Familias con problemas de despojo tendrán 100 abogados gratuitos a partir del 24 de agosto en el Zócalo

Desde este lunes 24 de agosto, cualquier habitante de la Ciudad de México podrá acudir al Zócalo capitalino y recibir asesoría jurídica gratuita de un equipo de 100 abogados especializados, disponibles cada semana a partir de las 16:00 horas. El servicio, denominado Defensoría Social Ponciano Arriaga, fue anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina en conferencia de prensa, y no tiene fecha de cierre.

El servicio nace vinculado a la estrategia contra el despojo de inmuebles, pero su alcance cubre siete ramas del derecho: civil, familiar, penal, ejidal, constitucional, condominal y laboral.

Cada lunes en el corazón de la ciudad

La elección del Zócalo como sede no es accidental. Brugada Molina lo describió como “la plaza pública más importante del país”, a la que han acudido generaciones de mexicanos en busca de soluciones.

La jornada arranca cada lunes a las 16:00 horas y se mantendrá de forma indefinida. No se requiere cita previa ni condición económica comprobada para acceder, aunque el servicio está orientado prioritariamente a quienes no pueden costear representación legal privada.

“La justicia no puede ser un privilegio reservado para los que tienen dinero para pagar un despacho”, afirmó la jefa de Gobierno durante el anuncio.

Qué casos atienden y quién puede acudir

El servicio está abierto a cualquier persona que enfrente un problema jurídico relacionado con las materias que cubre la defensoría. Los casos más frecuentes que el gobierno capitalino anticipa son conflictos de despojo, disputas sucesorias, problemas entre arrendadores e inquilinos, asuntos laborales y situaciones relacionadas con propiedades ejidales o condominales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) documentó, en los 12 días previos al anuncio, que una proporción importante de las denuncias recibidas por despojo correspondía en realidad a conflictos civiles o familiares que requerían otra vía de atención. La defensoría busca ser el primer filtro que oriente a cada persona hacia el camino correcto antes de que un conflicto escale.

El servicio también funcionará como antecedente de la defensoría de relaciones inquilinarias, otro proyecto en desarrollo que se integrará a este esquema una vez que avance en el plano legislativo.

Un acompañamiento que no termina en la primera consulta

El modelo que distingue a esta defensoría de otros servicios de orientación legal es su compromiso de seguimiento.

Brugada Molina fue explícita: no se busca una defensoría que entregue un papel, dé una dirección y se despida de la persona.

Cuando un caso lo amerite, se asignará un abogado o abogada responsable que dará seguimiento puntual desde la primera consulta hasta la resolución. Es decir, el ciudadano tendrá un interlocutor fijo que conoce su expediente y responde por él.

Internamente, los equipos operan con una lógica de discusión colegiada. La consejera jurídica, Eréndira Cruz Villegas Fuentes, lo describió como un mecanismo que permite dialogar entre especialistas de distintas materias, útil en casos donde un conflicto de vivienda tiene aristas civiles, penales y familiares al mismo tiempo.

Quiénes son los 100 abogados

Los profesionistas que integran la defensoría no son contrataciones externas ni personal por honorarios. Son 100 servidores públicos ya adscritos a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, seleccionados por su trayectoria dentro de la dependencia y con capacitación reforzada específicamente para esta encomienda.

Todos cuentan con título profesional y se organizan en cinco equipos temáticos, cada uno concentrado en una o varias ramas del derecho. La estructura permite atender casos complejos sin que el ciudadano tenga que buscar asesoría en distintas ventanillas.

Cruz Villegas Fuentes precisó que la selección tomó en cuenta no solo el perfil técnico, sino también la sensibilidad para atender a grupos prioritarios: personas mayores, familias de escasos recursos y quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad vinculadas a la pérdida de su patrimonio.

A dónde derivan los casos

Cuando un problema excede el ámbito de la Consejería, los abogados canalizarán al usuario hacia una red de instituciones previamente articulada. Dentro del gobierno local, las derivaciones pueden dirigirse a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Vivienda, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Dirección General de Regularización de Tenencia de la Tierra o el Registro Público de la Propiedad.

La red se extiende al Poder Judicial local y federal, con vínculos también hacia los tribunales de disciplina judicial ante la posibilidad de detectar conductas irregulares de jueces o magistrados.

En el ámbito federal, la defensoría estableció coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Registro Agrario Nacional y los tribunales agrarios, instituciones clave para casos de tenencia de la tierra y regularización de predios con características ejidales.

El nombre y su referente

La defensoría lleva el nombre de Ponciano Arriaga, jurista del siglo XIX vinculado a la llamada Procuraduría de los Pobres, institución creada en ese periodo para defender los derechos de quienes carecían de recursos o influencia política.

Brugada Molina invocó esa referencia para enmarcar el servicio dentro de una tradición de defensa jurídica popular mexicana, “Hoy esa historia vuelve a caminar en el corazón de la Ciudad de México”, afirmó.