El juez federal Brian Cogan condenó este lunes 20 de julio a Ismael “El Mayo” Zambada a cadena perpetua y ordenó la confiscación de 15 mil millones de dólares, la cifra más alta reclamada jamás a un capo mexicano.
Detrás de ese número hay décadas de un imperio que no se construyó solo con drogas: lecheras, ranchos, guarderías, parques acuáticos, constructoras y boutiques de joyería fueron las piezas visibles de una maquinaria financiera que operó durante años a plena luz del día en Sinaloa, California y otras partes del mundo.
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Para dimensionar el monto: según el listado 2026 de Forbes México, 15 mil millones de dólares ubicarían a Zambada como la cuarta fortuna más grande del país, por debajo de Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco y Alejandro Baillères Gual, pero por encima de María Asunción Aramburuzabala.
En el ranking global de Forbes, esa cifra lo coloca a la altura de James Dyson y Shahid Khan. El Chapo, su exsocio, figuró en la lista de multimillonarios de Forbes durante cuatro años consecutivos, de 2009 a 2012, con una fortuna estimada en 1,000 millones de dólares en su mejor posición. La revista lo retiró en 2013 por falta de certeza sobre la procedencia de su riqueza.
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La cifra supera en 2,400 millones de dólares lo que se le ordenó pagar a su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019. El escrito de sentencia del fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., explica que la diferencia refleja el período adicional en que Zambada dirigió el cártel en solitario tras la captura de Guzmán en 2016.
¿Cómo deberá pagar El Mayo Zambada?
La orden de decomiso, firmada por el juez Cogan, establece condiciones precisas para el pago. Los fondos únicamente podrán entregarse mediante giro postal o cheque bancario certificado a nombre del US Marshals Service, con los números de expediente anotados en el instrumento, y deberán enviarse por servicio de entrega nocturna a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, en 271-A Cadman Plaza East, Brooklyn.
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La declaración de culpabilidad abarcó dos cargos: haber dirigido una organización criminal continua ante el Distrito Este de Nueva York y haber participado en actividades de crimen organizado en el Distrito Oeste de Texas. Cada cargo generó una orden de decomiso independiente de 15 mil millones de dólares, aunque ambas son concurrentes y el monto no se duplica. La orden subsistirá incluso en caso de quiebra del acusado o de sus herederos, administradores y causahabientes.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, Zambada renunció de forma voluntaria a todas sus defensas constitucionales sobre el decomiso: el derecho a alegar que ya fue juzgado por los mismos hechos, que la ley se aplica de forma retroactiva, que los cargos prescribieron o que la multa es excesiva. Quedó obligado a firmar todos los documentos necesarios para transferir la titularidad de sus bienes al gobierno federal y tiene prohibido asistir a terceros que intenten impugnar el decomiso.
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Los 15 mil millones no están en ninguna cuenta bancaria
Los 15 mil millones de dólares que reclama la corte no corresponden a un saldo identificado ni a bienes ya confiscados. Son una estimación judicial construida a partir del volumen de drogas traficadas, el valor de mercado de esas sustancias, los bienes identificados y el flujo de dinero lavado durante décadas de investigación.
Especialistas en justicia financiera advierten que en la mayoría de los casos el gobierno estadounidense no logra recuperar más que una fracción de estos montos. No existe fecha límite para cubrir la totalidad del decomiso y, en la práctica, funciona como una sanción que respalda acciones de confiscación de activos en todo el mundo.
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El propio Zambada reconoció durante su declaración de culpabilidad en agosto de 2025 haber traficado al menos 1,500,000 kilogramos de cocaína y haber mantenido durante décadas una estructura de corrupción que incluyó sobornos a autoridades policiacas, militares y políticas en México.
Aviones nocturnos y túneles: la escala industrial del tráfico
Antes de que existiera el imperio empresarial visible, existía la logística. En su época de mayor expansión, el cártel llegó a recibir de noche hasta 15 o 20 aviones cargados cada uno con entre 1,000 y 1,500 kilogramos de cocaína procedentes de Colombia, según el escrito de sentencia de la fiscalía. Las alianzas se construyeron primero con el Cártel de Medellín y posteriormente con otros cárteles colombianos.
