Artículo 19 y organizaciones civiles alertan riesgos para la libertad de expresión por la llamada “Ley Censura”

La organización Artículo 19 expresó su preocupación por los lineamientos derivados de la nueva legislación en materia de telecomunicaciones, al considerar que podrían abrir la puerta a la regulación de contenidos en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, lo que, advirtió, pondría en riesgo la independencia editorial y la libertad de expresión en México.

El pronunciamiento se suma a las críticas que diversas organizaciones han realizado contra la reforma, conocida por sus detractores como la “Ley Censura”, mientras que el Gobierno federal sostiene que las nuevas disposiciones buscan proteger los derechos de las audiencias y garantizar el acceso de la ciudadanía a información plural y de calidad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Artículo 19 señaló que los derechos de las audiencias son fundamentales y requieren mecanismos eficaces para presentar quejas, acceder a información diversa, exigir transparencia y solicitar correcciones cuando sea necesario.

No obstante, la organización afirmó que el problema surge cuando la regulación deja de proteger esos derechos y comienza a influir en la manera en que los medios toman decisiones sobre los contenidos que publican.

Cuestionan autonomía del órgano regulador

En su posicionamiento, Artículo 19 sostuvo que una de las principales preocupaciones radica en la falta de garantías sobre la independencia de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), instancia encargada de aplicar los nuevos lineamientos.

“La situación se agrava porque no existe una expectativa razonable de autonomía e independencia de la CRT en sus decisiones y observancia de aplicación de los lineamientos frente al Poder Ejecutivo”, señaló la organización.

Asimismo, consideró que los lineamientos propuestos exceden lo establecido en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que incorporan procesos, mecanismos administrativos y posibles sanciones que, según afirmó, no fueron contemplados por el Congreso de la Unión al aprobar la legislación.

Ante ello, Artículo 19 anunció que participará en la consulta pública abierta sobre los lineamientos para presentar observaciones jurídicas y de derechos humanos que, a su juicio, permitan fortalecer las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y el derecho a la información.

Sociedad Civil de México llama a defender la libertad de expresión

Al debate también se sumó la organización Sociedad Civil de México, la cual difundió una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que manifestó su preocupación por la regulación de contenidos bajo el argumento de proteger los derechos de las audiencias.

En el documento, el colectivo afirmó que el tema trasciende una confrontación entre el Gobierno y los medios de comunicación.

“Lo que está en juego no es una disputa entre el gobierno y los medios, sino el derecho de cada mexicano a hablar, investigar, cuestionar y decidir en qué creer”, señaló.

La organización agregó que permitir que una autoridad revise criterios editoriales o determine modificaciones en los contenidos representa un riesgo para las libertades democráticas.

“Si una autoridad puede revisar criterios editoriales, ordenar cambios o imponer sanciones por lo que se publica, deja de ser garante de la libertad y se convierte en árbitro de la verdad”, sostuvo.

Asimismo, convocó a la ciudadanía a respaldar su posicionamiento mediante la difusión de la carta.

“A nuestra comunidad: léanla, firmen abajo y compártanla. Si este mensaje llega a millones de mexicanos, será mucho más difícil ignorarlo. Porque un México libre jamás será un México silencioso”, expresó el organismo.

Las críticas surgieron el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los lineamientos en materia de telecomunicaciones tengan como objetivo censurar a los medios de comunicación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que las nuevas reglas buscan garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información y proteger los derechos de las audiencias, por lo que negó que exista una intención de limitar la libertad de expresión o intervenir en el trabajo periodístico.

Mientras continúa la consulta pública sobre los lineamientos, el debate permanece abierto entre organizaciones civiles, especialistas, representantes de medios de comunicación y autoridades federales, quienes mantienen posturas encontradas sobre el alcance que tendrá la nueva regulación en el ecosistema informativo del país.