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Embarazo de niña de 11 años en Tamaulipas es delito: Gobierno pide investigación rigurosa y frenar revictimización

La dependencia afirmó que presentar a una menor como “pareja” de un adulto normaliza la violencia de género

Caso 'Mila' / embarazo infantil
El Colegio Médico de Perú rechazó decisión del Hospital Regional de Loreto que impidió a 'Mila' acceder al aborto terapéutico. (Minsa)
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El embarazo de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, es considerado un delito y no puede ser tratado como una “relación de pareja”, adviertió la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Em un comunicado, el organismo nacional exigió una investigación exhaustiva y la protección integral de la menor, subrayando que la ley no permite normalizar ni justificar estos hechos.

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Según el comunicado difundido por SIPINNA Nacional, el artículo 275 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas equipara a la violación la cópula con una persona menor de 15 años, incluso si no media violencia.

Por lo tanto, en casos como el de la niña de 11 años, no existe consentimiento válido ni puede reconocerse vínculo de pareja alguno.

La autoridad federal subraya que la presentación de una niña como “pareja” de un adulto invisibiliza la desigualdad de poder, normaliza la violencia de género y constituye una forma de revictimización.

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“Una niña nunca es responsable de la violencia ejercida en su contra”, afirmó.

La investigación debe ser inmediata y especializada

SIPINNA reconoce la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y exige que las diligencias se realicen de forma pronta, exhaustiva, especializada e imparcial.

La investigación deberá esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado de la niña.

El organismo advierte que los delitos sexuales que no se investigan y sancionan oportunamente pueden repetirse, prolongarse y escalar, dejando nuevas víctimas y afectaciones cada vez más graves.

Por ello, toda denuncia, señal de alerta o indicio de violencia sexual debe ser atendida de manera inmediata y coordinada por las autoridades.

SIPINNA exige una investigación sólida, sin negligencias ni dilaciones, y la aplicación de sanciones firmes y proporcionales a quien resulte responsable.

Ante la posible interrupción del embarazo, actualmente bajo valoración médica e institucional, SIPINNA Nacional sostiene que toda decisión debe considerar el interés superior de la niñez y la protección integral de la menor.

La determinación debe basarse en valoraciones médicas especializadas, información clara y acompañamiento psicológico y jurídico.

La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 obliga a las instituciones públicas de salud a prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo cuando este sea consecuencia de violación.

En niñas menores de 12 años, la solicitud debe realizarse por medio de madre, padre, tutor o representación legal.

La atención debe garantizar asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, protección inmediata, participación informada, continuidad educativa y la restitución integral de derechos en un entorno seguro.

Piden evitar la revictimización

SIPINNA Nacional expresa preocupación por la sobreexposición pública de la niña y llama a los medios de comunicación, comunicadores, plataformas digitales y usuarios de redes sociales a detener la difusión de información que permita identificarla o profundice su revictimización.

El organismo recuerda que los artículos 76, 77, 79 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obligan a proteger la identidad y datos personales de menores relacionados con delitos. La publicación de imágenes, nombre, domicilio, escuela, datos médicos o testimonios familiares está prohibida.

El artículo 279 Ter del Código Penal de Tamaulipas sanciona la divulgación de información que permita identificar públicamente a menores víctimas de violencia sexual.

La protección debe mantenerse incluso si se omite el nombre o se difumina la imagen, siempre que el conjunto de datos permita la identificación directa o indirecta.

SIPINNA concluye que el interés periodístico no justifica exponer la historia clínica, el entorno familiar ni los detalles de la violencia sufrida por la niña.

“Informar con perspectiva de derechos significa colocar en el centro su dignidad y protección, no convertir su dolor en contenido”, concluyó.

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