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El Cártel de Sinaloa fue pionero en el uso de trenes y túneles transfronterizos entre México y Estados Unidos para expandir el volumen y los tipos de droga distribuida, según el mismo documento.
Esa infraestructura logística fue la que generó el flujo de dinero que décadas después requirió de lecheras, ranchos, guarderías y parques acuáticos para ser lavado.
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La lechería que financió un banco estadounidense sin saberlo
El núcleo visible del imperio financiero de Zambada fue Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V., constituida el 2 de febrero de 1988 con siete socios, la mayoría residentes en la colonia Las Quintas de Culiacán y varios con títulos universitarios: médicos, empresarios y prestanombres de confianza.
Su esposa Rosario Niebla Cardoza protocolizó el acta constitutiva y llegó a ser presidenta del consejo de administración y mayor accionista.
En menos de un mes tras su constitución, el capital social pasó de 100 millones a 1,200 millones de viejos pesos. La empresa se dedicó a industrializar y pasteurizar leche, y su marca comercial, Leche Santa Mónica, se convirtió en uno de los productos más reconocidos de Sinaloa durante los años 90 y los primeros 2000. El nombre fue elegido en honor a una de sus hijas, Mónica del Rosario Zambada Niebla.
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Lo que ningún consumidor sinaloense sabía es que parte del financiamiento inicial de la planta pasteurizadora provino del Export-Import Bank of the United States, una agencia de créditos del gobierno estadounidense.
“Con ironía, el Mayo contó a Gaxiola que fue un banco del gobierno de Estados Unidos, sin saberlo, el que financió la instalación de su fábrica de leche pasteurizada Santa Mónica”, narra la periodista Anabel Hernández en su libro El traidor.
La empresa integró la Comisión Estatal de la Leche de Sinaloa, participando en la negociación de precios y políticas públicas junto a gigantes de la industria. Entre 2011 y 2019 recibió 104 permisos estatales para transportar más de 12 millones de litros de leche cruda de Guadalajara a Culiacán. Su hijo Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, ocupó el cargo de gerente de finanzas y contaba con credencial de empleado registrada en la empresa.
En 2007, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Nueva Industria de Ganaderos en su lista negra como parte de las entidades utilizadas por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero. El edificio principal de la fábrica, ubicado en la colonia El Alto Bachigualato en Culiacán, fue demolido en 2021.
Seis mujeres como escudo: el blindaje familiar del imperio
La estrategia financiera de Zambada descansó en un grupo de seis mujeres de su círculo más cercano. En mayo de 2007, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó formalmente a su exesposa Rosario Niebla Cardoza, sus hijas Midiam Patricia, María Teresa, Modesta y Mónica del Rosario Zambada Niebla, y su nuera Zynthia Borboa Zazueta como parte de la red financiera del cártel.
El comunicado oficial de la OFAC afirmó que la designación “exponía aún más la red de empresas fachada y socios financieros” que Zambada utilizaba para ocultar y lavar dinero del narcotráfico. Ninguna de las empresas vinculadas fue bloqueada por el gobierno mexicano. Todas continuaron operando con normalidad.
Esa brecha entre las sanciones estadounidenses y la inacción mexicana quedó en evidencia en marzo de 2026, cuando Mónica del Rosario Zambada Niebla fue detenida y liberada durante un operativo en la sindicatura de El Salado, Culiacán, que dejó 11 presuntos integrantes de la facción de Los Mayos abatidos. Las autoridades mexicanas confirmaron que no existían cargos ni órdenes de aprehensión en su contra en México, pese a que la OFAC la vincula con la red financiera del cártel desde 2007.
Del rancho con pista de aterrizaje al parque acuático
Establo Puerto Rico, ubicado en El Salado, Culiacán, fue uno de los activos más reveladores del imperio. El rancho abarcaba más de 760 hectáreas, contaba con ganado, criaderos de pollo y una pista de aterrizaje privada con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según documenta Hernández en Los señores del narco.
