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Morena “le huye a la crítica” porque es un gobierno débil, asegura Alito Moreno

El PRI señaló al gobierno de buscar controlar la información con nuevas reglas del IFT para las audiencias en medios

La conmemoración de los 115 años del movimiento revolucionario fue utilizada por la oposición para criticar al gobierno y resaltar el descontento social
En una publicación en X, el dirigente nacional del PRI sostiene que las reglas sobre derechos de las audiencias abren la puerta a la censura contra periodistas y medios críticos mediante criterios que califica de ambiguos. Crédito: X @PRI_Nacional
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El senador Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias para controlar la información que circula en radio y televisión, en lugar de proteger a la ciudadanía como se ha planteado oficialmente.

A través de su cuenta en X, “Alito” Moreno compartió una columna de opinión publicada en eje central, en la que advirtió que detrás del discurso de defensa al público se esconde una intención de censura hacia periodistas y medios críticos del gobierno.

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Reglas “ambiguas” para actuar con discrecionalidad, acusa

Según el legislador priista, el problema central de los lineamientos radica en su ambigüedad, ya que —de acuerdo con su interpretación— permitirían a la autoridad decidir de forma discrecional qué contenidos califican como “verdaderos” o “descontextualizados”.

Moreno señaló que esta facultad recaería en la figura del defensor de las audiencias, a quien describió como un funcionario que, en los hechos, respondería a los intereses del gobierno en turno más que a la ciudadanía.

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  • El priista habló de una posible discrecionalidad en la aplicación de las reglas.
  • Cuestionó la definición de qué se considera información verdadera o falsa.
  • Puso en duda la independencia de la figura del defensor de las audiencias.
El esquema de sanciones de hasta el 1% de los ingresos reaviva temores sobre incentivos al autocontrol editorial, aunque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones afirma que no habrá castigos discrecionales ni interferencia gubernamental
El esquema de sanciones de hasta el 1% de los ingresos reaviva temores sobre incentivos al autocontrol editorial, aunque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones afirma que no habrá castigos discrecionales ni interferencia gubernamental

Multas de hasta 1% de los ingresos, en la mira

Otro de los puntos que el senador destacó fue el esquema de sanciones económicas contemplado en los lineamientos, que podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos de los medios de comunicación.

Para Moreno, este mecanismo no busca ordenar el ecosistema informativo, sino inhibir el trabajo periodístico de quienes investiguen o cuestionen al gobierno federal.

En su columna, el dirigente priista retomó además una postura de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), organismo que ha señalado que otorgar ese nivel de discrecionalidad a la autoridad podría resultar inconstitucional y representar un riesgo para la libertad de expresión.

Compara la medida con regímenes autoritarios

El presidente nacional del PRI extendió su crítica más allá del plano nacional al establecer comparaciones con casos internacionales. Mencionó los ejemplos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, países donde, según su narrativa, el control de contenidos comenzó bajo el argumento de la “responsabilidad social” antes de derivar en el cierre de espacios a la prensa independiente.

También citó el caso de Hungría, bajo el gobierno de Viktor Orbán, como ejemplo de un país donde los órganos reguladores habrían sido utilizados, de acuerdo con su lectura, para debilitar el periodismo crítico.

Asimismo, el senador aludió al atentado contra Charlie Hebdo en 2015 como parte del debate global en torno a la libertad de expresión, argumentando que ese principio no debe ceder ante intentos de imponer una “verdad única”.

La confrontación entre Alejandro Moreno y el gobierno de Claudia Sheinbaum abre un debate sobre reglas vagas, defensores de usuarios y el margen de la autoridad para calificar contenidos, mientras la consulta pública sigue en curso
La confrontación entre Alejandro Moreno y el gobierno de Claudia Sheinbaum abre un debate sobre reglas vagas, defensores de usuarios y el margen de la autoridad para calificar contenidos, mientras la consulta pública sigue en curso

PRI se compromete a “no permitir” la medida

En su publicación en X, Moreno afirmó que su partido “no va a permitir” que Morena “destruya los cimientos de nuestra democracia” ni que se silencie a medios y ciudadanos mediante lo que calificó como chantajes, sanciones económicas y persecución política.

El mensaje fue acompañado de un cartel con una frase más amplia, en la que el legislador sostuvo que el gobierno de Morena “le huye a la crítica” porque, según su percepción, se trata de un gobierno débil, cuyo discurso y proyecto se estarían derrumbando.

Moreno cerró su postura señalando que, “gracias a los gobiernos del PRI”, México es hoy un país de leyes, derechos y libertades, y afirmó que su partido no se doblegará ante lo que denominó una “mordaza oficial”.

La postura de Sheinbaum y la CRT: “no hay censura, ni la habrá”

Frente a las acusaciones de la oposición, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —el organismo que sustituyó al extinto IFT— han rechazado categóricamente que los lineamientos busquen censurar a los medios. En su conferencia matutina, la mandataria calificó las acusaciones como “absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura”, y explicó que el defensor de las audiencias será, más que un filtro, “un lugar donde te puedes quejar”, designado por las propias empresas concesionarias.

En la misma línea, la presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, sostuvo en entrevista radiofónica que “no hay censura, eso es categórico; la libertad de expresión se respeta y se armoniza con el derecho de las personas que está previsto en nuestra Constitución”. Solano subrayó que los códigos de ética y criterios editoriales seguirán siendo definidos por los propios medios de comunicación, y que la defensoría de audiencias únicamente fungirá como intermediario ante inconformidades del público.

El gobierno ha insistido, además, en que los lineamientos aún no entran en vigor: se someten a consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, periodo en el que concesionarios, académicos y organizaciones civiles pueden presentar observaciones antes de que se publique la versión definitiva.

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