
La extorsión a comerciantes de La Merced persiste pese a que el Gobierno de la Ciudad de México acaba de declarar al mercado como zona prioritaria de su estrategia de seguridad y como un espacio “absolutamente protegido” contra ese delito.
Locatarios han señalado a varios medios de comunicación que desde 2019 son víctimas de cobros y amenazas atribuidos a al menos seis grupos, algunos de ellos ligados a La Unión Tepito.
El problema no se limita al cobro de cuotas. De acuerdo con algunos testimonios recopilados por La Jornada, las células señaladas también estarían relacionadas con robos y venta de drogas, mientras que los comerciantes han identificado calles y puntos específicos donde presuntamente se concentra la actividad delictiva. Entre ellos se encuentran Rosario, Olvera y General Anaya, en las inmediaciones de la Plaza Comercial 2000, así como Cabañas, Adolfo Gurrión, Juan Cuamatzin y Fray Servando Teresa de Mier.
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Entre los grupos mencionados por los comerciantes aparecen Los Zapotitla Fierro, la célula de El Trompas y El Valente, Los Zurita, Los Vega y Los Duarte. La información publicada no permite establecer que todos operen de la misma manera ni que exista una sola estructura detrás de las extorsiones, por lo que la cifra de seis corresponde a los grupos identificados por los afectados y no a un conteo oficial de la autoridad.
Un reporte de N+ ofrece otra fotografía del problema y ubica al menos tres grupos delictivos que operan en la zona de La Merced, Candelaria y el Centro Histórico. Según comerciantes entrevistados por ese medio, las cuotas pueden alcanzar entre 100 y 150 pesos diarios, acompañadas de amenazas contra los negocios en caso de negarse a pagar.
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La diferencia entre ambas cifras no necesariamente implica una contradicción, en ambos casos, los testimonios coinciden en que la extorsión forma parte de una problemática que rebasa el simple cobro de dinero y alcanza el control de espacios comerciales y calles.
La Merced fue declarada zona prioritaria contra la extorsión
El anuncio del Gobierno capitalino ocurrió el 11 de agosto, cuando el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que La Merced sería incorporada como zona prioritaria de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz y que recibiría protección especial contra delitos de alto impacto, particularmente la extorsión.
El funcionario aseguró que ya habían sido iniciadas “varias investigaciones en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México” y sostuvo que las autoridades buscarían erradicar la extorsión en este y otros espacios comerciales de la capital. Sin embargo, en ese momento no fueron revelados detalles sobre las carpetas, objetivos investigados o posibles órdenes de aprehensión.
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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció además un programa de seguridad para la Nave Mayor, la Nave Menor y el casetón, con acciones que, según explicó, combinarían seguridad, investigación y atención de las causas sociales.
La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, informó por su parte que se contemplaba mayor presencia policial y una célula especial, además de una campaña para orientar a los comerciantes sobre cómo actuar ante una extorsión o un intento de este delito y fomentar las denuncias ante la Fiscalía capitalina.

La cifra negra dificulta medir la extorsión en La Merced
Uno de los principales problemas para conocer la dimensión real del fenómeno es la falta de denuncias. La propia alcaldesa reconoció que existe una cifra negra debido a que algunos locatarios optan por no acudir ante las autoridades, minimizan las amenazas cuando no son recurrentes o no denuncian cuando el intento de extorsión no llega a concretarse.
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Parra señaló que en las reuniones de seguridad se reportaban aproximadamente dos o tres denuncias al mes, aunque reconoció que el número podría ser mayor porque algunos afectados recurren directamente a las líneas de atención contra la extorsión. También indicó que en La Merced se han registrado casos tanto por teléfono como de manera presencial.
El problema, además, no es nuevo para las autoridades. La Jornada documentó que los comerciantes ya habían advertido desde 2019 sobre las extorsiones y que incluso existe una carta enviada en octubre de ese año al entonces jefe de la policía capitalina para alertar sobre la situación, incluidos robos a mano armada en distintos accesos del mercado.
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Ahora, con La Merced incorporada formalmente como zona prioritaria, el reto para las autoridades capitalinas será convertir el nuevo despliegue policial y las investigaciones anunciadas en resultados contra las estructuras que los comerciantes señalan como responsables de las extorsiones, en una zona donde el delito lleva años siendo denunciado.
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