
Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, calificó de “equivocación” la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la doble nacionalidad en cargos de elección popular, pues considera que tener dos pasaportes no implica “deslealtad” hacia México, en momentos en que la propuesta ya fue turnada al Congreso.
“Yo creo que ser desleal es el funcionario que no es transparente, que sea corrupto o que esté aliado al crimen organizado”, sostuvo Rubin, quien también funge como representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México.
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El empresario recordó que más de 20 millones de mexicanos dentro del país y cerca de 40 millones en el extranjero cuentan con doble nacionalidad, por lo que rechazó que la reforma los coloque bajo sospecha de falta de lealtad.
Rubin pide reglas claras y no una prohibición general
El presidente de la organización plantea que el debate legislativo no debería centrarse en prohibir la doble ciudadanía, sino en definir con precisión los alcances de la lealtad institucional.
“El hecho de que un ciudadano tenga doble nacionalidad no los hace desleales a México. Entonces, creo que, más bien, debe haber reglas claras para delimitar qué es exactamente la lealtad”, afirmó.
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Rubin considera que la iniciativa mezcla dos conceptos que no están relacionados entre sí:
- La nacionalidad de una persona, entendida como un vínculo administrativo con otro Estado.
- La lealtad política, que a su juicio se mide por la transparencia y la ausencia de vínculos con el crimen organizado.
“Tener otro pasaporte es un simple acto que no tiene nada que ver con lealtades. Ningún ciudadano, menos que sea funcionario público, representa a otro país”, agrega.
En esto consiste la reforma de Sheinbaum
La mandataria presentó el 27 de agosto la iniciativa de reforma constitucional que obliga a quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura a renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidatos.
“El objetivo es garantizar que toda persona mexicana que desee ser presidente o presidenta de la República, gobernador, gobernadora, jefe o jefa de Gobierno, deba ser solo mexicano, no tener ninguna otra nacionalidad”, explicó Sheinbaum en la conferencia matutina.
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La propuesta modifica el artículo 82 constitucional para exigir que el aspirante sea “ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos”, y que renuncie a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro.

El texto también prohíbe que, una vez en el cargo, la persona use pasaporte extranjero, ejerza derechos políticos ante otro país o se acoja a protección diplomática de un Estado distinto al mexicano. La contravención se sancionaría conforme al Título Cuarto de la Constitución.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, señaló que el artículo 32 constitucional generaba un vacío interpretativo al no especificar con claridad la prohibición de doble nacionalidad para estos cargos, lo que motivó la reforma. Los mismos cambios se replican en los artículos 116 y 122, aplicables a gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
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Congreso ya recibió iniciativa sobre doble nacionalidad
La Comisión Permanente recibió el 30 de agosto el proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar los artículos 82, 116 y 122 constitucionales en materia de nacionalidad única.
La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó en redes sociales que el proyecto será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictamen.
De manera paralela, la Comisión Permanente recibió también una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera, turnada al Senado, que otorga nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

Vacío legal que la reforma busca cerrar
El gobierno federal argumenta que existen casos de gobernadores con doble nacionalidad que no tuvieron que renunciar a ella antes de asumir el cargo, debido a la falta de claridad en el texto constitucional vigente.
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Una vez aprobada la reforma en el Congreso, el Ejecutivo prevé enviar modificaciones adicionales a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual los aspirantes deberán renunciar formalmente a su otra ciudadanía ante las autoridades mexicanas y del país correspondiente.
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