Presión hospitalaria y falta de información han normalizado cesáreas en México pese a riesgos

En México, la cesárea ha dejado de ser un recurso de emergencia para convertirse en la norma: los hospitales, la presión administrativa y la ausencia de consentimiento claro empujan a miles de mujeres a una cirugía que, lejos de ser inofensiva, suma riesgos y consecuencias, de acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 2023, el 55 % de los nacimientos se resolvió por esta vía, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), superando por mucho los estándares internacionales.

La UNAM denuncia que la tendencia no responde a criterios médicos, sino a inercias institucionales y sociales.

El salto en la tasa de cesáreas es tan contundente como sostenido: en 2010 se registraba 45 % y trece años después alcanza 55 %, conforme al estudio “The impact of excessive caesarean deliveries on gestational age at birth in Mexico: National-level trends, 2010–2023”, elaborado por el INSP.

Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) marca como ideal un rango entre 10 y 15%, la realidad mexicana multiplica esa cifra y normaliza una intervención que debería ser excepcional.

Consentimiento ausente y presión institucional

Lucía Illescas, coordinadora adjunta del Programa Único de Especializaciones en Enfermería de la FENO de la UNAM, advirtió que “este procedimiento quirúrgico salva vidas en situaciones de emergencia, pero se ha generalizado y normalizado tanto que la sociedad piensa que no implica riesgos, cuando sí los hay”.

A esto se suma, que el testimonio de mujeres presionadas para aceptar la cirugía sin información completa ni consentimiento expreso revela un fenómeno de violencia obstétrica.

La profesora Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, de la Facultad de Medicina, identifica factores económicos y administrativos.

En hospitales privados, los seguros de gastos médicos suelen ofrecer montos bajos para partos y no cubren emergencias, por lo que la cesárea se vuelve la opción preferida.

En el sector público, el temor a complicaciones legales y la rutina hospitalaria derivan en que, ante cualquier señal mínima de riesgo o un simple cambio de turno, se opte por la cirugía antes que esperar el curso natural del parto.

La sobrecarga en las instituciones impide que cada mujer tenga acompañamiento profesional durante el trabajo de parto. Esta ausencia genera ansiedad y precipita decisiones quirúrgicas prematuras.

“Esto puede hacer que se les intervenga antes de tiempo y que el neonato no logre la madurez suficiente para adaptarse a la vida extrauterina”, agrega Illescas.

Cirugía sin justificación médica: riesgos y daños

Las guías clínicas coinciden: practicar una cesárea sin indicación médica amenaza la vida de madre e hijo.

“Para la mamá, incrementa el riesgo de muerte (no mucho, pero es mayor que un parto), así como las probabilidades de una trombosis, infección o sangrado”, advierte Chinolla Arellano.

La cicatriz uterina complica embarazos futuros y puede derivar en adherencia anómala de la placenta o dolor abdominal crónico.

El procedimiento altera el proceso natural del nacimiento: el neonato pierde el beneficio del canal vaginal, que ayuda a limpiar sus pulmones y fortalecer su microbiota.

“A las 37 semanas todo puede ser perfecto, pero muchos bebés llegan a comportarse como prematuros y ahí es cuando se presentan problemas, porque se les ponen puntos nasales, a veces se les intuba y además deben permanecer en estancia prolongada, lo que hace que no haya un alojamiento conjunto con la mamá y que se pierda el apego inmediato y la lactancia”, detalla Chinolla Arellano.

Violencia obstétrica y derecho a decidir

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del INEGI ubica la falta de consentimiento informado y de explicación suficiente entre las principales formas de maltrato obstétrico.

“Realizar esta práctica sin indicación precisa ni consentimiento expreso de la persona se considera violencia obstétrica.

“Ellas tienen derecho a una segunda opinión y a diferir de la propuesta formulada, a menos que haya suficiente evidencia para ello; sin embargo, en ocasiones no se les toma en cuenta”, plantea Illescas.

La comunicación entre paciente y personal médico es el eje. “Todo el tiempo ella tiene la última palabra, pero debe estar informada para tomar la mejor decisión. De la misma forma, hay el derecho del médico para decirle, con toda transparencia, que no puede asegurarle que las cosas vayan a salir bien.

Tenemos que prever que, si el riesgo no rebasa el beneficio del parto, podemos hacerlo”, sostiene Chinolla Arellano.

¿Cómo revertir la tendencia?

Las especialistas de la UNAM insisten en que revertir la epidemia de cesáreas pasa por fortalecer la atención preconcepcional, realizar pruebas oportunas y priorizar el parto natural en el primer embarazo.

Reclaman políticas públicas que permitan a enfermeras obstétricas y parteras acompañar a las embarazadas y evitar cirugías innecesarias.

“La atención de una embarazada debe ser holística, es decir, completa. Tanto en los hospitales públicos como en los privados tiene que haber todos los insumos, certidumbre y recursos humanos para tratar a la paciente.

Antes, un médico o una enfermera atendían a 10 personas; ahora es al revés: hay menos nacimientos y más personal capacitado, por lo que tendría que aumentar la posibilidad de mejorar el servicio”, concluye Chinolla Arellano.