Gestación subrogada vulnera derechos de mujeres y niños, advierten especialistas

La abolición de la explotación de mujeres con fines reproductivos debe asumirse como un imperativo mundial, afirmaron especialistas, académicos, juristas y representantes de organizaciones civiles reunidos en la IV Conferencia Internacional de la Declaración de Casablanca, celebrada en la Ciudad de México.

El encuentro congregó a participantes vinculados con 73 países para analizar las implicaciones jurídicas, éticas y sociales de la gestación subrogada, también denominada maternidad sustituta o “renta de vientres”.

Los participantes sostuvieron que esta práctica vulnera la dignidad y los derechos de las mujeres, además de convertir el nacimiento de niñas y niños en parte de una transacción contractual.

Desde esa perspectiva, rechazaron que la abolición responda exclusivamente a una posición ideológica y la presentaron como una demanda de justicia y protección de los derechos humanos.

Los especialistas advirtieron que México se ha convertido en un destino relevante dentro del mercado internacional de la gestación subrogada, en un contexto marcado, según indicaron, por una regulación fragmentada y una supervisión limitada. Esta situación favorecería la búsqueda de procedimientos a costos menores que en otros países y expondría a mujeres en condiciones de vulnerabilidad a posibles prácticas de explotación.

México, bajo la lupa por la gestación subrogada

En el mensaje inaugural, María Selette Monjarás, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, señaló que la maternidad subrogada plantea interrogantes que trascienden los avances científicos, las decisiones personales y las nuevas configuraciones familiares.

La especialista llamó a discutir sus efectos sobre la dignidad humana, la autonomía, la libertad, la vulnerabilidad y la protección de las mujeres, así como sobre la identidad y los derechos de las niñas y los niños nacidos mediante estos procedimientos.

Monjarás afirmó que la academia y los espacios de deliberación política, legislativa y social deben reafirmar que la dignidad humana no puede quedar condicionada por la capacidad económica, el deseo de terceras personas o las posibilidades ofrecidas por la tecnología.

Por su parte, Abraham Madero Márquez, director ejecutivo de Early Institute, organización coorganizadora del encuentro, sostuvo que la explotación reproductiva constituye una industria que debe ser abolida.

“El cuerpo de una mujer no es un objeto ni mucho menos una mercancía, y las niñas y niños que nacen de esos procesos no son mercancía que se ponga a la venta al mejor postor”, declaró.

Madero Márquez aseguró que, pese a los años de discusión pública, en México no se han producido cambios legislativos y jurídicos suficientes para prohibir esta actividad. También rechazó la posibilidad de regularla al considerar que, cuando están involucrados el cuerpo y la dignidad de las mujeres, la respuesta debe ser su eliminación de las normas legales y de las prácticas sociales.

Relatora de la ONU alerta sobre los riesgos de la legalización

La jornada incluyó la presentación de un mensaje en video de Reem Alsalem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. La funcionaria llamó a revisar las estrategias internacionales y analizar los desafíos que persisten frente a la gestación subrogada.

Alsalem advirtió sobre la existencia de poderosos intereses internacionales que promueven su legalización, aunque aseguró que distintos países comienzan a tomar conciencia de los riesgos relacionados con esta práctica.

Asimismo, la describió como un sistema de explotación que afecta a mujeres, niñas y niños, y pidió que los gobiernos eleven la prioridad del tema y adopten medidas de protección.

Especialistas analizan si es posible regular la práctica

Otro de los participantes fue Jorge Cardona Llorens, exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, quien señaló que la gestación subrogada no se encuentra regulada de manera específica por algún tratado internacional de derechos humanos.

La conferencia también abrió el debate sobre los proyectos legislativos existentes en América Latina. En una mesa redonda participaron Diana Muñoz, de la Universidad de La Sabana, en Colombia; Lorena Bolzon, de la Universidad Austral, en Argentina; y María Sara Rodríguez, de la Universidad de los Andes, en Chile.

Las académicas examinaron las propuestas desde el derecho comparado y la protección de los derechos humanos. El programa incluyó, además, mesas dedicadas al análisis de proyectos de ley sobre gestación subrogada y a la pregunta de si existe un “derecho al hijo”.

En estas discusiones intervinieron Francisco Vázquez Gómez, de la Universidad Panamericana; Abraham Madero Márquez, de Early Institute; Gabriela Ruiz Serrano, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y José Alberto Castillo.

La jornada contempló también una conferencia de Verónica Toller sobre la posible relación entre la gestación subrogada y la trata de personas, así como el testimonio de una mujer que participó como madre subrogada.

Con esta reunión internacional, la Declaración de Casablanca reiteró desde México su llamado a eliminar la explotación reproductiva. Para sus promotores, ningún argumento basado en la autonomía, el altruismo o la regulación justifica que una mujer sea utilizada para gestar por encargo ni que el nacimiento de una niña o un niño quede sujeto a las disposiciones de un contrato.