La Fiscalía General de la República (FGR) va tras los responsables de un presunto fraude laboral que habría sido diseñado para golpear el patrimonio de Grupo Herdez mediante un juicio iniciado en 2007 y sustentado en documentos apócrifos y hechos inexistentes.
La investigación, que comenzó en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y ahora está en manos de la FGR, busca esclarecer quiénes participaron en la construcción del litigio, cómo operó el esquema y qué afectaciones económicas se pretendían provocar a la empresa.
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De acuerdo con la declaración ministerial de Irene León Escamilla, el procedimiento laboral habría sido planeado desde el despacho de Humberto Cavazos Chena y no correspondía a una controversia legítima entre un trabajador y su empleador. La estrategia, según su testimonio, consistía en elevar artificialmente las condiciones y montos reclamados para generar presión sobre la compañía y llevarla a un acuerdo económico.
“Estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas públicas”, declaró ante la autoridad ministerial.
León Escamilla también relató que consultó páginas de internet y medios oficiales y descubrió que Alfredo Jorge Colín Huerta, quien aparecía relacionado con las demandas, no había trabajado en ninguna de las empresas morales demandadas.
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“Me percaté que efectivamente el señor Alfredo Jorge Colín Huerta no trabajaba ni había trabajado en absolutamente ninguna de las empresas morales demandadas”, se lee en la declaración.
La mujer aseguró que continuó con las instrucciones recibidas por temor a perder su empleo, aunque había advertido a su superior que las irregularidades podían ser descubiertas.
La carpeta de investigación documenta además que, ante la negativa de la empresa a cumplir las exigencias planteadas, se habrían girado instrucciones para realizar gestiones encaminadas al embargo de las cuentas del grupo.
“Salí del lugar y me fue ordenado se realizaran las gestiones para en ese momento embargar las cuentas del grupo”, refiere el testimonio.
La indagatoria de la FGR busca determinar si detrás del juicio existió una estructura organizada para utilizar procedimientos laborales como mecanismo de presión contra empresas, así como identificar a todas las personas que pudieron intervenir.
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El Ministerio Público federal también deberá establecer las responsabilidades penales que correspondan por la presunta utilización de documentos falsos y hechos inexistentes dentro del procedimiento.
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