Antes de convertirse en uno de los principales colaboradores de Marx Arriaga en el área encargada de los libros de texto gratuitos, Sady Arturo Loaiza Escalona ocupó cargos en el gobierno de Venezuela durante la administración de Nicolás Maduro. Años después de llegar a México, su trayectoria dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP) quedó marcada por denuncias de trabajadores y ahora por un procedimiento de responsabilidad administrativa por presunto cohecho.
Loaiza, de origen venezolano, se incorporó a la SEP en enero de 2022 como director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos. Desde esa posición trabajó durante más de tres años junto a Arriaga, entonces director general de Materiales Educativos y uno de los funcionarios responsables del rediseño de los libros de texto gratuitos.
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Su llegada a la administración pública mexicana ocurrió después de haber trabajado en instituciones del gobierno venezolano. Antes de trasladarse a México, Loaiza ocupó cargos relacionados con los ministerios de Cultura y de Comunas durante el gobierno de Maduro.
En la SEP, su responsabilidad estuvo relacionada con el desarrollo de contenidos y materiales educativos. El cargo lo colocó dentro de la estructura encargada de producir los libros de texto gratuitos, uno de los proyectos centrales de la política educativa de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Su salida de la SEP y las denuncias de trabajadores
Loaiza dejó la Secretaría de Educación Pública el 31 de julio de 2025, después de que trabajadores contratados por honorarios presentaran señalamientos en su contra.
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Las acusaciones apuntaban a presuntos cobros de entre uno y dos meses de salario a cambio de conservar sus contratos o evitar cambios de adscripción. Los señalamientos trascendieron hasta el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEP.
De acuerdo con reportes periodísticos sobre las denuncias, al menos algunos empleados habrían recibido instrucciones para entregar parte de sus ingresos mediante depósitos a cuentas bancarias particulares.
Uno de los nombres señalados como beneficiario de esos depósitos fue Darwin Enrique Camacaro Gutiérrez, ciudadano venezolano identificado en esas investigaciones periodísticas como pareja sentimental de Loaiza.
Los señalamientos también involucraron a otros funcionarios del área. Entre ellos figura Luis Enrique Pereyra Zetina, entonces subdirector y colaborador cercano de Loaiza, a quien trabajadores atribuyeron solicitudes para entregar dinero.
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Las acusaciones por los presuntos cobros fueron acompañadas por testimonios sobre un ambiente laboral marcado por gritos, insultos y presiones contra empleados. Estos señalamientos fueron difundidos durante 2025 y quedaron sujetos a las investigaciones correspondientes.
Dejó la SEP y llegó al gobierno de Nayarit
La salida de Loaiza de la SEP no significó su retiro de la administración pública, pues semanas después de abandonar la dependencia federal, asumió un cargo en el gobierno de Nayarit como subsecretario de Educación Media Superior, Superior e Investigación Científica y Tecnológica.
Su incorporación al gobierno estatal ocurrió mientras continuaban los señalamientos relacionados con su paso por la SEP. Para entonces, los cuestionamientos sobre su desempeño ya habían trascendido el ámbito laboral y se habían presentado denuncias relacionadas con presunta extorsión y violencia laboral.
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Ahora enfrenta un procedimiento por presunto cohecho
El nuevo episodio en la trayectoria de Loaiza se encuentra en el ámbito administrativo: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a través del Órgano Interno de Control en la SEP, inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra por una presunta falta administrativa grave relacionada con cohecho.
El expediente corresponde al procedimiento PR-003/2026. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el OIC ha tenido dificultades para localizar a Loaiza en los domicilios que proporcionó, por lo que recurrió a la notificación mediante edictos para emplazarlo al procedimiento.
El pasado 7 de agosto fue citado para comparecer ante la autoridad administrativa
El hecho de que haya sido citado mediante edictos no significa que exista una orden de aprehensión en su contra ni que se encuentre prófugo de la justicia. Se trata de un procedimiento administrativo en el que la autoridad busca notificarle formalmente las acusaciones para que pueda comparecer y ejercer su derecho de defensa.
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La investigación tendrá que determinar si Loaiza incurrió en la falta administrativa que se le atribuye y, en su caso, establecer las responsabilidades y sanciones correspondientes.
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