La propiedad fue objeto de una orden de aseguramiento en 2000, pero fue devuelta a la familia Zambada con el cambio de sexenio. En 2024, el rancho recuperó algunas de sus cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
El Parque Acuático Los Cascabeles, ubicado en la carretera que va del ejido Los Becos a la sindicatura de Costa Rica al sur de Culiacán, fue señalado por el Departamento del Tesoro en 2013 por su presunta función en el blanqueo de capitales. A pesar de las sanciones, el parque siguió operando y publicando en redes sociales al menos hasta el inicio de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza.
La Estancia Infantil Niño Feliz, guardería fundada en 2001 cuyos socios incluían al propio Zambada, a Rosario Niebla Cardoza y a su hija María Teresa Zambada Niebla, operó con contratos de subrogación del IMSS. Entre el 18 de diciembre de 2018 y el 21 de junio de 2021, durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió 22.48 millones de pesos del Instituto Mexicano del Seguro Social, según un informe de enero de 2022.
El Colegio Azteca de Culiacán, en Río Quelite, vinculado a Leticia Ortiz Hernández, madre de Serafín Zambada, ofertó educación básica privada para más de 200 niños. La gasolinera Rosario Niebla Cardoza A. en P., a nombre de su exesposa, sigue activa en la lista de empresas bloqueadas por la OFAC. El Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites recibió fondos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en 2005 y 2006.
Jamaro Constructores S.A. de C.V. se especializó en obras civiles y desarrollos inmobiliarios. Multiservicios Jeviz operó como empresa de servicios para camuflar transacciones. Arte y Diseño de Culiacán, Autotransportes JYM, Frizaza, Rancho Ganadero Las Ánimas, Zarka de Occidente y el Centro Comercial y Habitacional Lomas, conocido como Plaza Lomas, en el Boulevard Emiliano Zapata de Culiacán, completaron el mapa de empresas sancionadas por la OFAC.
En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de cinco personas vinculadas a la plaza, incluyendo hermanas y parejas de Zambada.
Boutiques de joyería y frutas en California: el imperio más allá de Sinaloa
El entramado financiero de Zambada se extendió fuera de Sinaloa a través de operadores cercanos. Blanca Margarita Cázares Salazar, conocida como “La Emperatriz del Narco”, operó una cadena de aproximadamente 20 boutiques de joyería y cosméticos bajo la marca CHIKA’S, con presencia en ocho estados: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Aguascalientes, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.
En diciembre de 2007, el Departamento del Tesoro la incluyó en su lista negra junto a 19 empresas y 22 personas por lavar dinero para Zambada y su hermano Víctor Emilio Cázares Salazar.
En California, dos sobrinos del Mayo, Vicente Zambada Zazueta y Modesta Zambada Zazueta, se establecieron en Los Ángeles. Vicente fundó en 2009 Fresh Packing Corp, dedicada a la importación y exportación de frutas y verduras de Sinaloa y Michoacán, con bodegas en Vernon, California. Su marca comercial, “Don Vicente”, se identifica con la imagen de un hombre de bigote y sombrero en unos cultivos. Según Hernández en El traidor, la empresa fue proveedora de una conocida marca de supermercados al menos en 2013.
El ranking de las mayores multas a capos mexicanos
Los 15 mil millones de dólares reclamados a Zambada encabezan una lista de sanciones económicas que las cortes estadounidenses han impuesto a líderes del narcotráfico mexicano. Joaquín “El Chapo” Guzmán ocupa el segundo lugar con una orden de decomiso de 12,600 millones de dólares dictada en julio de 2019.
Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del CJNG, fue condenado en marzo de 2025 con un decomiso superior a los 6,000 millones de dólares.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, fue sentenciado en octubre de 2024 a 38 años de prisión con una multa de 2 millones de dólares.
Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, hijos de El Chapo, acordaron cada uno el pago de 80 millones de dólares como parte de sus acuerdos de culpabilidad ante cortes federales de Chicago y Nueva York, respectivamente, aunque aún no han sido sentenciados.
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