si contiene alguna referencia al motivo del homicidio o a los responsables.

Junto al cadáver también fue localizada una camioneta Toyota Tacoma color vino con placas de Baja California. La presencia del mensaje y del vehículo forma parte de los indicios recabados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que mantiene abierta la investigación.

Román de la Cruz era originario de Mazahuacán, en Lolotla, y desde septiembre de 2024 se desempeñaba como primer párroco diocesano de Santa Cruz, en Huejutla. También coordinaba la Comisión para la Pastoral Profética de la diócesis.

Tras conocer el homicidio, la Diócesis de Huejutla pidió a las autoridades realizar una investigación exhaustiva y evitó plantear públicamente un posible móvil. El obispo José Hiraís Acosta Beltrán señaló que la Iglesia no podía especular sobre lo ocurrido mientras avanzaban las investigaciones.

La Conferencia del Episcopado Mexicano se sumó al llamado para esclarecer el crimen y pidió que se haga justicia de manera expedita.

Violencia contra integrantes de la Iglesia, antecedentes recientes

El asesinato de Román de la Cruz Hernández se suma a una serie de agresiones contra integrantes de la Iglesia católica registradas durante los primeros dos años del actual sexenio.

De acuerdo con un recuento actualizado del Centro Católico Multimedial (CCM), en México se han registrado 29 ataques contra integrantes de la Iglesia católica desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, hasta septiembre de 2026. El registro incluye cuatro sacerdotes asesinados, dos sacerdotes heridos, cuatro catequistas, 15 laicos asesinados, dos laicos heridos y dos familias asesinadas. Los casos documentados se distribuyen en entidades como Chiapas, Estado de México, Guerrero, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, Tabasco, Baja California e Hidalgo.

Los cuatro sacerdotes asesinados durante este periodo son Marcelo Pérez Pérez, asesinado en Chiapas en octubre de 2024; Bertoldo Pantaleón Estrada, encontrado sin vida en Guerrero en octubre de 2025; Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, cuyo cuerpo fue localizado en el Estado de México en noviembre de 2025; y Román de la Cruz Hernández, asesinado en Hidalgo en septiembre de 2026. El recuento del CCM distingue estos casos de otras muertes de religiosos que no han sido consideradas homicidios por falta de indicios de violencia.

El problema, sin embargo, no se limita a los homicidios de sacerdotes. El informe anual del CCM correspondiente a 2025 señala que en los últimos años las agresiones también se han extendido hacia laicos, catequistas y comunidades religiosas. El organismo ha advertido que espacios que tradicionalmente eran considerados lugares de protección para las comunidades han comenzado a registrar hechos delictivos, mientras que los integrantes de la Iglesia han quedado expuestos a amenazas, extorsiones, secuestros y otras formas de violencia.

Los registros históricos permiten dimensionar el fenómeno más allá del actual sexenio. El informe del CCM señala que entre 1990 y 2025 fueron documentados 13 sacerdotes asesinados. En el acumulado de las últimas décadas, las entidades con mayor número de sacerdotes y religiosos agredidos son Ciudad de México, Guerrero y Estado de México.

Los ataques también han alcanzado directamente a templos e instalaciones religiosas. Para 2024 y 2025, el CCM identificó que la mayoría de los delitos registrados contra estos espacios correspondieron a robos, sustracción de objetos, asaltos a feligreses, robo de alcancías y de arte sacro; otro porcentaje correspondió a agresiones consideradas de alto impacto y un grupo menor a profanaciones y daños contra lugares u objetos religiosos.

El propio CCM ha señalado que esta violencia se concentra principalmente en zonas donde también existen altos niveles de criminalidad. En su informe, el organismo plantea que sacerdotes, agentes pastorales y comunidades pueden convertirse en objetivos debido a la presencia que mantienen en los territorios y a las actividades sociales que desarrollan desde las parroquias.