“El gobierno no puede ser juez y parte”: así va la consulta pública los lineamientos para Derechos de las Audiencias de la CRT

La consulta pública de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias acumula 1,404 comentarios de 1,324 participantes únicos, con una mayoría que rechaza la propuesta y una minoría activa que la defiende. La plataforma permanece abierta hasta el 21 de agosto.

De acuerdo con un análisis publicado el 4 de agosto por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor en su cuenta de X, el 71% de los primeros 1,127 comentarios recibidos se pronunció en contra de los lineamientos, el 25% los respaldó, el 2.5% apoyó la intención pero advirtió riesgos, y el 1.5% no reflejó una postura clara. Gómez Villaseñor precisó que todos los comentarios están vinculados a nombre, apellido y correo electrónico, aunque aclaró que no puede descartarse algún caso de suplantación de identidad.

¿Qué propone la CRT y por qué genera debate?

Los lineamientos, presentados el 28 de julio por la consejera jurídica del Ejecutivo Luisa María Alcalde junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, obligan a los concesionarios de radio y televisión a publicar un código de ética, designar un defensor de las audiencias, distinguir entre noticias y opiniones mediante cortinillas o plecas, garantizar el derecho de réplica y no difundir información falsa o descontextualizada. Las sanciones por incumplimiento pueden llegar hasta el 1% de los ingresos anuales del concesionario.

El artículo 2 del documento prohíbe expresamente cualquier forma de censura previa. Sheinbaum insistió en que las sanciones no se aplicarían por contenidos periodísticos, sino únicamente por no publicar el código de ética, no nombrar un defensor de audiencias o no habilitar mecanismos de queja, según reportó Zeta Tijuana.

Los lineamientos aplican a concesionarios de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como a programadoras. No alcanzan a medios digitales ni prensa escrita.

“Autocensura”, “juez y parte” y “ley mordaza”: los argumentos en contra

La preocupación más repetida entre quienes se oponen es que la CRT —dependiente del Ejecutivo— concentre la facultad de definir qué información es veraz. Eduardo Muñoz Zúñiga lo planteó en su comentario: “Cuando el regulador puede decidir si la distinción entre información y opinión fue suficiente, abrir procedimientos y eventualmente sancionar, aparece un efecto inhibidor: los medios empiezan a autocensurarse para evitar conflictos con el gobierno.”

Yves Ortiz Blanco señaló una asimetría que varios participantes repitieron: el mismo gobierno que exige información veraz a los medios reserva información pública por años bajo las leyes de transparencia y mantiene un espacio diario de comunicación oficial sin las mismas obligaciones que pretende imponer a los concesionarios.

Daniel Orozco Rocha argumentó que la medida contraviene estándares internacionales: “La vulneración de la libertad de expresión contraviene los estándares de la CIDH, los cuales prohíben controles previos o interferencias indirectas en la línea editorial de los medios.”

Otros cuestionaron el diseño mismo de la consulta. Edgar Velasco Flores escribió que la plataforma no ofrece un apartado para seleccionar explícitamente el desacuerdo: “Eso no es consultar, es manipular.”

“Ya basta de mentiras”: los argumentos a favor

Quienes respaldan los lineamientos también dejaron argumentos detallados. Bruno Verduzco Saldaña pidió leer el documento antes de opinar y defendió el esquema: “Se trata de crear los mecanismos que las audiencias requerimos para ejercer nuestros derechos. Si los concesionarios consideran que las sanciones son excesivas, que participen en la consulta y propongan ajustes, en lugar de descalificar los derechos del público.”

Armando Martínez Leal respaldó la propuesta pero pidió ampliarla: “Los derechos de las audiencias son fundamentales para modificar la relación entre los medios y las audiencias. La reglamentación debe incluir a la prensa escrita y medios digitales.”

César Manuel López Hernández escribió: “El hecho de que se diferencie una nota y una opinión hace que la gente tenga una amplitud de certeza de lo que escucha y observa. Si una televisora está transmitiendo la verdad, no tiene por qué preocuparse.”

La CIRT pide corregir ambigüedades; la JUFED advierte riesgo democrático

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que agrupa a 1,200 estaciones, reconoció que la intención de la CRT no es censurar, pero pidió corregir ambigüedades antes de la versión definitiva, de acuerdo con lypmultimedios.tv. La cámara objetó en particular la multa de hasta el 1% de los ingresos por cada supuesta falta informativa, cuando la legislación vigente solo contempla sanciones por no designar defensor de audiencias y por no emitir códigos de ética.

La Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores de Distrito (JUFED) advirtió que los controles estatales sobre líneas editoriales representan “un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho”, según Zeta Tijuana. Sheinbaum reconoció el 4 de agosto que la propuesta requiere aclaraciones, aunque descartó que su propósito sea censurar a los medios.

La versión definitiva de los lineamientos se emitirá después del cierre de la consulta, el 21 de agosto, sin fecha estipulada de entrada en vigor.