Alianza de Medios Mx alerta por riesgos en nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias

La Alianza de Medios Mx manifestó su preocupación por los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al considerar que algunos de sus alcances podrían generar afectaciones a la libertad de expresión y exceder las facultades que la ley otorga al organismo regulador.

La organización, que agrupa a más de 100 empresas y líderes periodísticos del país, llamó a que la consulta pública convocada por la CRT se desarrolle mediante un debate abierto, transparente, plural y sustentado, y no únicamente a través del envío de observaciones por correo electrónico.

También solicitó establecer mecanismos que fortalezcan la vigilancia y la autonomía de las resoluciones que emita la Comisión.

Derechos de las audiencias y libertad de expresión deben avanzar de forma equilibrada

El presidente pro tempore de la Alianza de Medios Mx, Carlos Arrendondo Sibaja, afirmó que los derechos de las audiencias tienen la misma relevancia constitucional que la libertad de expresión, por lo que ambos deben coexistir sin que uno limite al otro.

Señaló que, desde la incorporación de estos derechos a la Constitución en 2013, México no ha logrado consolidar un equilibrio entre la protección de las audiencias y el ejercicio de la libertad de expresión en los medios concesionados.

Asimismo, pidió que el análisis de los nuevos lineamientos también incluya la función de los medios públicos y permita alcanzar consensos que fortalezcan las libertades y la democracia.

¿Qué plantean los nuevos lineamientos de la CRT?

El anteproyecto, presentado por el Gobierno federal como parte de la consulta pública, contempla nuevas obligaciones para concesionarios de radio y televisión.

Entre los principales puntos destacan:

• Publicar un Código de Ética con criterios editoriales.
• Designar un Defensor de las Audiencias.
• Diferenciar claramente información, opinión y publicidad.
• Garantizar mecanismos para atender quejas y el derecho de réplica.
• Establecer medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
• Prever sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y permitirá recibir observaciones de ciudadanos, especialistas, concesionarios y organizaciones civiles.

Críticas por posibles excesos en las facultades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

La Alianza de Medios Mx coincidió con especialistas que han advertido que algunos apartados del proyecto podrían rebasar el marco jurídico vigente.

Entre las observaciones expuestas se encuentra que la CRT asumiría atribuciones que, según sus críticos, no están previstas en la ley, como intervenir en procedimientos relacionados con réplicas ciudadanas, imponer sanciones en determinados casos o interpretar cuándo un contenido corresponde a información u opinión.

La organización también respaldó la postura de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la cual ha señalado que algunos apartados del documento podrían generar discrecionalidad en la aplicación de la norma.

El debate sobre la regulación de medios continúa abierto

Otro de los puntos señalados por la Alianza es que la elaboración de los Códigos de Ética y la designación del Defensor de las Audiencias deben permanecer como atribuciones exclusivas de los propios medios de comunicación.

A su juicio, la intervención del Estado en estas figuras podría propiciar injerencias indebidas y abrir la posibilidad de actos de censura previa.

El debate sobre los nuevos lineamientos ocurre mientras continúan las discusiones sobre el alcance de la regulación en radio y televisión.

Mientras el Gobierno federal sostiene que las medidas buscan fortalecer los derechos de las audiencias y privilegiar la autorregulación, diversos organismos, especialistas y representantes de la industria consideran necesario revisar el proyecto para garantizar que la protección de esos derechos no implique restricciones al ejercicio de la libertad de expresión.